Por Jorge Molina Araneda
El nuevo proceso constituyente sigue tomando forma luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado aprobaran la nómina (12 cada uno) de las 24 personas que serán parte del Comité de Expertos, el que estará encargado de redactar, en conjunto con el nuevo órgano, la propuesta de nueva Constitución.
Una de las cosas que llama la atención, es que en ambas Corporaciones primó una lógica política, donde cada uno de los partidos instaló a un experto en relación a sus vínculos más que por sus destacados conocimientos técnicos y/o jurídicos. Entre ellos destacan diversas exautoridades de los gobiernos de Sebastián Piñera y Michelle Bachelet.
Los nominados de la Cámara de Diputadas y Diputados son:
Alexis Cortés (Partido Comunista, sociólogo de la PUC), Domingo Lovera (Frente Amplio, abogado de la Universidad Diego Portales), Antonia Rivas (Frente Amplio, abogada de la Universidad Diego Portales), Flavio Quezada (Partido Socialista, abogado de la Universidad de Chile), Verónica Undurraga (PPD, abogada de la Universidad de Chile), Paz Anastasiadis (Democracia Cristiana, abogada de la Universidad Adolfo Ibáñez), Marcela Peredo (Ex PDG, abogada de la Universidad de Talca), Catalina Salem (RN, abogada de la PUC), Juan José Ossa (RN, abogado de la PUC), Natalia González (UDI, abogada de la PUC), Máximo Pávez (UDI, abogado de la PUC), Carlos Frontaura (Partido Republicano, abogado de la PUC).
Por su parte, el Senado nominó a: Jaime Arancibia (RN, abogado de la PUC), Teodoro Rivera (RN, abogado de la Universidad de Chile), Francisco Soto (PPD, abogado de la Universidad Diego Portales), Gabriel Osorio (PS, abogado la Universidad de Chile), Catalina Lagos (PS, abogada de la Universidad Diego Portales), Hernán Larraín (UDI, abogado de la PUC), Bettina Horst (UDI, ingeniera comercial de la Universidad Gabriela Mistral), Sebastián Soto (Evópoli, abogado de la PUC), Leslie Sánchez (PPD-PL, abogada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción), Alejandra Krauss (DC, abogada de la Universidad de Chile), Katherine Martorell (RN, abogada de la Universidad Central de Chile), Magaly Fuenzalida (FRVS, periodista de la Universidad Católica de Valparaíso).
Además, Con 123 votos a favor, 6 en contra y 8 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la nómina de 14 integrantes que compondrán el Comité Técnico de Admisibilidad.
Este órgano, creado especialmente por la reforma constitucional derivada del Acuerdo por Chile, velará por el debido cumplimiento de las doce bases por el Consejo Constituyente, las cuales fueron establecidas por los partidos políticos para reiniciar el proceso.
Las y los catorce juristas escogidos para esta tarea son:
Viviana Ponce de León (Frente Amplio), Julia Urquieta (PC), Marcos Contreras (Acción Humanista), Claudio Grossman (PPD), Estefanía Esparza (Partido Radical), Juan Carlos Ferrada (PS), Tomás Jordán (DC), Marisol Peña (RN), Víctor Avilés (RN), Héctor Mery (UDI), Cecilia Flores (UDI), Ana María García (Chile Vamos), Josefina Soto (Chile Vamos), Enrique García (PDG).
Falsa democracia
De acuerdo al historiador Gabriel Salazar, Chile ha pasado por once intentonas fracasadas de modificar la actual Constitución, en las cuales la ciudadanía ha quedado sin participación real, dejando como única alternativa quedarse en la calle.
La Constitución de 1833 eliminó las únicas dos instancias de participación ciudadana, el cabildo y las asambleas provinciales en donde la sociedad participaba en asambleas y era parte de la toma de decisiones dentro del aparato político. Es interesante señalar que la soberanía popular solo puede expresarse mediante asambleas comunales y regionales.
