En un polémico fallo, la Corte Suprema otorgó libertad condicional a cinco condenados por delitos de lesa humanidad: Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga fueron favorecidos por la resolución del máximo tribunal.
Frente a esta situación, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la cámara de Diputados, Carmen Hertz, señaló que en conjunto con organizaciones de DDHH podrían recurrir a instancias internacionales, puesto que a su juicio, la decisión de la Suprema “es absolutamente improcedente, incoherente y contraria a derecho”, según comentó en radio Cooperativa.
«Esta resolución que es preocupante, es grave, está violando todos los principios y las jurisprudencias de los tribunales penales internacionales sobre beneficios carcelarios a genocidas o criminales de lesa humanidad», sostuvo la parlamentaria comunista.
«Podríamos recurrir a instancias internacionales, porque aquí se está vulnerando normas que son obligatorias”, añadió la diputada, quien remarcó que «esto no es un invento del mundo de los derechos humanos. No, estas normas son obligatorias, son vinculantes y no tienen nada que ver con el hecho de que el Estado haya suscrito en el tiempo A o en el tiempo B un determinado tratado de DD.HH., porque son normas que son obligatorias”.