Ejército de Chile: Historia de la maquinaria militar de corrupción

Desde Augusto Pinochet en adelante, con excepción de Ricardo Izurieta, todos los comandantes en jefe del Ejército han sido requeridos o apuntados por los tribunales de justicia por causas relacionadas con torturas, homicidios, blanqueamiento de dinero, fraudes, etcétera, dando cuenta, por ende, al resto de la sociedad, que este cuerpo armado se ha transformado, qué duda cabe, en una colosal e impenitente máquina delictual. Pasemos revista, entonces, a los escandalosos ilícitos que han salido a la luz pública desde el retorno a la democracia, comenzando previamente y grosso modo con el indecoroso palmarés de algunos generales en jefe de esta institución, para luego bucear en los escándalos más rimbombantes, en términos generales. 

Juan Emilio Cheyre 

“¿Excusa el escenario de conflicto global  ya descrito (Guerra Fría y Golpe de Estado) las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”. Con esas palabras, en 2004, Cheyre se encumbró como el general del nunca más, por medio de una columna en La Tercera, titulada Ejército de Chile: el fin de una visión. Esa imagen cambió radicalmente en noviembre de 2018, cuando el ministro en visita, Mario Carroza, sentenció al excomandante en jefe del Ejército a 3 años y 1 día de libertad vigilada por el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el denominado Caso Caravana de la Muerte en 1973, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. A ello se sumó una nueva causa conducida por el ministro en visita Vicente Hormazábal, que lo procesaría -junto a otros dos generales- como presunto coautor de la “aplicación de tormentos” a 24 presos políticos de La Serena, tras el golpe militar. 

Óscar Izurieta 

En total, 584 oficiales y suboficiales de la institución son potenciales imputados en una indagatoria que poco a poco comenzó a tomar fuerza durante 2018, denominada Caso FAM. Aunque tuvo un inicio incipiente: las sospechas de fraude en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) comenzaron gracias a una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó gastos improcedentes por 660 millones de pesos en las instalaciones del Ejército en Coyhaique. Ahí salieron a la luz viáticos adulterados, comisiones de servicios falsas, gastos de representación irregulares y pagos por servicios inexistentes que tenían su origen en una inusual forma de recompensar a los beneficiarios del FAM de oficiales y suboficiales, que se encontraba en quiebra. los antecedentes apuntan al general en retiro Óscar Izurieta, que cuando se enteró en 2006, al asumir el mando, comenzó a buscar una solución. Así, en 2008, según admitió en su declaración como testigo a la Fiscalía (2018), inició el desvío de recursos presupuestarios -cuyo modelo se mantuvo vigente hasta 2016- y decidió devolver parte de la plata a través de viáticos y trabajos que nunca se realizaron: enviando a los afectados a la Misión de Paz en Haití, extendiendo el cese de sueldos tras el retiro o manteniendo a los suboficiales hasta el máximo permitido, entre otros métodos. 

Por otro lado, la ministra en visita Romy Rutherford, quien investiga de forma exclusiva las aristas asociadas al fraude en el Ejército, lo sometió este lunes a proceso como autor de malversación de caudales públicos y falsedad de documento militar por el uso de gastos reservados de la institución. 

En esta etapa procesal, la magistrada responsabilizó a Izurieta del mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total 6.374.996.162 pesos, que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010 y que fueron actualizados a la fecha. 

Rutherford ordenó también el embargo de bienes por un monto total de 6.500 millones de pesos al general en retiro, y su ingreso en prisión preventiva en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén. 

En tanto, sobre su responsabilidad en la falsedad de documento público, la resolución indicó que el excomandante en jefe mintió en «las rendiciones de cuenta, declaraciones juradas y sus anexos, respecto de los gastos reservados correspondientes a los ejercicios presupuestarios de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 que fueron remitidas al Contralor General de la República de la época«. 

Esta era la única exautoridad castrense que no había sido procesada en el marco de las aristas del caso, que ya mantiene procesados a altos mandos de la institución por el presunto desvío de dinero, proveniente de gastos reservados. 

Izurieta entró al foco de Rutherford luego de que dos testigos claves que manejaban las remesas de gastos reservados -que lideró el imputado entre el 2006 y el 2010- lo nombraran en sus declaraciones: ellos son el coronel Sergio Vásquez y quien lo antecedió en finanzas, Jorge Cortés. 

