Por Francisca Valencia Valdebenito
El megaproyecto minero-portuario Dominga fue presentado por primera vez al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en septiembre de 2013, generando desde entonces controversia en los distintos sectores de la sociedad, por los graves riesgos ambientales que implica. Ahora, dentro de poco, el Tribunal Ambiental de Antofagasta podría poner fin a las idas y venidas de este proyecto que se ha caracterizado por las presiones económicas y los nexos políticos que lo amparan desde hace más de 7 años y que, ahora, se unen a la “agilización de proyectos para inversión” planteadas por el acuerdo covid-19.
El pasado 3 de marzo se iniciaron los alegatos de las distintas partes en la audiencia de reclamación del proyecto Dominga. Luego de tres días de sesión, los ministros que conforman la sala de tribunal encargada de revisar el caso, Fabrizio Queirolo, Jasna Pavlich y Juan Opazo, decidieron que la causa quede en estudio, para revisar los antecedentes y posteriormente determinar si se necesita dictar alguna medida para mejor resolver, según comunicó el juez Queirolo, presidente de esta sala. Los magistrados enfatizaron que se tomaran el tiempo necesario para conocer el proyecto en detalle y pronunciarse respecto al fondo de la controversia.
El reclamante en este caso es Andes Iron SpA., titular del proyecto, quienes enfrentándose al SEA como parte reclamada, solicitan la aprobación del proyecto luego de dos rechazos contundentes en 2017. Primero, por parte de la Comisión de Evaluación Ambiental del Coquimbo, argumentando que el proyecto ponía en riesgo las reservas marinas de la zona, no daba certezas de si impactaría o no al medio ambiente de manera significativa y presentaba medidas de mitigación insuficientes, entre otras razones.
Desde un principio el proyecto había sido cuestionado fuertemente por instituciones públicas y privadas, quienes en innumerables oportunidades hicieron ver al SEA de Coquimbo las deficiencias técnicas del proyecto, las cuales no fueron consideradas por este organismo en un principio. El segundo gran rechazo del proyecto se dio cuando Andes Iron reclamó ante el Comité de Ministros, buscando revertir el rechazo de la Comisión de Evaluación Ambiental.
El Comité de Ministros, luego de solicitar informes adicionales a distintos organismos públicos, concluyó que el proyecto no era viable, confirmando el rechazo de este. Esto provocó -el 31 de agosto de 2017- la renuncia de los ministros de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quienes apoyaban el proyecto en el segundo periodo de Bachelet.
En esta instancia se tomó en cuenta, además, la amplia evidencia científica que establece que la zona donde pretende instalarse el proyecto, en la comuna de La Higuera en la región de Coquimbo, es única e irremplazable ambientalmente. A menos de 29 kilómetros del proyecto Dominga se encuentran cuatro áreas protegidas por la Corporación Nacional Forestal (Conaf): el Sitio Prioritario Punta Teatinos, el Sitio Prioritario Área Marina Punta de Choros, la Reserva Nacional Pingüino Humboldt y, por último, la Reserva Nacional Isla Choros-Damas y el Inmueble Fiscal Isla Gaviota.
No conforme con los dos rechazos, Andes Iron decidió presentar un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, planteando que el rechazo del comité había sido ilegal. El Tribunal Ambiental propuso que se llevara a cabo un proceso de conciliación en el que solo participarían la empresa y el SEA, excluyendo a los abogados de las organizaciones ambientales, de los pescadores y de los habitantes de la zona.
El Tribunal Ambiental decidió entonces que el proyecto Dominga volviera a votarse en la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo por estimar que el rechazo entregado por esta instancia no cumplió con las formalidades, pero sin pronunciarse sobre los aspectos técnicos y ambientales que motivaron el rechazo. A partir de esto último, organizaciones opositoras al proyecto, nacionales e internacionales, agrupadas en la Alianza Humboldt, presentaron un recurso de casación ante la Corte Suprema, buscando anular la sentencia del Tribunal Ambiental.
