El director general de la Policía de Investigaciones de Chile Héctor Espinosa rechazó conceder una entrevista al periódico El Ciudadano respecto a los antecedentes vertidos en un reportaje que informó sobre el caso de un ex funcionario denunciante de torturas con corriente eléctrica al interior de la Escuela «Arturo Alessandri Palma» en 1982.
«Vistos los antecedentes tanto de la publicación, como los que arrojó el informe policial de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, que dio respuesta al señor Mario Carroza Espinosa, Ministro en Visita Extraordinaria de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la máxima autoridad institucional se encuentra en la imposibilidad de otorgarle audiencia, toda vez que los hechos expuestos en la querella criminal interpuesta por el ex Detective Ricardo Bopp Negrete, son de absoluta competencia del Poder Judicial, resultando del todo improcedente para el mando superior emitir opiniones e hipótesis al respecto», señaló en una misiva dirigida a este medio el subprefecto Juan Carlos Carrasco Ortiz, jefe de gabinete del Director General.
Según diera a conocer este periódico en la edición impresa Nº 183 de junio de 2016, el ex detective Ricardo Bopp acusó a un profesor de nombre Miguel Bravo Boado, quien llegó al grado de prefecto inspector bajo la gestión del ex director Nelson Mery, de enseñar a sus alumnos la utilización de una máquina de tipo magneto denominada «Lora» con la finalidad de apremiar a detenidos.
Tras negarse a actuar como conejillo de indias en una clase, afirmó Bopp en la querella, otros aspirantes, identificados como Hernán Urzúa Jil, Héctor Ulloa Valle, Jorge Loyola Maulén y Luis Sandoval Monteiro lo habrían reducido para obligarlo a sentir el contacto del aparato en su piel.
“Me tiraron al suelo y mientras era sujetado fuertemente por ellos me levantaron las bastillas del pantalón para colocarme entre mis calcetines y tobillos las llaves envueltas en género, las que estaban mojadas, por lo que de inmediato sentí el golpe de electricidad en mis pies, percatándome que quien movía la manivela de la ‘Lora’ era el instructor Bravo», dijo el ex policía.
En la causa, el ministro Carroza, en base a un peritaje realizado por el SML, sobreseyó temporalmente la investigación. Dicho informe sostiene que no se pesquisaron “elementos sugerentes de daños emocional”, pero también precisó que eso “no descarta ni confirma la ocurrencia de los hechos denunciados”.
En el marco de la investigación que motivó el reportaje ya citado, El Ciudadano logró acceder a un proceso interno realizado por la institución en 1988 con motivo de otro caso similar de torturas: una clase «teórico-práctica» impartida por el fallecido mártir Juan Barja Flores, que tuvo como víctima al entonces estudiante de primer año Mauricio Flores Rodríguez, quien fue secuestrado, interrogado y amarrado a una silla por sus propios compañeros, todo con el objeto de simular la captura de «un extremista o delincuente (de) tipo político», según reconoció el denunciado.
En el hecho participaron los siguientes funcionarios activos: el jefe de la Prefectura Nueva Esperanza, José Cabrera, quien leyó un cuestionario a Flores pero abandonó la sala tras ver que el aspirante sufría con el contacto de los cables en su piel; el jefe de la Prefectura Metropolitana Sur, Iván Villanueva, quien rechazó ver a Flores con sus genitales expuestos en el interrogatorio; el jefe de la Bicrim San Bernando, Nelson Hermosilla, quien admitió haber mojado a Flores en el baño; y el jefe de la Prefectura de Arica, Claudio González, quien reconoció haber mentido en una cuenta escrita donde señaló que él, y no Flores, había sido el alumno torturado, ya que así Barja lo ordenó.
Cabe señalar que en la solicitud de entrevista que fue rechazada por la Dirección General de Investigaciones, este medio hizo presente cómo ciertos alumnos que participaron en las torturas contra Flores «omitieron de sus cuentas escritas la existencia de cables eléctricos que, por orden del señor Barja, entraron en contacto con la piel del aspirante», aludiendo a contradicciones en algunos testimonios de los funcionarios que siguen trabajando en la policía, quienes omitieron la aplicación de la misma ‘Lora’ mencionada por el ex detective Bopp.