Fue el 23 de marzo cuando el presidente Sebastián Piñera visitó la Araucanía y dio a conocer una serie de modificaciones que pretende introducir a la Ley Antiterrorista. La incorporación de “agentes encubiertos”, “agentes reveladores” e “interceptaciones de comunicaciones” constituyen una parte de las propuestas anunciadas por el mandatario en territorio mapuche.
Diego Ancalao, presidente de la Fundación Instituto de Desarrollo y Liderazgo Indígena, no cree que las medidas del Gobierno sean novedosas. Lo que sí le inquieta, según expresa en conversación con El Ciudadano, son las eventuales sanciones a la “apología de acciones terroristas”, otra de las indicaciones incluidas dentro del ladrillo de parches a la cuestionada normativa.
– Este mes se condenó por delito terrorista a Juan Flores Riquelme, culpable de poner una bomba en el Subcentro de la estación Escuela Militar en septiembre de 2014. Sin embargo, el presidente Piñera acude a la Araucanía para presentar una serie de modificaciones a la Ley Antiterrorista. ¿Cómo interpretas esa acción?
Da la impresión que esto tiene una simbología detrás, porque debería haberlo lanzado en Santiago. En relación a las modificaciones que propone Piñera, hay un punto al cual nadie ha prestado importancia, que dice que se va incorporar la apología al terrorismo, algo absolutamente grave, porque quiere decir que a una persona, que no viva en la Araucanía, pero que hable en favor de ciertos grupos, se podría considerar como alguien que transgrede ese artículo y podría pasar a procesos judiciales injustos. Me parece de una gravedad absoluta, porque pone en cuestión el libre derecho que todos tenemos a manifestarnos.
– ¿Crees que la iniciativa de sancionar la apología al terrorismo pueda abrir la puerta para hacer lo mismo con los defensores de la dictadura y de las violaciones a los derechos humanos?
Claro, pero a los personeros de la derecha que manifiestan esta apología nunca les pasa nada, porque son parte del poder. En cambio, las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, particularmente el Mapuche, no pertenecen a ningún grupo de poder dentro del Estado, de tal manera que se ha demostrado constantemente que la definición del delito tiene una particularidad especial con relación al pueblo Mapuche.
Pareciera que el sistema de justicia beneficia a culpables, pero que tienen plata y poder, en perjuicio de los inocentes que no tienen plata ni poder.
– El ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció además la creación de un grupo especializado antiterrorista en Carabineros. Si con la actual intervención policial en el Wallmapu se cometen vejaciones por parte de la policía, ¿qué se puede esperar de esta iniciativa?
A vista de los hechos, pareciera que éste es un intento de legalizar lo que ya existe en los hechos, porque en la Araucanía existe un servicio de inteligencia que reúne a los especialistas de las distintas ramas de las fuerzas policiales, con el objetivo de ver delitos relacionados con el pueblo Mapuche. Entonces, Chadwick no propone nada nuevo. Nada acredita que esto vaya a resultar.
Por otra parte, la modificación que ellos plantean a la definición de terrorismo requiere de un debate mucho más amplio sobre qué se entiende en Chile como terrorismo. En relación a la propia definición, no hay acuerdo ni siquiera a nivel internacional, entonces, llama la atención cuál va a ser la definición de terrorismo que quiere establecer este nuevo procedimiento que está haciendo el Presidente.
Lo otro que me llama la atención es el «terrorismo cibernético», porque pareciera ser que Carabineros son los únicos que han cometido este delito hasta el minuto, por todo esto de la «Operación Huracán», donde la misma Fiscalía ha dicho que las pruebas son adulteradas.
– ¿Cómo le explicarías a la población chilena que en las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos no existe terrorismo?
El Gobierno de Chile ya ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, por aplicar una Ley Antiterrorista a personas que no son terroristas. La única vez que se han condenado mapuche por esta ley es el caso de Víctor Ancalaf, Rafael Pichun y Aniceto Norín, y la Corte Interamericana sancionó al Estado de Chile por aplicar esta normativa, haber procesado y haber tenido en la cárcel a personas que son inocentes, porque todas estas acusaciones violan el debido proceso.
