La Bancada del Partido Comunista, Frente Regionalista Verde Social, Acción Humanista e Independientes de la Cámara de Diputados y Diputadas, se refirió esta mañana a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la revuelta social del 2019, a propósito de que hoy 18 de octubre se conmemoran tres años de una serie de manifestaciones multitudinarias en todo Chile y que obtuvo como reacción policial una fuerte represión.
La diputada del distrito 13, Lorena Pizarro, señaló que la respuesta del entonces presidente Sebastián Piñera ante un pueblo «que se levantó para exigir dignidad para vivir«, fue violar los derechos humanos de manera sistemática.
En esa línea, la diputada por la región de Coquimbo, Nathalie Castillo, se refirió al caso de Romario Veloz, joven ecuatoriano que perdió la vida tras un recibir un disparo el 20 de octubre del 2019, a las afueras del Mall Plaza de La Serena.
De acuerdo a la investigación llevada adelante por el Ministerio Público, el capitán del Ejército, José Faúndez, se encuentra en calidad de imputado por haber emitido la orden de disparar, causando la muerte del Veloz y provocando lesiones graves a otras dos personas.
“Vemos con mucha preocupación el débil avance en materia de justicia y reparación en los casos. Lamentablemente nuestra institucionalidad no está para llevar causas de derechos humanos dándole prioridad y tranquilidad a quienes se atreven a acusar este tipo de delitos”, expresó la congresista.
En la preparación del juicio oral, la defensa de Faúndez presentó varios peritos para defender su tesis del caso, siendo uno excluido por orden de la Fiscalía y querellantes. Esta decisión significó que el Tribunal Constitucional fijara una audiencia para hoy 18 de octubre. Resuelta la determinación, las audiencias quedaron fijadas para el 4 de noviembre.
“Hay un caso emblemático en nuestra región y en todo el país. Se trata de Romario Veloz. Hace poco conversé con su madre, quien ha sufrido la vulneración de sus derechos, no solo por ser mujer migrante, sino porque hoy lamentablemente, quien fue autor de su asesinato, el capitán José Faúndez, sigue utilizando la justicia para evitar la sentencia, algo que lamentamos. Eso no puede ocurrir”, cerró.
El abogado que lleva adelante el caso de Romario a través de la Corporación 16 de octubre, Álvaro Aburto, señaló que la dilación en la resolución de estos casos de violencia estatal en el marco de la revuela social se muestra con fuerza en el caso de Romario y de las otras dos víctimas sobrevivientes.
“Esto es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, donde hay muy poca sentencia. Donde se avizoran pocas sentencias condenatorias y va a generar que el Estado de Chile va a estar nuevamente en deuda en materia de derechos humanos, donde la tan sentida y anhelada obligación de no reiteración se ve muy lejana”, subrayó.
“Si no hay sanciones efectivas y proporcionales hay poco estímulo para que los agentes estatales no vuelvan a cometer estas atrocidades”, cerró Aburto.
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