El avance de la derecha dura

Por Pablo Monje-Reyes, Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, Universidad de Los Lagos; Magister en Gestión y Políticas Públicas, DII, Universidad de Chile.

1. La derecha y sus discursos del terror

Desde los primeros días de las movilizaciones sociales que se inician el 18 de octubre 2019, la derecha dura ha mantenido su clásico perfil histórico represivo, autoritario y regresivo. Recordemos sus discursos criminalizando un supuesto enemigo interno peligroso y violento.

Con este discurso, su objetivo táctico era obtener más herramientas para reprimir la movilización legítima del pueblo en las calles de todo el país. No olvidemos el número de personas mutiladas en su visión y todas las y los jóvenes en procesos judiciales que aún no terminan con sanciones efectivas, litigios que al día de hoy están transgrediendo claramente todas las normas de un legítimo proceso judicial.

Ya queda claro a la luz de los hechos, que la derecha firmó el acuerdo por una nueva constitución y proceso constituyente sólo para ganar tiempo y re-articular su estrategia de mantención del poder. Se vino la pandemia en donde sus primeros pasos de gestión en la contención de avance del virus fueron de un claro carácter clasista, hasta el Ministro de Salud de la época reconoció que el efecto más duro iba a ser para los sectores populares.

Pero a la vista de los hechos y la evidencia de la estrategia implementada, el objetivo no era detener ni menos terminar con la pandemia, sino usarla como un muro de contención de las movilizaciones sociales. Lo podrán negar, pero la derecha se ha caracterizado en su vida política por inventar estrategias conspirativas, como por ejemplo, el tan mentado Plan Z en la década de los setenta que les sirvió para derrocar a un gobierno democrático legal y legítimo, y con ello desarrollar toda una política de Estado de violación sistemática a los derechos humanos de los militantes de los partidos de izquierda.

Así, la derecha ha intentado por todos los medios no sucumbir ante los ojos de la ciudadanía con su cúmulo de acciones de políticas públicas que, caracterizadas por su letra chica, no fueron ni han sido efectivas hasta hoy, para las personas que están sufriendo los efectos más descarnados de la pandemia por ya interminables 6 meses, y que es el hambre y la incertidumbre sobre su futuro.

Emerge la respuesta del retiro del 10% de las AFP, medida aprobada en contra de los designios del terror de la derecha, pues, nos decían que la economía se venía abajo, que el país se terminaba y que las pensiones iban ser peores a futuro. Evelyn Matthei, alcaldesa de Providencia y ex-ministra del Trabajo durante el primer mandato de Sebastián Piñera, decía sobre el retiro del 10%; “Lo que van a provocar si esto se aprueba es que Chile se va a incendiar (…) Realmente, la forma irresponsable en que se está legislando haciendo leyes demagógicas es que van a incendiar el país…” (Radio Biobío; 08 de Julio 2020).

Aprobada la medida de rescatar el 10% de los fondos previsionales por el Congreso, la economía no sólo no se vino abajo, sino que los empresarios del retail y del sistema financiero-bancario que se oponían a la medida, hoy, dicen que la inyección de los recursos del 10% han sido muy oportunos y muy beneficiosos para reactivar la economía. De esta manera, una vez más, la derecha queda al desnudo y -como siempre- su discurso catastrofista queda sin piso.

Pero, comienzan los movimientos al interior de la UDI por un cambio de timón en la conducción política del gobierno. En ese momento, el ex-senador Víctor Pérez, de la UDI, y hoy Ministro del Interior, decía; “Urge a Chile Vamos elaborar una nueva estrategia y una nueva acción política para enfrentar este difícil momento (…) La debilidad que mostramos como Gobierno y como partidos es algo que debe rectificarse a la brevedad…» (Radio Cooperativa; 14 de julio 2020).

2. Los duros ingresan al gobierno la UDI y sus redes

El reciente 29 de julio se produce un cambio de gabinete en el Gobierno. Entran los duros con un mandato claro, hay que salvar a la coalición Chile Vamos haciendo la diferencia con salvar al Gobierno de Sebastián Piñera. ¿Por qué esta sutil diferencia? Se pueden plantear un par de respuestas al respecto y que se integran entre sí, recordemos que la política son acciones sucesivas no lineales.