No solo eso. Ben Emmerson, observador de los derechos humanos de las Naciones Unidas a cargo del terrorismo y contra-terrorismo, emitió un informe en el gobierno anterior de Piñera, que fue recibido por Chadwick [NdR: En ese entonces, también ministro del Interior], que decía que no existe terrorismo y que no correspondía vincular a personas mapuche con hechos censurables, porque la situación entre dueños de fundo y mapuches es una disputa entre privados, por lo tanto, no calificaba la Ley Antiterrorista, porque según la teoría del derecho penal del enemigo, este tipo de leyes son para proteger al Estado y es bueno que la ciudadanía sepa que los únicos que han violado el Estado de Derecho son los Carabineros, porque ha mantenido a personas privadas de libertad con pruebas falsas.
Una de las condiciones sine qua non para que el Estado ejerza poder, es que la ley sea pareja para todos y aquí, claramente, no se cumple, porque los carabineros que participan en estos hechos de montaje, lo peor que les pasa es que son dados de baja, pero ninguno es procesado como lo hicieron con las personas mapuche con pruebas falsas.
– ¿Qué responsabilidad le asignas a los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría en el tratamiento de la situación indígena y en la configuración del panorama actual?
El problema indígena es un problema de Estado y todos los que han administrado el Estado, hasta el minuto, no han sido capaces de resolver nada. Si bien la ex presidenta Bachelet hizo algunos avances, quedaron muchas cosas pendientes, como el Estado Plurinacional y las promesas de no aplicar la Ley Antiterrorista, que estaban dentro del Programa Presidencial.
Yo creo que hay una deuda pendiente de parte del progresismo en Chile, particularmente, en relación a las leyes que perjudican al pueblo Mapuche.
– ¿Qué mensaje le darías a las comunidades mapuche con reivindicaciones territoriales frente a los anuncios de Piñera?
Como no contamos con poder político para cambiar las cosas, el único camino que tenemos es organizarse y entrar a dialogar de igual a igual con el Estado. También hay que entrar a opinar con relación a nuestro propio pueblo qué es lo que consideramos como terrorismo, qué debería tener la Ley Antiterrorista, qué necesitamos, cuál es el camino para llegar a puerto y cuáles son nuestras propuestas.
Si el Estado no cumple, hay que tomar las medidas necesarias para avanzar, porque llevamos 136 años con promesas incumplidas y con una situación mapuche de negación de derechos colectivos única en América Latina.
Lo que debe comprender Chile es que, a nivel internacional, es conocido por el pueblo Mapuche, al igual que en Nueva Zelanda con los maorís, y todo el mundo sabe que hay una deuda pendiente. Lo que nosotros necesitamos, es que esa deuda se salde, sea el gobierno que sea.
– Hace unos días, el diputado Jorge Rathgeb (RN) criticó al gobierno por la ausencia de personas de origen indígena en los nombramientos relacionados con la materia. ¿Qué te parecen los representantes gubernamentales que se vincularán con los pueblos preexistentes?
Hay personas que pertenecen a los pueblos originarios, que están preparadas profesional y políticamente para asumir cargos, y llama la atención que esas personas no sean consideradas para la función política en este Gobierno.
La crítica que realiza una persona del propio partido del Presidente tiene bastante asidero y no hay que ser muy intelectual para darse cuenta que el pueblo Mapuche tiene al 84% de la población indígena en Chile y que la cantidad de nombramientos no equivale a ese porcentaje de ciudadanos pertenecientes a los pueblos originarios.
El 10% de la población en Chile es indígena y llama la atención que no se considere ese 10% para los nombramientos, pero pareciera que sí lo es para pedirle el voto. Llamados a votar, pero no a gobernar; somos llamados a participar, pero no a decidir.
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