¿Dónde está la justicia para las víctimas?”: Más del 90% de las causas por violencia estatal en el estallido están cerradas

A casi 6 años de la respuesta represiva y violenta del Estado de Chile a las movilizaciones del estallido social, las víctimas aún no consiguen justicia ni reparación integral, debido a la impunidad y al cierre de causas.

A través de una solicitud vía Ley de Transparencia a la Fiscalía Nacional, la organización “Acción Cívica contra la Corrupción” tuvo acceso al detalle actual de avance en las investigaciones relacionadas con la violencia institucional y policial en el marco de la revuelta social.

La respuesta entregada por el ente persecutor a la agrupación defensora de los derechos humanos y la justicia, es impactante, ya que más de un 90% de las 1.142 investigaciones por casos de violencia institucional se encuentran cerradas.

Al analizar dicha cifra, se puede determinar que de las 11.925 relaciones concluidas solo (3,4%) presentan una «Salida Judicial», y un 69,3% presentan una «Salida No Judicial», sin pasar por tribunales.

«Deplorable que el 90,9% de los 10.142 casos de violencia institucional entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020 estén cerrados, y que de las relaciones concluidas, un 69,3% tengan «Salida No Judicial»», afirmaron desde la organización en un mensaje en sus redes sociales.

Asimismo, denunciaron que estos datos reflejan «una evidente infracción de las obligaciones de los Estados frente a crímenes cometidos por sus agentes y la prohibición de impunidad».

«¿Dónde está la justicia para las víctimas?», preguntaron.

90% de los casos por violencia estatal durante el estallido fueron cerrados

En su respuesta a la solicitud presentada por Acción Cívica contra la Corrupción, el ente persecutor señaló: «puedo informarle que la Unidad Especializada en Derechos Humanos de esta Fiscalía Nacional cuenta con una base de datos de 10.142 casos ingresados por delitos de violencia institucional, cuyos hechos corresponden al período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020, en el contexto de las manifestaciones sociales y resguardo del orden público».

Asimismo, explicó que el consolidado de información, está compuesto por dos bases de datos:

a) Una base inicial de 8.508 casos recopilados por la Unidad Especializada en Derechos Humanos (entre octubre del 2019 hasta mediados de 2020);

b) Una base construida a partir de la revisión de 2.208 casos adicionales que ingresaron a la Unidad el 2021 por parte de las fiscalías regionales. La revisión, efectuada durante el 2023, dio cuenta que, de esta base, 1.634 casos efectivamente constituyen denuncias de violencia institucional en el marco del estallido social.»

«En resumen, el total de casos reportados en el presente informe so n el resultado de la suma de estos 1.634 casos y los 8.508 casos iniciales», afirmó.

La Fiscalía Nacional señaló que con la información actualizada al 31 de diciembre del 2024, existen 10.142 causas ingresadas por violencia institucional, cuyos hechos corresponden al período entre el 18 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020 en el contexto del estallido social.

«De dichos casos, la mayoría están terminados (90,9%) y un 9% se encuentra con estado vigente a la fecha de la extracción de los datos», precisó.

Con relación a total de delitos asociados a cada una de las «relaciones» (una relación es la suma de un delito y un imputado, un número mayor a los casos ya que en varias oportunidades se agrupan varias «relaciones» en una misma causa), el informe señala: «se contabilizan 10.540 delitos, de los cuales los «Apremios Ilegítimos» y los «Abusos contra particulares Art. 255, concentran el 91,8% de total de delitos registrados».

36% de los imputados fueron formalizados

En lo que respecta a imputados ingresados, un 90% corresponde a imputados desconocidos y el 10% restante son imputados conocidos. Al contabilizar por documento de identidad (RUT) estos últimos alcanzan las 724 personas, y de ellas, apenas un 36% presenta formalización.

En cuanto a las víctimas, el informe señala que del total de casos registrados, la mayoría son hombres (80,5%) y el resto corresponde a mujeres (19,5%). Asimismo, el 82% son mayores de edad y el 16 % menores de edad.

Según la información entregada por la Fiscalía Nacional, los 10.142 casos identificados (con la identificación de RUC) se basan en un total de 13.371 relaciones registradas en el Servicio de Atención a Fiscales, SAF. Del total de estas relaciones registradas en el SAF, el 89% de ellas (11.897 están concluidas, el 10,8% está vigente (1446) y el 0,2% (28) de las relaciones está suspendidas.

De las relaciones concluidas, un 26,2% (3.186) se encuentran agrupadas, ya que su tramitación puede haberse asociado a otra causa existente, en virtud de la naturaleza de los hechos y otras condiciones jurídicas que se estimen pertinentes. por lo que en la práctica pueden continuar con su tramitación.

Del total de relaciones concluidas o suspendidas (11.925) un 3,4% (405) de ellas presentan una «Salida Judicial», y un 69,3% (9.264) presentan una «Salida No Judicial».

Por último, concluye el informe de la Fiscalía, en cuanto a las sentencias por casos, el registro de jurisprudencia que realiza la Unidad Especializada en Derechos Humanos se enfoca en los delitos de tortura, apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradanes, y vejaciones injustas. Sin perjuicio de lo anterior, se identificaron algunas sentencias condenatorias por los delitos de homicidio, cuasidelito de homicidio, cuasidelito de lesiones, violencias innecesarias, y detenciones ilegales o arbitrarias.

Hasta el 28 de febrero de 2025, la Fiscalía de Chile registra un total de 76 sentencias, de las cuales 72 están ejecutoriadas y 4 no están ejecutoriadas-

De esas 76 sentencias, 55 son condenatorias, y 21 absolutarias.

Víctimas en desventaja frente a la violencia estatal

Tras conocerse los reveladores datos, la abogada representante de “Acción Cívica contra la Corrupción” y querellante en causas relacionadas al estallido social, Karinna Fernández Neira, señaló que es un reflejo del incumplimiento del Ministerio Público y acusó que la mayoría de los casos no tienen abogado querellante, lo que deja a las víctimas en desventaja frente a la violencia estatal y policial.

«Seguramente en mucho de los casos donde el Ministerio Público decidió no perseverar o archivó provisionalmente las causas, son causas que no tienen abogado querellante. Esto también muestra que las víctimas están en una situación de desventaja frente a la violencia estatal y policial y la respuesta del Ministerio Público», declaró a Radio Bio Bío.