Además, aparece mencionado en la declaración del general en retiro Fuente-Alba, quien confirmó el pago de 800 mil pesos mensuales a excomandantes en jefe, donde uno de los receptores sería el propio Óscar Izurieta. 

El Consejo de Defensa del Estado, mediante la consejera María Inés Horvitz, reveló que Izurieta «se despojó de todos sus bienes» en 2021, por un cáncer y melanoma que no justificó con documentos, según publica El Mercurio. 

En detalle, realizó separación de bienes y repartió inmuebles con sus dos hijas, equivalentes a $ 400 millones a cada una, y con su cónyuge, debido a «razones de salud» no acreditadas. A raíz de esta situación, la fiscal regional Metropolitano Oriente,Lorena Parra, aceptó este viernes 18 de febrero la renuncia del fiscal Andrés Iturra a la jefatura de la Fiscalía Local de Las Condes, luego de que se abriera una investigación en su contra y la de su cónyuge, María Constanza Izurieta (también fiscal), yerno e hija de Óscar Izurieta, respectivamente, por un eventual lavado de activos.  

La jueza detalló que Izurieta indicó ser parte del desvío de dineros que tenían como fin actividades de inteligencia, asegurando que eran ocupadas para costear actividades ajenas a la institución, entre ellas los requerimientos de la familia de Augusto Pinochet. 

En su testimonio ante la jueza, Izurieta detalló que «en sus primeros años parte de los recursos de gastos reservados iban al general Pinochet y su familia», afirmando que el dictador «gastaba mucha plata, porque era una persona que mucha gente hubiese querido que muriera antes de su muerte natural«. 

El procesamiento plantea también que estos altos gastos se debían a que, por la intención de cuidar a Pinochet, había que «tener personal a su disposición, como médicos, enfermeros, escoltas«. 

El vínculo con esta familia fue a través de la Comandancia Guarnición del Ejército de la Región Metropolitana, donde «se encargaban de mantener todo el sistema de escolta, de salud y de apoyo de la gente que custodiaba y atendía al general Pinochet«, indicó el relato del excomandante. 

Según el investigado, se partió con «una cantidad gigantesca de personal«, siendo disminuido con el pasar de los años, aunque aun así «con este fin se destinó una cantidad importante de recursos de gastos reservados«. Pese a esto, le aseguró a Rutherford que todas estas medidas de seguridad y cuidado estaban «amparadas en el decreto supremo que avalaba custodiar a los excomandantes en jefe«.

En este procedimiento también se incluyó la declaración del exsecretario general del Ejército Andrés Avendaño, quien aseguró que con el dinero de gastos reservados también se realizó el «pagó placas, arreglos y trabajos de la placa funeraria, todo relacionado con la muerte del general Pinochet«, pese a que finalmente no se ocupó. 

Otro punto que admitió Izurieta según Rutherford, es que «a veces la señora del general Pinochet (Lucía Hiriart) lo llamaba solicitando alguna ayuda económica y reconoce que le entregaba los recursos o se los enviaba con alguien«, un hecho que se dio «quizás en dos ocasiones en que le entregó un millón de pesos cada vez«. 

En otra parte de sus declaraciones, Izurieta comentó que los gastos reservados fueron también utilizados para realizar actividades con editores, periodistas y columnistas, asegurando que tenían el fin de relacionarse de buena manera con los editores generales de los distintos medios de comunicación y anticipar informaciones que pudieran afectar la imagen del Ejército. 

También le afirmó a Rutherford que el lideró una idea paracrear un modelo de regalos para matrimonios de militares, un formato que clasificaba los regalos «con las letras ‘A’, ‘B’ y ‘C’, según la persona que se casaba o quien enviaba la invitación. El regalo ‘A’ era una cuchillería que costaba 90 mil pesos aproximadamente y de ahí hacia abajo«. 

Asimismo, el exuniformado explicó querecibía entre 70 y 72 millones en gastos reservados en un sobre con dinero en efectivo, mientras que él solicitaba seis millones de pesos más.

Finalmente, Izurieta reconoció haber recibido dineros de gastos reservados en su calidad de excomandante en jefe por un monto de 800 mil pesos mensuales desde abril del 2010 hasta julio de 2017. 

