Diputados PS y oficialismo llevan al TC suspensión de la «Ley Lafkenche» en Presupuesto 2025

Con la firma de más de 40 diputados del Partido Socialista (PS) y el oficialismo fue presentado un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para declarar inconstitucional una indicación realizada a la ley del Presupuesto 2025 que suspende la Ley Lafkenche (número 20.249) por un año.

La normativa aprobada en 2008 tras un arduo proceso de lucha y diálogo, resguarda los derechos consuetudinarios de los pueblos originarios en el borde costero chileno.

A través de la Ley Lafkenche fue posible crear el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO), permitiéndole a las comunidades indígenas administrar territorios marítimos donde tienen derechos consuetudinarios, asegurando la continuidad de sus tradiciones y el uso sostenible de los recursos naturales.

Presiones de las élites empresariales

La diputada mapuche, Emilia Nuyado, quies es la representante designada por los parlamentarios oara liderar el proceso, indicó que es “inaceptable que la oposición haya ingresado y aprobado mañosamente una indicación que antepone una ley transitoria como es la ley Presupuesto 2025, por sobre una ley permanente”.

“Claramente aquí hay presiones de los sectores empresariales, de la industria salmonera y pesquera que pretenden burlar la ley Lafkenche y eso no lo vamos a permitir. Aquí la oposición demuestra que no tienen ningún respeto por los derechos de los Pueblos Originarios y que tampoco le interesa establecer un diálogo para lograr la paz”, afirmó.

Sobre este mismo punto, la legisladora mapuche advirtió que “se está dando una pésima señal a los pueblos originarios aumentando la desconfianza que existe con las instituciones políticas”.

“Hoy es cuando se requieren dar señales de respeto y verdadera integración”, agregó.

Nuyado señaló que la suspénsión de la Ley Lafkenche “puede sentar un peligroso precedente para usar la discusión de Presupuesto para dejar sin efecto otras leyes importantes y que tienen carácter permanente”.

Suspensión de la Ley Lafkenche

En el requerimiento de inconstitucionalidad, los diputados plantearon que la indicación parlamentaria número 00-53 que introdujo el artículo 48, «desnaturaliza el contenido de la ley de presupuestos y contraviene formalmente la Constitución Política».

En concreto, señalaron que dicho artículo resulta contrario a la Constitución, pues tal como se desprende de la propia Carta Fundamental, infringe las reglas especiales en materia presupuestaria (artículo 67 inciso segundo, así como las reglas sobre ideas matrices (artículo 69 inciso primero) y sobre iniciativa exclusiva ( artículo 65, inciso cuarto, numeral 2), que en la materia corresponden al órgano ejecutivo, de manera exclusiva.

Los parlamentarios explicaron que la disposición contemplada en el artículo 48 tiene por objeto suspender el procedimiento de espacios costero marino de los pueblos originarios, previstos en la ley número 20.249, denominada como “Ley Lafkenche”, que se promulgó en 2008 con el objetivo de reconocer y proteger los derechos de las comunidades indígenas sobre el uso consuetudinario de los espacios marinos costeros en su territorio ancestral.

Destacaron que los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) son una figura creada por la ley que permite a las comunidades indígenas «solicitar el reconocimiento de áreas específicas del borde costero que han usado tradicionalmente para realizar actividades de pesca, recolección de recursos marinos y otras prácticas tradicionales».

Diputados advierten graves vicios de inconstitucionalidad

En el requermiento presentado ante el TC, los 41 diputados firmantes indicaron que durante el primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados en la tramitación del referido proyecto, se incurrió en graves vicios de inconstitucionalidad, pues, específicamente en la sesión 104ª especial, iniciada con
fecha 15 de noviembre de 2024, se aprobó la indicación número 00-53 que se hizo al articulado del proyecto de ley de presupuesto, quedando en definitiva incorporada como un nuevo artículo (48).

Asimismo, señalaron que esta indicación, presentada en la Cámara en primer trámite constitucional
por los diputados Mauro González y Marcia Raphael, fue correctamente calificada como “inadmisible” por parte de la Mesa, por infringir el articulo 65 inciso cuarto Nº2 de la Constitución, dado que suspendía las funciones de servicio público.

Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución, esta indicación se encontraba fuera de las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Sin embargo, a pesar de esto, la Cámara de Diputados, declaró admisible la indicación en votación por 58 votos a favor, 50 en contra y 2 abstenciones y acto seguido aprobó la indicación por 66 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones, según consta en la página web del órgano legislador.

Los parlamentarios recordaron que durante el segundo trámite constitucional, específicamente en la
sesión 80ª especial iniciada con fecha 21 de noviembre de 2024, el Senado ratificó este nuevo artículo 48 y despachó sin enmiendas la citada disposición, por lo que no fue objeto de análisis, en tercer trámite, de las enmiendas introducidas, en la consecuente Comisión Mixta de Presupuestos.

En el requerimiento, advirtieron que esta situación es contraria a la Constitución, pues «tal como se desprende de la propia Carta Fundamental infringe las reglas especiales en materia presupuestaria, así como las reglas sobre ideas matrices y sobre iniciativa exclusiva, que en la materia corresponden al órgano ejecutivo, lo que se traduce -entre otros mecanismos- mediante la presentación de indicaciones, lo cual no ocurrió».

En el documento explicaron que el requerimiento de inconstitucionalidad no se fundamenta en una infracción legal o reglamentaria, sino en una tramitación legislativa efectuada contraviniendo la
Constitución Política, pues contario al criterio fijado por la mesa de la Cámara, «el pleno rechazó la declaración de inadmisibilidad, para luego aprobar el citado art. 48 como artículo del proyecto de ley de Presupuesto del sector Público, infringiendo el art. 65 inciso cuarto, ordinal 2, art. 67 inciso segundo, y el art. 69 inciso primero, de la Constitución».

«En efecto durante la tramitación del proyecto el Senado actuó contra la Constitución al aprobar la referida norma impugnada», enfatizaron.

Por tal motivo, los diputados del PS y el oficialismo solicitaron al Tribunal Constitucional acoger a tramitación el recurso, para que luego sea puesto en conocimiento de la mesa de la Cámara de Diputados y del Senado, «para que informando sobre este particular, en definitiva declare la inconstitucionalidad de las actuaciones de ambas ramas del Congreso Nacional a objeto que sea eliminado del texto del proyecto» de la ley de Presupuesto 2025.

Más de 40 diputados firmaron el requerimiento

El documento fue suscrito por los siguientes diputados y diputadas: Nuyado Ancapichún, Emilia; Acevedo Sáez, María Candelaria; Ahumada Palma, Yovana; Arce Castro, Mónica; Astudillo Peiretti, Danisa; Barrera Moreno, Boris; Bello Campos, María Francisca; Bravo Castro, Ana María; Castillo Rojas, Nathalie; Cuello Peña y Lillo, Luis Alberto; De Rementería Venegas, Tomás; Delgado Riquelme, Viviana; Fries Monleón, Lorena; Gazmuri Vieira, Ana María; Giordano Salazar, Andrés; Hertz Cádiz, Carmen; Hirsch Goldschmidt,
Tomás; Ibáñez Cotroneo, Diego; Ilabaca Cerda, Marcos; Lagomarsino Guzmán, Tomás; Leiva Carvajal, Raúl; Marzán Pinto, Carolina; Melo Contreras, Daniel; Mix Jiménez, Claudia; Naranjo Ortiz, Jaime; Ñanco Vásquez, Ericka; Orsini Pascal, Maite; Oyarzo Figueroa, Rubén Darío; Palma Pérez, Hernán; Ramírez Pascal, Matías; Riquelme Aliaga, Marcela; Rojas Valderrama, Camila; Sáez Quiroz, Jaime; Sagardia Cabezas, Clara; Santana Castillo, Juan; Schneider Videla, Emilia; Serrano Salazar, Daniela; Soto Ferrada, Leonardo; Veloso Ávila, Consuelo; Venegas Salazar, Nelson y Yeomans Araya, Gael.