La UDI da por terminado el gobierno de Sebastián Piñera, y lo que deben hacer como prioritario, es recuperar su electorado para enfrentar a una oposición dividida en las próximas elecciones y ganarlas, para revisar y retrotraer todo lo acordado bajo la presión de las movilizaciones del pueblo. Otra respuesta, es entrar con mano dura a enfrentar los conflictos de clase expresados en distintos ámbitos de la vida política del país, a saber, proceso constituyente, conflicto mapuche, conflictos medio ambientales, demandas de justicia de género, un más que probable estallido social 2.0 y la consiguiente movilización social y, dar la madre de todas las batallas; hacer caer el proceso constituyente.

¿Cómo se ha expresado el cambio de gabinete en la coyuntura política? El ministro Víctor Pérez, hombre formado en la dictadura como alcalde designado, cuadro de la derecha muy cercana a Colonia Dignidad y a Paul Schäfer, jerarca del enclave alemán, activo violador de derechos humanos y condenado por pederasta, además, es un duro y un personaje de la historia de la UDI y de su apoyo a la dictadura por principios ideológicos. Él parte su debut como Ministro del Interior visitando la región de La Araucanía, donde dijo; «Mientras sean los violentos los que cada día puedan tener mayor influencia, la posibilidad de arreglar nuestros problemas se aleja y -por lo tanto- vamos a tener esa especial preocupación» (Radio Cooperativa, 31 de julio 2020).

Al otro día de su visita a la región -en la comuna de Curacautín- se produce el desalojo del edificio consistorial que estaba tomado por las comunidades mapuches demandando la libertad a los presos políticos mapuches. Esta fue la respuesta del Intendente de la región, Víctor Manoli, subordinado del ministro Pérez; «Desde el primer minuto que tomamos conocimiento de la toma ilegal del municipio y debido a que son instituciones autónomas del Gobierno, se instó a los alcaldes a solicitar desalojar los recintos, dentro de los municipios que se vieron afectados durante la noche de ayer y las primeras horas de hoy, se realizaron destrozos y rayados…» (Radio Cooperativa, 1 de agosto 2020). Pero, nada dijo que a Carabineros los acompañaba una turba de personas armadas, dispuestas a retomar por la violencia las dependencias ocupadas, en toque de queda, sin salvoconductos y con cánticos racistas de un abierto perfil fascista.

Esta es la expresión más clara que la derecha dura entró en operaciones para recuperar la confianza de su electorado en la región y, como consecuencia lógica, recuperar la confianza de su electorado en el país. Pero, estas operaciones no sólo se dan en el accionar del Ministro del Interior Víctor Pérez. Días después, diputados de la bancada UDI presentan un proyecto de ley que busca eliminar de la papeleta del plebiscito del próximo 25 de octubre la opción “Convención Constitucional” -conocida como Asamblea Constituyente- y reemplazarla por un “Congreso Constituyente”.

La preocupación de esos legisladores es el “importante gasto fiscal que significará para nuestro país el calendario electoral de este y el próximo año, así como también el gasto que implicará el proceso de redacción de la nueva Constitución (…) Así las cosas, el presente proyecto de reforma busca generar un ahorro fiscal, modificando las opciones de órganos que puedan redactar la nueva constitución, reemplazándose la alternativa Convención Constitucional por la de Congreso Nacional, a fin de que sea la ciudadanía quien tome dicha decisión…” (Diario La Tercera, 10 de agosto 2020). Así, la segunda línea de acción se pone en marcha, echar abajo como sea el proceso constituyente con representación popular y dejarlo en manos del Congreso.