La Convención Constitucional que fue rechazada, durante septiembre de 2022, en su articulado traía la reposición de la asamblea comunal, regional y lo que llamaron la cámara de regiones, que iba a reemplazar al Senado. Curiosamente, nadie ha hecho alusión a esa asamblea; la Convención traía de vuelta las tres asambleas que entregaban soberanía popular, dejando a la clase política con un mínimo de representatividad.
Después del mes de septiembre, la clase política cree que fue derrotada la alternativa izquierdista y que están en absoluto control del proceso. Hay un lote de declaraciones públicas que con toda tranquilidad dicen que el poder constituyente radica en el Congreso.
De frentón, ya usurpan un derecho natural que es la soberanía popular propia de la ciudadanía. Se lo arrogan a sí mismo y por eso están definiendo todo con una tranquilidad, sin citar a nadie, ni hablar y no dar ninguna referencia a la ciudadanía cuando se habla del consejo representante, de la comisión de expertos, del comité de admisibilidad, etc. Ninguna referencia, y por eso “yo creo que es dictadura y no un proceso constituyente para organizar cómo va a ser el nuevo proceso que va a hilvanar la nueva Constitución”, señala el propio Salazar.
La lógica del nuevo acuerdo constitucional dicta que se incluya al pueblo lo menos posible. Este razonamiento no es nuevo. La encontramos en el viejo voto censitario. Ése que sólo incluía hombres adultos, dueños de una propiedad, que sabían leer y escribir cuando esto era un privilegio. Las mujeres debían ser excluidas.
Esta lógica la encontramos nuevamente en la democracia protegida que nos heredó la dictadura. La soberanía popular debía ser ahogada con un sistema binominal único en el planeta, con casi un 20% de senadores designados hasta 2005, con comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas inamovibles, con un Consejo de Seguridad Nacional que podía llamarle la atención al Presidente, con un Tribunal Constitucional que aún puede fácilmente reescribir una ley aprobada por el Congreso, pero jamás ampliar los derechos constitucionales contenidos en las leyes existentes.
Esta reacción, que no es patrimonio exclusivo de la derecha, desea frenéticamente volver a esa anhelada democracia protegida. Ésa que brindaba orden, progreso y crecimiento solo para algunos. Para ello, es necesario reducir la soberanía popular expresada en el voto a una mera formalidad.
Los consejeros del futuro Consejo Constitucional serán elegidos igual que los senadores. Es decir, el 36% de las y los chilenos que viven en Santiago elegirán el 10% de estos consejeros. Debemos reconocer que estamos ante una hermosa manera de retorcer el principio base de la democracia: una persona un voto.
Dichos consejeros deberán «discutir y aprobar» una propuesta de texto redactada por una Comisión Experta de 24 personas designadas. La lógica más elemental exige que hubiese una definición precisa y rigurosa de qué persona cumple los criterios para ser «experta». No es el caso: lo definirán las y los senadores. Pero hay algo más interesante. Todos los artículos que no sean aprobados por 3/5, pero que no alcancen un rechazo de 2/3 de las y los consejeros, estarán a cargo de una Comisión Mixta de 6 personas, expertos y consejeros a partes iguales.
Esta comisión dirimirá sobre estas normas en conflicto. Pero aquí no termina el asunto. Habrá un Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por otros 14 expertos designados por el Senado. Este comité revisará artículo por artículo buscando contradicciones con las bases institucionales presentes en el acuerdo. De llegar a acuerdos por mayoría absoluta no serán recurribles ante órgano alguno, nacional ni internacional. Pasaremos de una soberanía popular que reside en el pueblo a una soberanía que reside en los expertos.
Lo anterior se explica a raíz de la presión del poder económico privado sobre la independencia de la política, es ya intrínseco al capitalismo neoliberal, sin control democrático y a su libre albedrío.
La hegemonía de este inconmensurable poder está compuesta de una élite -un 1,01% de la población- que, según un estudio de la CEPAL de 2017, ratificado en otro de 2019, perpetúa que el 10% más rico concentre un 66,5% de la riqueza total neta del país, mientras el 50% de los hogares más vulnerables, apenas recibe el 2,16%.