Juan Miguel Fuente-Alba 

En junio de 2007, en su calidad de juez del Segundo Juzgado Militar de Santiago —por ser comandante en Jefe de la II División de Ejército—falló sobre la causa N° 975-87 sobre falsificación de documentos militares realizado por efectivos del Ejército, que emitieron boletas falsas a productores de manteca, carne, garbanzos, frijoles y membrillos, por lo cual el caso fue denominado «Membrillogate», con el objeto de obtener ingresos a costa del erario fiscal. Fuente-Alba dictó una polémica sentencia, condenando a presidio menor en su grado mínimo a los involucrados, lo cual ha sido criticado por considerarse una pena leve para el tipo de delito cometido. 

Fuente-Alba Poblete fue comandante en jefe del Ejército de Chile entre el 9 de marzo de 2010 y el 9 de marzo de 2014. Actualmente se encuentra en prisión, procesado por fraude fiscal y enriquecimiento ilícito durante su generalato, tras ser parte en una arista del “Milicogate”. En la formalización de junio del 2019, el fiscal José Morales precisó que durante el período en que estuvo al mando de la institución, realizó gastos por más de $7.324 millones y el perjuicio fiscal por el delito que se le imputa alcanza los $2.980 millones al año 2014. También saltó a la palestra el nombre de la cónyuge del general (r), Anita Pinochet, imputada en la causa, y quien asoma como factor clave del esquema de blanqueo de dinero. Otro dato fue la relación del exjefe castrense con Ditec, empresa a la que adquirió autos de lujo, otra de las “dinámicas” de lavado de dinero empleadas por el exmilitar, según la Fiscalía. Por esta razón en noviembre del 2020 el Consejo de Defensa del Estado amplió la querella a su esposa, conocida como la “Lucía chica”. Según relata el CDE, “de acuerdo con los antecedentes presentes en la indagación penal, consta indubitadamente que la imputada, junto con su cónyuge, habría ocultado, disimulado y aprovechado dineros provenientes de gastos reservados con pleno conocimiento del origen ilícito de los mismos”. Además, relata que realizó diversas operaciones -materiales, financieras y jurídicas-, con el objetivo de “disimular el origen ilícito de los bienes obtenidos”. 

Humberto Oviedo 

A raíz del mismo Caso FAM, Oviedo fue citado a declarar como testigo por la investigación por el presunto fraude del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército; según él, solo en el año 2017 tomó conocimiento de los pagos anómalos por servicios no prestados, una vez que la Contraloría requirió información y una auditoría a la Cuarta División con asiento en Coyhaique dieron luces respecto al caso. 

Por otra parte, a fines de diciembre de 2018 respondió por el Caso Pasajes ante la ministra Romy Rutherford, quien lo inculpa por su presunta implicación en el uso de viáticos ilegales. Fue formalizado por permitir la comisión de estos delitos. 

“Se somete a proceso a Humberto Patricio Oviedo Arriagada, en su condición de autor de nueve delitos de fraude al fisco, previstos y sancionados en el artículo 239 del Código Penal, por un perjuicio (…) que considerado el valor de la época equivaldrían a una cantidad total de a $57.942.026”, dice la resolución. 

Ricardo Martínez 

En el marco del caso Pasajes, en el período en que Martínez se desempeñó como subjefe del Estado Mayor (2014-2015) con el grado de general de brigada, registró 30 viajes a distintas regiones del país y al extranjero, con destino a Estados Unidos, África, Europa y América Central. El costo de estos viajes fue de $120 millones, incluyendo el pago de viáticos y los tickets aéreos. Por su parte, en noviembre de 2018 se filtró el audio de una reunión privada que sostuvo con cerca de 900 oficiales, donde señaló que conocía información sobre nexos entre oficiales y el crimen organizado. En particular, apuntó a la compra legal de armas de miembros del Ejército para luego venderlas a narcotraficantes. Tras la divulgación de sus declaraciones, fue citado por el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, a las comisiones de Defensa del Congreso; y ante el exfiscal Raúl Guzmán, para detallar los presuntos antecedentes sobre venta ilegal de armas. 