3. Entran al debate político los ex comandantes de la FFAA

En forma paralela, la derecha comienza la operación con los Generales y Almirantes jubilados. En carta del 20 de agosto 2020 escrita en el marco del 77º aniversario del Cuerpo de Generales y Almirantes en retiro de la Defensa Nacional, Rodolfo Codina Díaz, Almirante ® y quien funge como presidente de esa asociación, hace una reflexión sobre el estado de la situación política del país: “Nos encontramos enfrentados a una encrucijada que puede afectar gravemente el devenir de nuestra República, por hechos y situaciones que, sin duda, podrían marcar de manera trascendente su futuro social, político y económico (…) Siendo esto algo que afecta a todo el país y, en consecuencia, también a nuestra organización, hemos estimado necesario reflexionar sobre la anormal situación que vivimos, originada en manifestaciones violentas promovidas y llevadas adelante por grupos activos, muchos de ellos de naturaleza aparente o efectivamente anárquica, los que a partir de mediados de octubre pasado, han alterado el orden público y afectado el normal desarrollo de las actividades ciudadanas…” (Cita textual).

Un primer elemento que emerge desde esta carta, es su alto nivel de concordancia con el análisis sobre la situación política y con las opiniones de los personeros de derecha y, en particular, con la visión política de la UDI. No hay que olvidar que en el gabinete político actual este Partido está repotenciado. Pero, lo que más llama la atención en esta carta, es la crítica al “Acuerdo por la Paz” firmado en el Congreso por diversas fuerzas partidistas en la madrugada del 18 de noviembre 2019, y la forma de resolver este escenario político para este cuerpo de ex–generales y almirantes está siendo motivo de reflexión.

Rodolfo Codina, el almirante ® sigue su argumentación: “Como es sabido, en medio del estallido social, diversos políticos tanto de gobierno como de oposición, acordaron consultar a la ciudadanía sobre el mantenimiento de nuestra actual Constitución o su reemplazo por una nueva, asumiendo y atribuyendo a la que actualmente nos rige, el origen de todos (sic) las dificultades y problemas que distintos sectores de la ciudadanía vienen planteando en las últimas décadas (…) Para una serena reflexión, debemos recordar que la Constitución Política que nos rige, tuvo su origen en un estudio profundo efectuado por un connotado grupo de juristas constituidos durante el Gobierno Militar (…) Sin duda, que podemos seguir perfeccionando nuestra Carta Magna con los mecanismos previstos en ella y con las (sic) participación de los actores políticos componentes, pero, no parece en absoluto razonable que sin un estudio y análisis serio de su contenido se propicie su derogación y reemplazo por otra, ya que, al hacerlo sin saber los fines que la motiva ni los objetivos reales perseguidos por sus promotores, sería imperdonable irresponsabilidad con nuestro pasado y el futuro de nuestra Patria…”.

En estas citas emergen los elementos más paradigmáticos que ha defendido la derecha más dura en el debate sobre el proceso constituyente. Es posible pensar razonablemente y con toda lógica que la UDI ha desarrollado un acercamiento hacia estos oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas, porque los argumentos esgrimidos en la carta son de una factura idéntica a los argumentos de los personeros más reaccionarios de este partido.

Es importante señalar que las Fuerzas Armadas se han considerado conceptualmente como las “guardianas” de nuestra República, manteniendo un tutelaje militar sobre nuestra institucionalidad democrática desde los inicios de la república hasta el día de hoy, con especial énfasis desde la dictadura encabezada por Pinochet. En gran medida, este tutelaje les ha permitido condiciones de vida diferenciadas del resto de los chilenos, ventajas previsionales, por ejemplo.

Asimismo, esta primacía espuria ha hecho posible la apropiación de recursos y bienes estatales y públicos que han sido investigados, y respecto de los cuales se han descubierto grandes y graves desfalcos a las arcas fiscales por parte de las fuerzas armadas. Los casos más connotados los investiga la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quién ha dictado condenas de cárcel en varios de ellos.

Por ejemplo: “El fallo se da en el marco del cuaderno investigativo «Tecnodata II», en que la jueza indaga delitos de fraude al fisco y falsedad en materia de administración militar, condenando a 13 años de presidio al general ® Jozo Santic…” (Diario La Tercera, 13 noviembre 2019). Otro caso en donde se ve envuelto un ex comandante en jefe del Ejército es el de Juan Miguel Fuente-Alba, quien “se transformó en el primer exjefe del Ejército en ser formalizado por la justicia penal. En la instancia, el fiscal José Morales precisó que durante el período en que estuvo al mando de la institución, entre 2010 y 2014, realizó gastos por más de $7.324 millones, y el perjuicio fiscal por el delito que se le imputa alcanza los $2.980 millones al año 2014. En la formalización saltó a la palestra el nombre de la esposa del general ®, Anita Pinochet, también imputada en la causa y quien asoma como factor clave del esquema de blanqueo. Otro dato fue la relación del exjefe castrense con Ditec, la empresa a la que adquirió autos de lujo, otra de las “dinámicas” de lavado de dinero empleadas por el ex-militar, según la Fiscalía…” (Diario electrónico El Mostrador, 20 de Junio 2019).