El estudio de 2019 apunta, además, a que solo el 1% más rico es dueño del 26,5% del Producto Interior Bruto. Todos estos datos contrastados demuestran que una élite económica es, en términos absolutos, propietaria de Chile.
Esta riqueza está concentrada, según un estudio de CIPER-ACADÉMICO, del año 2020, en dos grupos: los súper ricos, 140 individuos que tienen un caudal de US$150.000 millones; y los ricos, 1.500 personas con una concentración de riqueza de entre US$5 millones y US$100 millones cada uno, con un total de US$ 120.000 millones.
En conjunto, el 1,01% de la población tiene US$ 270.000 millones (después de la crisis sanitaria mantienen US$ 250.000 millones); vale decir, un 32% de la riqueza privada total de los chilenos que corresponde a un monto de toda la producción de Chile en un año.
Durante más de treinta años la derecha empresarial echó sus anclas en el inmovilismo político para perpetuar el statu quo pinochetista: un capitalismo ultraneoliberal excluyente, elitista y autocrático. Sin permitir los cambios durante 30 años, provocaron el Estallido Social. Su reacción postestallido es el repliegue en sus corrientes políticas más extremas para continuar en el inmovilismo político -decididamente ultraderechista, es decir, antidemocrático- y seguir con sus enormes privilegios oligárquicos.
La clase empresarial y sus partidos políticos hiper corporativistas, umbilicalmente unidos, están anquilosados en una auténtica glaciación ideológico-económica totalitaria; y no tienen receptores para entender la dimensión y la responsabilidad social del empresariado con una sociedad que clama por un Estado social incluyente.
Es más, concibe la democracia como un sistema que se vertebra dentro de una institucionalidad basada en la exclusión de los derechos sociales de las grandes mayorías, como parte fundamental de la filosofía ultraneoliberal: la desigualdad es el combustible para que el emprendimiento individual se dinamice y la economía crezca; es decir, la desigualdad estructural debe existir sí o sí.
Hay un evidente clientelismo político, que se ha ido afianzando a través del tiempo, con una Concertación que en sus primeros años gobernó con un miedo terrible y evidente a lo que los empresarios opinaran de sus políticas sociales. Después se sometieron y cogobernaron con ellos. Al punto que un Presidente socialista entregó su mandato con los ricos aplaudiéndolo de pie. Todo ello avalado por una oposición de derecha muy preocupada de que a los dueños de Chile no se les tocara un pelo. Esta realidad permite explicarnos el porqué de las dantescas desigualdades sociales en nuestro país.
El poder de los ricos y acaudalados de este país y también extranjeros que llegan a «invertir» ha penetrado e influenciado todas las capas de nuestra cotidianeidad, utilizando para ello a sus isapres, universidades, colegios, clínicas y fundaciones para anclar un sistema que les garantice conservar sin mayor riesgo sus riquezas, lo que a su vez les permite ejercer influjo y manipular el poder político a su antojo.
¿El producto? Una economía intrínsecamente injusta y un sistema político excluyente, incompetente y, principalmente, manipulable.
Tema aparte es la concentración de los medios de comunicación masiva, cuyos dueños se mezclan en simpatía y afecto con los dueños de las isapres, las AFP y universidades. Juntos, apuntan a mantener a una población «idiotizada», sin capacidad de análisis y reflexión, destruyendo y minimizando el valor de la política. Ello, a su vez, les ha permitido con el paso del tiempo construir una sociedad sin legitimidad, donde la representatividad se limita a lo malo y lo menos malo.
¿Democracia o plutocracia?
¿Quiénes gobiernan en Chile, los políticos o los ricos? Quizás la respuesta la podemos encontrar en la definición de plutocracia: «Sistema de gobierno cuyo poder lo ostentan los que poseen las fuentes de la riqueza»
Siguiendo a Felipe Portales (2005), ‘el elemento clave que define la existencia de un sistema político democrático es el hecho que la Constitución y las leyes sean el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo. Como es imposible que dicha voluntad se esté expresando permanentemente en plebiscitos, el pueblo requiere de la conformación de asambleas que lo representen’.
