A comienzos de este año, en abril, la exsenadora UDI, Jacqueline Van Rysselberghe regresó a la palestra pública regional al ser contratada por el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción para ejercer como psiquiatra en la institución. En ese momento, el director del SML de Concepción, Jaime Téllez, declaró que la militante de la UDI llevaría a cabo peritajes para el organismo, basándose en condiciones técnicas y su historial profesional, luego de ser evaluada por el equipo de salud mental del servicio.
La Dirección Regional del Biobío explicó que la contratación de Van Rysselberghe se llevó a cabo mediante un trato directo debido a la falta de interés por parte de profesionales para cubrir la vacante a través de concursos públicos. Según el SML, el programa “Brecha Psiquiátrica” permitió la contratación directa en estos casos, lo que justificó el proceso seguido.
Sin embargo, el 7 de junio, Van Rysselberghe renunció a su cargo, antes de la fecha de término de su contrato en el SML, tras un corto y cuestionado período de ejercicio. Su dimisión se produjo en medio de una controversia generada por un peritaje psiquiátrico que realizó, y que no estaba bajo sus funciones, y fue en el que declaró como enajenado mental al excarabinero condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, José Otárola, condenado por la Matanza de Laja-San Rosendo. La declaración podría haber liberado al condenado, pero el peritaje fue posteriormente invalidado por el ministro Carlos Aldana.
Van Rysselberghe había sido contratada para realizar pericias psiquiátricas con el objetivo de reducir las listas de espera en el área de salud mental del SML. Según los datos revelados de su contrato, su labor consistía en realizar peritajes conforme a la metodología y normativa interna de la institución, así como asistir a juicios orales cuando fuese requerida. El contrato cubría los meses de abril, mayo y junio, y estipulaba un pago de $350.000 por cada informe de pericia psiquiátrica elaborado.
Para recibir este pago, la psiquiatra debía presentar un informe de desempeño que incluyera la agenda de las pericias realizadas, el registro de los informes periciales y la entrega de estos para su despacho al solicitante. Los honorarios serían pagados el 5 del mes siguiente al de la prestación de servicio, previa aprobación del jefe de Presupuesto y Finanzas, una vez recibido el informe de desempeño y la boleta de honorarios correspondiente.
Según El Ciudadano pudo constatar en los datos de Portal de Transparencia, la exsenadora UDI, no presentó antecedentes o informes para los cuales acreditaran el pago de los meses que ejerció el cargo de psiquiatra y sobre los cuales se podrían efectuar los pagos de los honorarios. En la que, durante los meses del 1 de abril al 7 de junio, fecha en la que renuncio de sus servicios, no se acreditan las entregas de los informes.
Tras lo anterior, en el registro se revela que Van Rysselberghe no recibió remuneración líquida mensualizada en ninguno de sus dos meses trabajando en el servicio. Desde la Dirección Regional del SML del Biobío, detallaron que Van Rysselberghe realizó 16 peritajes durante los meses de abril y mayo, y en los que para cuando renuncio de sus servicios, el pasado 7 de junio, su remuneración líquida mensualizada contaba con el monto de $4.830.000 y que en el enlace adjunto de la cifra de “funciones desarrolladas” aparece un documento en donde se esclarece que el informe se encuentra en estado de proceso. Si bien, no hubo confirmación para esclarecer si la millonaria suma se habría concretado, esta hubiera sido en el pasado 5 de julio.
Además, al revisar los antecedentes correspondientes al mes de junio, se lee «Informe de Funciones desarrolladas, se encuentra en Estado de Proceso de Ejecución».
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