Por último, la misma ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, llevó a proceso al general en retiro del Ejército y ex comandante en jefe, Humberto Oviedo; «De conformidad con lo dispuesto en los artículos 274 a 278 del Código de Procedimiento Penal, se declara que se somete a proceso a Humberto Oviedo Arriagada, en su condición de autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos (…) A través de un comunicado, el Poder Judicial añade que el perjuicio total provocado al Fisco por el ex militar asciende a la suma de $4.596.129.200, equivalentes a 94.296,82 UTM…» (Diario electrónico El Mostrador, 28 de junio 2029).

Por tanto, cualquier debate que pone en cuestión el proceso constitucional por parte de los ex–generales y ex-almirantes como lo afirman en su carta firmada y encabezada por el Almirante ® Rodolfo Codina, tiene intereses manifiestos y comprometidos con el comportamiento de sus asociados que están siendo procesados judicialmente por el mal uso de bienes y recursos fiscales. Obviamente, la actual carta constitucional elaborada en la dictadura militar, les permite a los comandantes en jefe de las distintas ramas de las fuerzas armadas tengan hoy mucha autonomía y discrecionalidad en su actuar y de no sometimiento al mando político-civil de las autoridades de la república.

4. La derecha y sus acciones legislativas

Como se señalaba anteriormente, asume la derecha dura en el Gabinete político y se pone en marcha la maquinaria conservadora, así, propone de inmediato un cambio en la ley electoral, y que tiene como objetivo deteriorar la representatividad de ideas políticas en el parlamento, en particular, busca disminuir el número de diputados por distrito. Esta medida la justifican diciendo: «La manera de reducir no va a ser una propuesta del Ejecutivo de dónde se produce, la facultad se le entrega al Servicio Electoral para que ellos reduzcan el número según el Censo…», como lo detalló el Ministro Cristián Monckeberg (Pauta, 06 de agosto 2020).

La propuesta del gobierno es reducir el número de diputados de 155 a 134 y mantener en 50 el número de senadores. El argumento principal del ministro de la SEGPRES es que desde el Ejecutivo se abren a poner un piso, un porcentaje mínimo de votación individual por distrito. Desde La Moneda impulsarían que ese piso fuera del 3% de los sufragios y terminar así con la bancada del 1%, como denominaron varios parlamentarios oficialistas a sus colegas que fueron «arrastrados» por un candidato que tuvo una alta votación.

El argumento de los parlamentarios de derecha se grafica en la opinión del diputado de RN Gonzalo Fuenzalida: «Este no es un tema de conveniencia o no, tenemos que hacer que nuestra democracia sea representativa y no es justo que parlamentarios que sacaron alta votación finalmente no lleguen al Parlamento y lleguen algunos con muy poca votación…» (Pauta, 06 de agosto 2020).

El argumento de la derecha está basado en una visión reduccionista de la democracia, vinculándolo a la tesis de que la mala percepción evaluativa del congreso por parte de la ciudadanía corresponde a tener parlamentarios cuya integración se debe a la alta votación de su compañero o compañera de lista. Pero, lo correcto a comprender es que los parlamentos en toda democracia deben representar ideas de sociedad, por tanto, los mecanismos electorales deben garantizar la representación de ese abanico de ideas.

De esta manera, la función principal de un parlamento es parlamentar entre pares ideas de sociedad que se plasmen en leyes. Esta función es la principal y fundamental de una democracia, y que se debe expresar en la composición del hemiciclo de un parlamento. Los parlamentos, por tanto, deben representar la diversidad de visiones de mundo que tiene una sociedad, y para eso los mecanismos electorales de representación proporcional no buscan integrar personas o liderazgos individuales, sino, integrar bloques de ideas, por tanto, la elección de parlamentarios permite una agrupación de ideas que se representan en los candidatos y candidatas que son elegidas por pacto, primero, y en segundo término por subpacto.