Ahora bien, también encontramos otras diversas actividades delictuales, dentro de las cuales destacan: 

 Pinocheques 

El diario La Nación reveló en los primeros años de la incipiente democracia chilena un escándalo que vinculaba al exdictador Augusto Pinochet Ugarte y su hijo Augusto Pinochet Hiriart. 

La historia del caso cuenta como en 1984 Pinochet Hiriart, usando a un amigo como testaferro, compró la empresa metalúrgica Nihasa Limitada, cambiando pronto su nombre por el de PSP (entre sus contratistas figuraron Cema Chile, para la cual elaboró los adornos de metal de sus sedes, así como el Ejército de Chile, para quienes acondicionó camionetas y jeeps para enfrentar supuestas manifestaciones). 

En 1987, PSP compró Valmoval, empresa dedicada a la administración de fusiles en el Ejército y que se había declarado recientemente en quiebra. Dos años después, el Ejército vuelve a comprar dicha empresa, pero en una transacción pagada por su padre, Augusto Pinochet, a través de tres cheques por un monto cercano a los tres millones de dólares. Debido a esto el caso se llama ‘Pinocheques’. 

Tras la venta, el hijo del dictador viajó a los Estados Unidos donde abrió diversas cuentas bancarias a nombre de su esposa e hijos, con el fin de ocultar el dinero. 

En Chile, Pinochet Ugarte presionó de diversas formas para que no se investigara, incluso se reunió en el Edificio de las Fuerzas Armadas, a solo 200 metros del Palacio de la Moneda, con oficiales del Ejército escoltados por soldados armados y vestidos con trajes de combate, por cuyas boinas negras al suceso se le conoció como “el boinazo” durante el gobierno de Patricio Aylwin. 

En el mandato siguiente, Frei Ruiz Tagle ordenó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) cerrar el caso definitivamente, aduciendo a la razón de Estado y Pinochet Hiriart quedó impune.  

Tanques Leopard  

En 1998, el Ejército de Chile gestó la adquisición de una partida de 202 tanques Leopard I holandeses, vehículos militares que se ofertaron a un precio de US$350 mil por unidad, lo que hizo que los costos totales de la operación llegaran a US$80 millones.  

No obstante, en mayo de 2009 trascendió que la Fiscalía Oriente llevaba adelante, desde 2007, una indagatoria por el presunto pago de comisiones a civiles y militares, a raíz de la compra de estos blindados.  

De acuerdo a los antecedentes conocidos, la Brigada de Lavado de Activos de la Policía de Investigaciones (PDI) había detectado traspasos de dineros en cuentas de militares vinculados a la operación, hasta el año 2005.  

Según la información, durante la venta de los tanques, la empresa intermediaria del negocio – la firma holandesa ‘RDM Technology’- habría pagado US$7,5 millones a altos mandos del Ejército, a través de Guillermo Ibieta, sindicado como el gestor chileno de la compra.  

De igual forma, la compañía holandesa confirmó el pago de US$1,6 millones a una sociedad representada por el exalbacea de Augusto Pinochet, el abogado Óscar Aitken, quien a su vez reconoció haber asesorado legalmente a la empresa holandesa, en la venta de estos vehículos.  

La indagatoria del caso fue asumida por el Ministro en Visita Manuel Valderrama, cuyas indagaciones le condujeron hasta el otrora secretario privado del General Pinochet, Brigadier (R) Gustavo Latorre, y al ex Director de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), General (R) Luis Iracabal, quienes fueron acusados de haber recibido US$ 600 mil, tras la compra (El Mercurio, 2009).  

De hecho, el 23 de mayo de 2009, el magistrado inició una serie de interrogatorios por los presuntos ilícitos asociados a esta operación, tomando declaración al propio General (R) Iracabal; y al General (R) Guillermo Garín, ex Vicecomandante en Jefe del Ejército, y quien entonces dirigiera el comité de adquisiciones, instancia que aprobó la compra de los blindados (El Mercurio, 2009c). Tras estas diligencias, el juez dictó sus primeras resoluciones, procesando por malversación de caudales públicos al General (R) Iracabal y al Brigadier (R) Latorre (El Mercurio, 2009). 

