El Ciudadano pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos la desclasificación de miles de documentos que mantiene en su poder y que involucran al dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte en investigaciones por narcotráfico.
La solicitud, realizada a mediados de 2015 a través de la Ley de Transparencia norteamericana (conocida como FOIA, por sus siglas en inglés), fue contestada en octubre del mismo año por la jefa de la Unidad de Libertad de Información y Privacidad de la DEA, Katherine L. Myrick.
En una carta proveniente del estado de Virginia, la funcionaria del organismo antidroga informó que una minuciosa búsqueda en el sistema de Investigative Reporting and Filing (IRFS), que registra la documentación administrativa de la DEA y aquella proveniente de sus investigaciones policiales, logró comprobar que los archivos existían.
De esta manera, su oficina logró dar con el paradero de 2.984 páginas de archivos relativos a indagaciones de la DEA contra Pinochet, universo del cual sólo fue posible desclasificar un documento, afirma la carta.
La mencionada página revelada corresponde a la última pieza de lo que parece ser un “Reporte de Investigación” de la DEA con carácter sensible, fechado el 29 de abril de 2004, que incluye el nombre del fallecido general de Ejército como el sexto de una lista cubierta en blanco.
Por qué sostener el secreto de Pinochet
¿Por qué mantener el secreto de las 2.983 páginas restantes? De acuerdo a la misiva que llegó a manos de El Ciudadano, la publicidad de los archivos clasificados podría interferir con procesos en curso, afectar la privacidad de terceros, identificar fuentes de información de la agencia, y dar a conocer mecanismos de investigación utilizados por la misma.
Una decisión que es apelable, según el código estadounidense.
The National Security Archive, organización de la Universidad George Washington especializada en desclasificación, recomienda tomar dicho camino invocando el interés general detrás de cualquier documentación que haya sido negada por la FOIA, especialmente si la liberación de la misma puede revelar conductas reprochables de funcionarios públicos.
“Algunos ejemplos de peticiones importantes para el interés público tienen que ver con informaciones sobre decisiones políticas (…) que impactan directamente a las personas – como la guerra en Irak o el programa de espionaje ilegal de la Agencia de Seguridad Nacional –, documentos que delatan conductas improcedentes del gobierno o el uso malicioso de fondos públicos”, indica la institución.
En base a esta facultad, El Ciudadano interpuso un recurso de apelación ante el Departamento de Justicia de EEUU.
EL RASTRO DE LA DROGA
En 2006, el ex jefe de la DINA Manuel Contreras envió un informe al ministro Claudio Pavez señalando que la familia Pinochet se había enriquecido con el narcotráfico. Pavez investigaba el asesinato del coronel Gerardo Huber, que el Ejército de la época trató de hacer pasar como un suicidio.
Contreras afirmó que el dictador había colocado a su hijo en el Complejo Químico de Talagante junto al ex químico de la DINA Eugenio Berríos para producir “cocaína rusa”, droga usada por traficantes para evadir el olfato de los perros.
El fallecido militar condenado por violaciones a los derechos humanos ligó esta red a Edgardo Bathich, conocido empresario bohemio que durante su juventud se vinculó con líderes de la UDI.
Según la investigación plasmada en el libro “La delgada línea blanca” de Rodrigo de Castro y Juan Gasparín, uno de los abogados que representó a la empresa Focus Chile Motores de Bathich fue Héctor Novoa Vásquez, hermano de Jovino Novoa, ex senador gremialista condenado en el caso Penta.
De acuerdo al testimonio del ex piloto de la CIA Ivan Baramdyka, quien dice haber trabajado con Álvaro Corbalán creando empresas de fachada para actividades ilícitas, la dictadura de Pinochet vendió precursores químicos a carteles de droga extranjeros y participó en la exportación de cocaína a Europa y Estados Unidos.
De hecho, una de las informaciones que Berríos habría entregado a la DEA antes de morir asesinado en Uruguay, serían los nexos de la inteligencia chilena con bandas criminales del narcotráfico.
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