Ambos, pactos y subpactos, representan ideas específicas de un partido y de una alianza de partidos, y sus candidatos y candidatas son elegidos por las ideas que le representan a sus electores. Así, el sistema electoral proporcional privilegia este debate y garantiza la representación de ideas y no de personas. El concepto del proyecto de la derecha va en contra de la democracia de la diversidad de ideas, y solo pretende configurar un parlamento más restrictivo con el objetivo de que los quórums y los procesos legislativos sean a favor de ellos, en la práctica. Esta es la verdad de su tesis reformista, ya que argumentan sobre la base de la representatividad de los parlamentarios en forma individual y no del proyecto de ideas que se representan como bloque político partidista.

Este es un paso más que se suma a los otros pasos de la estrategia conservadora y que busca limitar, coartar y cercenar la representación de ideas de cambios, de transformación de la sociedad. La derecha se opone con todas estas acciones que afirman su estrategia general descrita en los acápites anteriores.

5. El infaltable componente gremial en la estrategia de la derecha

Otra pieza clave que se agrega a este ajedrez perverso en que se encuentran empeñados los sectores más reaccionarios de la derecha chilena, y que evidentemente han tomado el timón del barco gubernamental desde el 29 de julio 2020, es la faceta gremial en su estrategia de salirle al paso a las intenciones modernizadoras y democratizadoras de la sociedad chilena.

A la cabeza de esta arista política está la Confederación empresarial de camioneros, que desde el jueves 27 de agosto a las 0:00 horas inician sus movilizaciones obstaculizando el libre tránsito de vehículos y bienes de consumo, alimentos de primera necesidad, entre otros.

Si bien las intenciones de estos sectores son las de paralizar y detener el tránsito en las principales rutas del país, inmovilizando las actividades económicas y productivas, no pueden hacerlo sin perjudicar gravemente a sus padrinos políticos que, precisamente, se domicilian en La Moneda, pues, en un tiempo de pandemia y en un estado de excepción de Catástrofe Nacional, como en el que nos encontramos, caerían inevitablemente en la transgresión ilegal que debiera ser juzgada por los protocolos de la ley antiterrorista, porque este tipo de sabotajes no pueden ser calificados de otra manera que no sea puro y simple terrorismo, y así puestas las cosas, el tiro podría salirles por la culata, amén de la tremenda impopularidad que carga ese gremio transportista desde su rol golpista en los hechos políticos que culminaron con el derrocamiento del Presidente Salvador Allende. Condena pública que hoy podría multiplicarse de llevar a cabo movilizaciones que podrían agravar aún más las complejas y delicadas condiciones que vive actualmente la población chilena a raíz de la tragedia sanitaria del coronavirus.

El afán de esta multigremial, que reúne a los grandes empresarios camioneros a cargo de la carga terrestre interna del país, es presionar al Congreso con la complicidad de La Moneda, para aprobar un paquete de 13 leyes, “curiosamente”, el mismo grupo de iniciativas legislativas que impulsa con gran vehemencia el mismo poder ejecutivo. Leyes que buscan ir en directo beneficio de ese sector gremial, y que van desde la posibilidad de alcanzar ambiciosos objetivos políticos, como por ejemplo, otorgarle al Estado más atribuciones que le permitan militarizar los conflictos étnicos de la Araucanía, hasta legislar en afanes prácticos y cotidianos como eximirlos de pagos de peajes para sus rutas y traslados.