El magistrado igualmente decidió interrogar por escrito al exMinistro de Defensa Edmundo Pérez Yoma, así como al ex Subsecretario de Guerra Mario Fernández, quienes debieron aclarar el rol que tuvieron en la adquisición de los tanques, junto con las razones que derivaron en la firma del decreto del Ministerio de Defensa, que a su vez autorizó la compra por US$63 millones, 8,5 millones más de los que contemplaba la propuesta original de la empresa holandesa (El Mercurio, 2009). 

El 11 de agosto de ese mismo año, en tanto, Ibieta debió prestar declaración ante la Fiscalía de Ñuñoa, siendo consultado por los presuntos depósitos que habría recibido durante 2006. En paralelo, el Ministro Valderrama interrogó nuevamente, y en calidad de inculpados, al General (R) Iracabal y al Brigadier (R) Latorre, quienes fueron inquiridos acerca del rol que tuvieron en la compra de los tanques (El Mercurio, 2009). Por su parte, la Comisión Investigadora sobre los casos ‘Mirage’ y ‘Leopard’ conoció el testimonio del abogado Héctor Salazar y de su cliente Pedro del Fierro, este último acusado de extorsionar al entonces Ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma.  

En la oportunidad, Salazar acusó a esta cartera de financiar la defensa de los militares procesados en el caso (La Nación, 2009).  

Por otra parte, la misma instancia tomó conocimiento, en noviembre de 2009, de las actas del Consejo Superior de la Defensa Nacional (CONSUDENA), referidas a la decisión de compra de los blindados (Cámara de Diputados de Chile, 2009). 

Finalmente, hacia fines de marzo de 2016, la Corte Suprema emitió una sentencia condenatoria, por 541 días de presidio, con el beneficio de la remisión condicional de la pena, en contra del General (R) Iracabal y el Brigadier (R) Latorre, por su responsabilidad en el delito de malversación de caudales públicos, durante el proceso de compra de los blindados.  

El fallo consignó que los exuniformados fueron responsables de sustraer, cada uno, una cantidad cercana a los US$ 300 mil, correspondientes a la adquisición de 200 vehículos de este tipo, en julio de 1998 (El Mostrador, 2016). 

Caso Riggs 

En julio de 2004 el Senado de los Estados Unidos comenzó a investigar movimientos extraños en el Banco Riggs, el más importante de dicho país. Así se dieron cuenta que Augusto Pinochet Ugarte llegó a tener 125 cuentas bancarias fuera de Chile y con una serie de precauciones junto a su familia para esconder una fortuna estimada en US$27 millones. 

El Consejo de Defensa del Estado demandó a la familia Pinochet y el juez Sergio Muñoz tomó la causa el 7 de junio de 2005. A Pinochet le retiraron la inmunidad de la que gozaba por presunta implicación en cuatro delitos: fraude al Fisco, uso de pasaportes falsos, declaración jurada de bienes falsa y por eludir medidas cautelares sobre sus bienes. Un mes después la esposa y el hijo menor también fueron procesados por su complicidad en el fraude tributario y Pinochet emitió una declaración asumiendo toda responsabilidad por las cuentas. 

Tras la muerte del dictador, la causa se sobreseyó para la familia Pinochet, solo los coroneles en retiro Gabriel Vergara, Juan Ricardo Mac-Lean y Eugenio Castillo fueron condenados a cuatro años de libertad vigilada, mientras que los generales Jorge Ballerino y Ramón Castro fueron condenados a una multa de 11 UTM. Además, la Corte determinó el decomiso de bienes de propiedad de Pinochet por un total de US$1.621.554,46. 

Uniformes 

Una querella por delitos de fraude al Fisco y tributarios, presentó en el mes de mayo de 2016 Patricio Reyes, proveedor del Ejército, en contra de Virgilio Cartoni, principal vendedor de armas y vituallas para la institución, por supuestas anomalías en una millonaria licitación por más de US$11 millones, referida a la compra de uniformes de combate. También fue querellado el general (r) Antonio Cordero Kehr, que en 2011, cuando comienzan a ocurrir los hechos denunciados, era el jefe del Comando de Apoyo de la Fuerza (CAF). 

El libelo apuntaba a que la empresa de Cartoni, Comercializadora, Exportadora e Importadora CyM, S.A., habría evitado pagar impuestos por más de mil millones de pesos gracias a la complicidad de funcionarios castrenses, quienes habrían modificado dolosamente las bases del concurso para favorecer a la firma. 