En septiembre del año pasado la Corte Suprema falló a favor de las organizaciones opositoras del proyecto, desestimando los argumentos de Andes Iron sobre la ilegalidad del rechazo. De esta forma, la Corte Suprema cambió la sentencia del Tribunal Ambiental, ordenándole que revise nuevamente el caso, para pronunciarse esta vez sobre los aspectos ambientales y técnicos, llegando al proceso en que se encuentra hoy.
Andes Iron SpA. es una empresa perteneciente al empresario Carlos Alberto Délano, amigo muy cercano del Presidente Sebastián Piñera, empresa de la cual el propio Piñera junto a su familia formaron parte como inversores iniciales y mayoritarios por allá en el 2009, mientras se gestaba el proyecto Dominga. Posteriormente, siguieron en el proyecto cuando Piñera ya estaba en La Moneda en su primer gobierno, hasta retirarse del mismo en diciembre de 2010, en operación que le significó ingresos en su favor por 6.765 millones de pesos. Esto, tres meses y medio después de bajar el proyecto termoeléctrico Barrancones, que se ubicaría en el mismo sitio que hoy planea Dominga, según revela reportaje publicado por Bío Bío Chile en 2017.
El proyecto minero-portuario desde sus inicios se ha caracterizado por un intenso lobby dentro de los distintos organismos públicos evaluadores. Es este lobby el que posibilitó que en diciembre de 2019 se incorporara en el plebiscito municipal de La Higuera la consulta sobre la aprobación de este proyecto, aprobándose con un 56% de los votos. Sin embargo, estos representaban solo el 9,1% del padrón electoral de la comuna.
Esta votación fue utilizada como argumento por Patricio Leyton, abogado de Andes Iron, en los alegatos en el Tribunal de Antofagasta el pasado marzo, como también sirvió para apoyar la iniciativa por parte del alcalde de la Higuera, Yerko Galleguillos. Esta administración municipal presenta desde hace un tiempo vinculación con la empresa de la familia Délano.
El lobby de Andes Iron se extendió hasta al Consejo Regional de Coquimbo (CORE), quien entregó su voto político de “apoyo claro y decidido a la minera sustentable, incluyendo a Minera Dominga”, alcanzada con trece aprobaciones y tres rechazos de los miembros del CORE, en una sesión ordinaria efectuada el martes 21 de abril. Pese a que el voto no es vinculante a la aprobación o rechazo del proyecto, plantea un precedente respecto a la visión política del Gobierno Regional sobre la instalación de Dominga en la zona.
El 3 de mayo de este año, además, El Mercurio de Antofagasta publicó un inserto de dos páginas llamado «Organizaciones sociales, gremios y pymes entregan apoyo masivo al CORE por respaldo a Dominga». La publicación afirma que organizaciones de diversa índole habrían manifestado su apoyo al proyecto minero. Sin embargo, la Alianza Humboldt emitió un comunicado -a través de El Mostrador– donde afirma que en el inserto aparecen organizaciones que niegan tajantemente su suscripción a dicho apoyo. La Alianza denuncia un «lavado de imagen» por parte del Consejo Regional (CORE) de Coquimbo y la empresa Andes Iron para “presionar a la justicia para que apruebe la nefasta iniciativa”, en mitad de la pandemia.
El apoyo de distintos sectores de la política chilena a este tipo de proyectos extractivistas no hace más que acrecentarse con el nuevo Acuerdo Covid-19, logrado entre el gobierno y parte de la oposición el pasado domingo. El acuerdo entre otras cosas establece la “Agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión” y “acelerar concesiones”.
Es decir, se seguirán las recomendaciones de la Comisión Nacional de la Productividad para reducir plazos y procedimientos regulatorios dentro del marco administrativo, así como disminuir tiempos en otorgamiento de permisos para inicios de inversión y reducir los plazos en evaluación ambiental de grandes proyectos por la misma vía, según plantea el mismo acuerdo.
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