Este Paro u obstaculización de carreteras que tiene un carácter indefinido, intenta provocar desde el empuje provocador de un gremio patronal, como antaño, un estado de crisis y conflictividad social que le permita a la derecha buscar una salida política y policial distinta, que obligue al conjunto de los actores políticos a revisar las fechas, los tiempos y los cursos regulares y ya concordados del proceso constituyente. Si a lo anterior -como ya se mencionaba- agregamos el estado de peligrosa latencia en que se encuentra la estrategia sanitaria con que se está enfrentando la pandemia desde el Ministerio de Salud, en que al fracaso de las cuarentenas dinámicas hoy se agregan e instalan los absurdos e inconsistentes desconfinamientos dinámicos, con resultados absolutamente inciertos y sospechosos que no poseen credibilidad alguna respecto de sus cifras, resultados y consecuencias, tenemos de esta manera, que la derecha está jugándose todas sus cartas, por angas o por mangas, ya sea por la trágica vía sanitaria o por el desorden social provocado por un Paro camionero, pero, lo cierto, es que la derecha chilena no va a enfrentar un proceso global de reformas estructurales del Estado sin recurrir a todas sus armas y que no son pocas, legales e ilegales, legítimas e ilegítimas, porque perder privilegios es algo que la oligarquía nacional no va a permitir sin poner en jaque todas las fuerzas y capacidades de la voluntad popular.

6. La izquierda transformadora y las conspiraciones de la derecha para excluirla

En los últimos días del año 2019, la derecha chilena, con su clásico tono de arrogante patrón de fundo, y a través de los diputados Álvaro Carter de la UDI y Sebastián Torrealba de RN, presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para destituir de su cargo al legislador Hugo Gutiérrez (PC), por infringir la ley y la constitución, además de, a su juicio, promover la violencia y el desorden público. A esta iniciativa persecutoria se sumaron otros 8 diputados y diputadas también de derecha.

Su justificación es una supuesta incitación a la violencia por parte del diputado Gutiérrez en el contexto de las movilizaciones sociales a partir del 18 de octubre 2019. Una argumentación de triquiñuelas jurídicas donde el diputado demandado no le reconoce al Tribunal Constitucional ninguna competencia jurídica sobre los poderes del Estado, ni menos, una eventual capacidad para destituirlo, por ser una institucionalidad rearmada en la dictadura con objetivos claros de torcer la voluntad de las mayorías en leyes claves para el actual modelo socio-económico de carácter conservador.

Esta acción política no pretende nada más ni nada menos que excluir a un parlamentario comunista, que en su vida política se ha confrontado abiertamente contra la derecha tanto en el plano legislativo como en el plano de la defensa de los derechos humanos. En 1998, este abogado presentó una querella por la Caravana de la Muerte que permitió el desafuero y procesamiento del dictador Augusto Pinochet y, posteriormente, llevar a tribunales al ex comandante en jefe Juan Emilio Cheyre, por la arista criminal de 15 personas ejecutadas sin juicio ni sumario alguno en hechos ocurridos en el marco de la Caravana de la Muerte en octubre de 1973 en la ciudad de La Serena.

También llevó a proceso y a ser condenado al ex director de la CNI, Odlanier Mena, por la muerte de Lizandro Sandoval Torres. Logró condenas en los alevosos hechos de muerte de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, entre muchos otros casos que han tenido gran impacto histórico, mediático y legal, en la extensa e intensa lucha por verdad y justicia que se ha dado en Chile.

Por último, Hugo Gutiérrez, en su calidad de diputado, es co–autor de la ley Nº 20.968, que tipifica Delitos de Tortura y de Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, ley que a la derecha le incomoda grave y directamente en su historia política reciente por haber avalado por acción u omisión dramáticas violaciones a los derechos humanos en Chile.

La propuesta de destituir a Hugo Gutiérrez como parlamentario no es más que otra parte de la táctica general de la derecha para aislar y excluir a representantes democráticamente elegidos que han contribuido a la defensa de los derechos humanos, y que han estado junto a luchadores sociales y populares que en dictadura fueron duramente reprimidos. La derecha no le perdona a Hugo Gutiérrez su capacidad para enfrentarlos y demostrarles su complicidad histórica y política con la dictadura militar. A la derecha, todos los subterfugios de dudosa legalidad le servirán para intentar sacar del camino a un luchador y, de carambola, debilitar la presencia política del PC en el parlamento.

