Este martes 26 de noviembre, Human Rights Watch entregó un contundente informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos cometidas en Chile desde el inicio de la movilización social. La diputada Carmen Hertz adelantó que los antecedentes expuestos por el informe donde se evidencian violaciones a los derechos fundamentales, sucesivos y/o simultáneos y cometidos por agentes del Estado, “configuran crímenes contra la humanidad”.
El informe elaborado por HRW y entregado por su director, José Miguel Vivanco, al Presidente Sebastián Piñera la mañana de este martes 26 de noviembre, establece “graves violaciones a los DD.HH.”, que incluyen “uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, transeúntes y graves abusos en las detenciones”.
“Hay centenares de preocupantes denuncias sobre uso excesivo de la fuerza en las calles y abusos contra detenidos tales como golpizas brutales y abusos sexuales, que no pueden quedar impunes y deben ser pronta y rigurosamente investigadas y sancionadas”, expresó Vivanco.
En ese marco, la diputada Carmen Hertz, sostuvo que los antecedentes aportados por el organismo dan cuenta de “violaciones a los derechos fundamentales, sucesivos y/o simultáneos, como ha ocurrido en nuestro país, cometidos por agentes del Estado”.
Para la diputada, estos elementos configuran crímenes contra la humanidad y respecto a ese gravísimo crimen internacional, “la responsabilidad política es sin duda de la más alta autoridad civil y por eso hemos interpuesto la Acusación Constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera”.
La legisladora hizo especial énfasis en la distinción entre violaciones generalizadas y sistemáticas, pues a su entender “esa es la semántica tras la cual el Gobierno quiere esconderse para no asumir su responsabilidad. La generalización es uno de los elementos que configura los crímenes contra la humanidad no solo de acuerdo al Estatuto de Roma, sino que de acuerdo a nuestra propia legislación”.
Hertz concluyó que los informes de organizaciones de derechos humanos evidencian la responsabilidad política de Piñera. “Una responsabilidad política que algunos aquí en el parlamento pretenden eludir, no usar esta herramienta y señalan que esta herramienta (Acusación Constitucional) fuera prácticamente un golpe de estado. Quiero denunciar esta campaña del terror que se ha hecho contra la Acusación Constitucional y el que algunos parlamentarios quieran inhibirse por conveniencias electorales o políticas de ejercer lo que deben hacer. No es posible la impunidad en este país, la impunidad política, social, moral de las elites, que es parte de lo que ha significado el estallido social”, concluyó Hertz.
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