Lavandería 

En agosto de 2016 CIPER informó que el general Juan Miguel Fuente-Alba compró en 22,8 millones de pesos su primer vehículo Audi, en Klassik Car. En la transacción el militar entregó otro Audi en parte de pago, tasado en $18 millones y propiedad de Germán Korff Pfeiffer, dueño de una lavandería que funcionaba hace más de veinte años en la Escuela Militar. En la última década Korff facturó cerca de $2.260 millones al Ejército. A mediados de 1990, la Escuela Militar decidió externalizar el servicio de lavado de ropa. Fue entonces cuando la sociedad de Korff ganó la licitación para proveer ese servicio a los militares. 

Este no es el único vínculo de Korff con el mundo militar. También integró una sociedad agrícola con Pedro del Fierro, el comerciante de armas que participó junto a otros en la cuestionada negociación para la compra de los tanques Leopard adquiridos por el Ejército en 1998, y que fue acusado de intentar extorsionar al exministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma. La lavandería de Korff también ha obtenido licitaciones del Comando de Bienestar del ejército (COB) para proveer del servicio de lavandería al Club Militar de Campo Peñalolén y al Centro Recreacional Farellones. 

 Matrimonio 

En agosto de 2016 se reveló una lujosa fiesta de matrimonio de uno de los hijos del general Fuente-Alba efectuada en el Museo Histórico Militar con los servicios del banquetero Paulo Russo, señalado entre los más caros de la plaza. La fiesta fue investigada por la Fiscalía Centro Norte, como parte una indagatoria de oficio por denuncias que apuntan al millonario patrimonio del general en retiro. El fiscal José Morales tomó declaraciones a Fuente-Alba y a su cónyuge en varias ocasiones. El matrimonio indagado se celebró el 31 de agosto de 2013 y asistieron unas 700 personas y costó cerca de $30 millones. 

Visores nocturnos 

En mayo de 2015 se firmó un contrato entre el Ejército y la empresa belga OIP Sensors Systems, representada en Chile por Virgilio Cartoni, para la adquisición de visores nocturnos por un monto total de US$16 millones. El acuerdo se selló pese a que existían reclamos ante la Contraloría General de la República de dos de las empresas que participaron en la cuestionada licitación, Theon Sensors S.A. y Comercial Magnatrade Tech,  representante de la estadounidense Exelis.  La polémica se arrastra desde diciembre de 2014, cuando el Comando de Apoyo a la Fuerza, bajo el mando del general Iván González, adjudicó la licitación a OIP Sensor Systems. Las dos compañías reclamantes alegaban la existencia de irregularidades. Uno de los reclamos era que Cartoni se reunió con el abogado y coronel Alex Guzmán, miembro de la comisión de evaluación de la licitación, lo cual estaba prohibido en las bases. 

Casa de protocolo 

En enero de 2011 trascendió que la Contraloría investigaba al general Cristián Le Dantec, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, luego que la empresa Mar Azul, dedicada a la venta de contenedores habitables, lo denunciara ante el organismo fiscalizador por cometer supuestas irregularidades en una licitación. Le Dantec ya estaba cuestionado por la Contraloría por el intento de adquirir una “casa de protocolo” avaluada en más de un millón de dólares. Le Dantec había exigido que la casa tuviera una pieza de servicio con baño, sala de lavado y planchado, living separado del comedor, comedor principal y comedor de diario, piscina, sala de estar distinta del living, jardín con sistema de riego automático y sistema de calefacción central, entre otras características. 