Esta estrategia, en que uno de sus componentes es el descrito anteriormente, tiene otra variante que se comienza a definir solapadamente, pero que ya se escribe y describe por parte de uno de los intelectuales orgánicos de la derecha dura, Gonzalo Rojas. En una columna publicada el 12 agosto 2020 en Emol y en Nuevo Poder, titulada “Izquierdas duras en problemas”, plantea una hipótesis de trabajo político que alimenta la estrategia de exclusión política al PC de la siguiente manera: “Si miramos los problemas que tiene la izquierda en estos momentos, ¿no descubrimos acaso que son tanto o más graves que los que padece el Gobierno? (…) No me refiero a esa izquierda moderada, a esos partidos que han secundado con irresponsable docilidad cuanta locura les han pauteado el PC y el Frente Amplio. Pienso más bien, justamente, en estas dos fuerzas rupturistas y en su afán por derribarlo todo…”.

Rojas alaba la capacidad de crear nuevas correlaciones de fuerza desde las movilizaciones por parte de estas izquierdas. Hace una advertencia y orienta un camino de cómo justificar la exclusión del PC y otros. En sus palabras: “La vorágine maximalista -previa y posterior al eventual plebiscito- puede llevar a las juventudes de sus partidos y a gremios afines -en sociedad con anarquistas y narcolumpen-, a provocar el enfrentamiento violento entre civiles en la propiedad privada, en comercios y oficinas, en vías de comunicación, en colegios y universidades, en servicios públicos. Incluso, una victoria del Apruebo podría llevar a los extremistas a quererlo todo y ya (…) Esos enfrentamientos serían una pésima noticia para el frío PC. De ahí su áspera reacción frente al desalojo de municipios en La Araucanía efectuado por ¡civiles! Porque este primer dilema para las izquierdas duras consiste en cómo romper el sistema sin que haya una guerra entre civiles que exija una presencia excepcional del Estado a través de unas fuerzas que, por su armamento, puedan poner a ambas partes bajo control y terminar con el conflicto. Eso sería el final de la favorable ‘correlación de fuerzas’ de la que hoy gozan y hacen gala esas izquierdas”.

He aquí una posición político-represora que se puede comenzar a construir y que tiene los elementos y las “justificaciones” necesarias para la persecución política y legal del PC y de otros actores políticos, las llamadas ‘izquierdas duras’ según este intelectual de derecha. Cabe hacer notar que sin mediar pruebas, sino solo por conjeturas plausibles y por la experiencia histórica de cómo la derecha arma conspiraciones contra los sectores populares que defienden ideas de izquierda y cambios en la sociedad, se comienza a definir una trama de articulaciones que quizás empiecen a tener cobertura tanto en los medios comunicación como en los aparatos de inteligencia.

De hecho, el Presidente Sebastián Piñera, en entrevista al diario La Tercera, dice: “Tenemos mucha información de que hay gente que lleva meses trabajando para incentivar y provocar ese estallido…”, en referencia a posibles nuevas movilizaciones sociales post-pandemia, Quizás, sería bueno que aclarara qué tipo de información maneja, porque de montajes políticos en Chile por parte de los aparatos de inteligencia ya sabemos mucho. En la misma entrevista dice el Presidente: “El Estado de Chile está mucho mejor preparado, tenemos mejor inteligencia, tenemos unas Fuerzas de Orden y Seguridad mejor preparadas, mejor equipadas, con mejor tecnología, tenemos también una opinión pública que estoy seguro que esta vez va a ser mucho más firme y clara en condenar la violencia y el odio, y espero que las fuerzas políticas que, o incentivaron o ampararon o toleraron, hayan aprendido la lección…” (Diario La Tercera, 20 agosto 2020).

Esto dice claramente que buscan una salida a la crisis, pero esta salida parece ser con persecución política que va ser disfrazada de persecución delictual.

Hay que estar muy atentos y vigilantes a los pasos de la derecha dura, pues, todo se vincula, y quizás ya estén buscando adoptar posiciones negociadoras de acercamiento con sectores de centro y pro sistema neoliberal, que les permitan desarrollar apoyos y/o neutralidades para implementar su estrategia de exclusión y represión a las organizaciones de clase en la política chilena, como el PC y organizaciones sociales de clase, entre otras, sindicatos y organizaciones territoriales que hoy se movilizan intensamente a lo largo y ancho de la patria para construir un Chile Digno más transparente, más justo, más igualitario y más democrático.