Helicópteros 

En noviembre de 2009 The Clinic publicó un artículo sobre las anomalías detectadas en un proceso de modernización de los helicópteros del Comando de Aviación del Ejército (CAVE) denominado “Proyecto Centauro”, efectuado desde 2002 y que era investigado por el juez Manuel Valderrama. Dentro de las propuestas evaluadas para la adquisición estuvieron las naves usadas Súper Puma AS 332 y Puma SA 330, los modelos nuevos AS 532 Cougar, ofrecido por Eurocopter a 16 millones de dólares la unidad, y el MI-17, de la rusa Kazan Helicopters, a 7 millones de dólares. Uno de los oficiales evaluadores, Carlos Díaz Kastowsky, descartó a los primeros, sobre la base de un informe efectuado en 2002 por el coronel Hugo Barría Rogers, donde se aseguraba que la aeronave rusa superaba “en el doble las capacidades del helicóptero SA-330 Puma”. La opinión de Díaz no fue atendida. Es más, el entonces mayor Carlos Ricotti, le ordenó escribir un documento que beneficiara a la empresa Eurocopter. Con esa presión encima y consciente de las anomalías en la compra, Díaz pidió una audiencia con el entonces comandante en jefe del ejército, Óscar Izurieta, a quien le entregó una carta denunciando los hechos. En noviembre de 2007 el general Izurieta suspendió la compra de helicópteros, pasó a retiro al jefe de esa unidad, Jorge Gualda, y ascendió al oficial Díaz Kastowsky, enviándolo al extranjero. 

Eurocopter volvió a insistir en la venta a través de CYM, su representante en Chile, propiedad de Virgilio Cartoni,  ofreciendo otra vez los helicópteros AS 532 Cougar, consiguiendo que el ejército decidiera finalmente comprarlos.  El contrato se firmó a fines de noviembre de 2007 por ocho aeronaves, en una suma total que bordeó los US$170 millones. 

El coronel Barría Rogers, en tanto, quien se había pronunciado a favor de los helicópteros rusos, fue designado agregado militar en la embajada de Chile en Francia, pero debió pasar a retiro en julio de 2006, luego que detectives lo interrogaran en Francia por su participación en el lanzamiento al mar de los cuerpos de los cinco frentistas desaparecidos en septiembre de 1987. Barría era el copiloto del helicóptero usado para trasladar los cuerpos. Tras su salida del Ejército, Barría Rogers se convirtió en ejecutivo de CYM, la empresa de Cartoni, donde también laboraba el general (r) Hernán Ramírez Hald, exdirector del Comando de Industrias Militares e Ingeniería, involucrado como cómplice en el asesinato de Tucapel Jiménez. 

Insumos médicos 

Cartoni también tuvo participación en el negocio de los insumos médicos a través de otra empresa llamada Comercializadora de Insumos Médicos CyM Limitada. En ella se asoció con Mario Marshall L’Huillier, coronel en retiro que pasó por la DINA y tuvo instrucción de contrainsurgencia urbana en la Escuela de las Américas en 1974. 

En marzo de 2001 CyM Limitada actuaba con el nombre de fantasía Insumed cuando fue denunciada por Contraloría tras detectar irregularidades y sobreprecios en la venta de productos médicos al Hospital Militar. Insumed estaba formada por tres socios: el teniente (r) Virgilio Cartoni Maldonado, el comandante (r) Mario Marshall González y el coronel (r) Mario Marshall L’Huillier. 

Milicogate 

Es el fraude más grande conocido hasta hoy que ha cometido el Ejército, donde se desviaron fondos de $6.100 millones de la Ley Reservada del Cobre con otros fines. Fue dado a conocer en una serie de reportajes por el periodista Mauricio Weibel el año 2015. 

Los fraudes consistían en el uso de boletas y facturas falsas para extraer el dinero, las cuales no estaban reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, mediante la compra de material bélico inexistente. Dentro de los involucrados se encuentran el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz, ambos relacionados con las finanzas del Ejército. El dinero pertenecía a saldos sobrantes de, por ejemplo, cambios de peso chileno a dólar estadounidense. Se emitían facturas por servicios no prestados de proveedores del Ejército, como Frasim (Francisco Huincahue), Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Pinto. El encargado de extraer los fondos era Cruz, que trabajaba en la contabilidad del Ejército, mientras Montero se encargaba de conseguir las facturas y apurar los pagos. 

En marzo de 2014, mientras revisaba unas facturas, el Tesorero del Ejército, el coronel Samuel Poblete, detecta irregularidades y se da cuenta de que la firma y el puesto de uno de los oficiales que firmaba no correspondían. Al tomar contacto con uno de ellos, pudo comprobar que estaba frente a un fraude, informando de ello de forma inmediata. Al exigir explicaciones al coronel Montero, este se desliga del hecho, inculpando de todo al cabo Cruz. 

El caso es investigado por la abogada Paola Jofré, de la VI Fiscalía Militar. En los llamados a declarar de los imputados, ninguno reconoce estar completamente involucrado en la malversación de fondos. Mientras se revisaban más facturas, otras en situación irregular aparecían, pasando de unas decenas de millones de pesos al nivel de miles de millones de pesos, los cuales en palabras del coronel Montero “Se gastaron la plata en casinos, propiedades, caballos y fiestas”. Entre los gastos más sonados, está el gasto de más de $2.000 millones en casinos. El nivel y alcance de las acusaciones llegaron a provocar la entrada de la justicia ordinaria con una querella de parte del Consejo de Defensa del Estado en contra de los responsables civiles. 

En 2016, el general (R) Héctor Ureta junto con el por entonces diputado Jaime Pilowsky denunciaron un supuesto borrado de datos desde los servidores del Comando de Ayuda de la Fuerza, sospechando de una red más amplia de implicados. El diputado hizo hincapié en el nulo control de los asuntos militares por parte del poder político. 

En abril de 2016, el ministro en visita Omar Astudillo citó al excomandante en jefe, General (r) Juan Miguel Fuente-Alba debido a que poseía más de 1000 millones de pesos en bienes, los cuales presuntamente no tienen justificación. Se presentaron pruebas como traspaso de automóviles de lujo, traspaso de bienes raíces y sociedades entre la familia del general. Debido a los costos de sus inversiones y compras comparadas con su sueldo de unos cuatro millones, se inició una causa por incremento patrimonial injustificado. En mayo de 2016 el proveedor del Ejército Patricio Reyes presentó una querella en contra de Virgilio Cartoni por irregularidades en la compra de uniformes militares, en cuya licitación no se pagaron impuestos por más de 1000 millones de pesos y hubo un sobreprecio de alrededor de 302 millones de pesos. Las compras realizadas por Cartoni (Comercializadora, Exportadora e Importador CyM S.A.) se realizaron por una empresa externa (Servicios de Abastecimiento y Mantención Limitada) de propiedad del empresario iquiqueño Jorge Neira Hernández. Además se presentó otra querella en contra del general (r) Antonio Cordero por autorizar la licitación. Sin embargo, esta acusación de parte del proveedor Reyes se consideró que carecía de sustento, por cuanto el sistema de adquisiciones del Ejército para los montos involucrados exige la aprobación a través del Comité Permanente de Adquisiciones, con una resolución del propio Comandante en Jefe. En agosto de 2016, la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados (responsable de indagar las responsabilidades administrativas en el fraude), publicó en su página los resultados de la investigación. Entre las conclusiones, se destacan la falta de fiscalización de Contraloría General de la República, poco control legislativo por parte del Ministerio de Defensa y la responsabilidad del excomandante en jefe Fuente-Alba en el monitoreo de gastos. Además responsabilizó a los generales que ejercieron el mando de la Contraloría del Ejército y del Comando de Apoyo a la Fuerza, calificándolos de negligentes. La principal recomendación hecha fue la derogación de la Ley Reservada del Cobre. 

Dos años más tarde, el 5 de octubre de 2018, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, zanjó la decisión de la persecutora de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Ximena Chong, de no perseverar en la investigación por delitos tributarios que se seguía en contra del proveedor del Ejército Virgilio Cartoni, lo que dejó sin sustento la acusación del proveedor Reyes. 

Violaciones sexuales en Haití 

A mediados de diciembre de 2019 se conoció que efectivos de instituciones armadas de Chile aparecían eventualmente involucrados en casos de violaciones en Haití, mientras se desempeñaron como parte de la misión de Paz de la Naciones Unidas, conocida como MINUSTAH, entre 2004 y 2017. La información, que se desprendió de un artículo publicado el 17 de diciembre de 2019 en la revista académica The Conversation por las investigadoras y académicas, Sabine Lee y Susan Bartles, concluye que hubo 265 casos de bebés nacidos de encuentros entre personal militar de diversos países y niñas y mujeres haitianas, bajo diversos tipos de relaciones, lo que también incluye el abuso. De esos casos, según un cuadro comparativo que se publicó en la misma investigación, Chile se ubica detrás de Brasil y Uruguay como las naciones con más imputaciones de paternidades de bebés abandonados en el citado país, con alrededor de 20 casos. 

Autores: Jorge Molina Araneda y Patricio Mery Bell