‘Pero, para que esta representación sea genuina aquéllas deben ser elegidas mediante un sufragio universal, secreto, libre e informado; y donde cada voto tenga realmente el mismo valor. Es decir, el solo hecho de que haya elecciones periódicas no define la existencia de un sistema democrático. Es más, prácticamente en todas las dictaduras o regímenes autoritarios de hoy los presidentes y parlamentos son elegidos popularmente, pero de tal modo que no representan la auténtica voluntad de la población’.
‘En el caso de nuestro país es claro que la Constitución y las leyes no son el producto de la voluntad mayoritaria del pueblo. Respecto de la Constitución, ella fue impuesta por la dictadura en un plebiscito espurio, descalificado por todos los organismos de derechos humanos y partidos políticos democráticos, nacionales e internacionales. Y, por otro lado, sus contenidos configuran un régimen autoritario en que la voluntad popular mayoritaria es bloqueada por un conjunto de instituciones antidemocráticas: un sistema electoral binominal –único en el mundo- en que cada circunscripción elige dos, y sólo dos representantes, con lo que la primera minoría se iguala antidemocráticamente a la mayoría; y que unido a altos quórum para reformar la propia Constitución y las leyes orgánicas constitucionales, permiten que la derecha minoritaria conserve todos los resortes básicos del poder, incluso perdiendo permanentemente las elecciones de Presidente de la República’.
El movimiento de los estudiantes secundarios (los pingüinos) de 2006, el universitario de 2011, los territoriales en Magallanes y Aysén, el Movimiento No+AFP, el movimiento contra el acoso y abuso de género de 2018; y la rebelión popular del 18 de octubre de 2019, instalaron la cuestión de la justicia, el poder y el trato igualitario en una sociedad desigual, haciendo contrapunto con el “jaguar” de Latinoamérica.
En gran parte el diseño de nuestro Estado se estructuró en dictadura, y a partir de varios preceptos generados durante ese período histórico, en particular, se escrituró e instaló una Constitución de forma no democrática que, a pesar de haber sido reformada, sigue conservando una base autoritaria que limita la influencia de la política o la expresión de intereses divergentes en nuestros arreglos institucionales y que hereda la legislación derivada.
No en vano, la máxima tensión se ha producido en torno a una reforma constitucional. En este instrumento se consagra una idea autoritaria de la sociedad y califica de desorden el disenso, dejando en una autoridad suprema (el Presidente de la República) la atribución de gobernar. Además, se consagra la Doctrina de Seguridad del Estado, poniendo en peligro los derechos fundamentales al calificar las conductas terroristas en el mencionado texto.
En materia económica, el Estado quedó restringido a un rol subsidiario (no empresarial), traspasando, de una forma revolucionaria, al mercado prácticamente todas las esferas posibles y las relaciones sociales que se generan, sin mención, a algún rol en la redistribución o el crecimiento.
Por otro lado, se le entrega una radical preeminencia a lo privado por sobre lo público, lo que queda de manifiesto en la gran cantidad de regulaciones que tiene nuestra Constitución sobre la propiedad (una de las mayores en el mundo).
Así, el Estado solo garantiza la libertad de elegir, no el derecho, privatizando áreas que hoy países de mayor Índice de Desarrollo Humano le entregan estatus de derechos sociales: educación, salud, pensiones (ahorro individual obligatorio) y servicios básicos (agua, energía, transporte público).
El resultado son áreas básicas que cumplen su propósito en la medida que los ingresos individuales permiten pagar por ellos, quedando la inmensa mayoría de la población bajo un sistema de provisión estatal, en condiciones insuficientes, en materias de educación, salud y protección social (pilar solidario y PGU). Cuestión que solo es “corregida” por la vía de subsidios o bonos para la población en extrema pobreza bajo la doctrina de focalización del gasto público.
El diseño de Estado y el efecto de una lógica de mercado con poca regulación desperfiló la acción colectiva que empuja la sociedad civil, debilitando elementos simbólicos como lo es adherir a un proyecto común que trasciende el mero interés individual.
Asimismo aparece debilitado institucionalmente el rol de organizaciones representativas o portadoras del interés colectivo (juntas de vecinos, colegios profesionales, organizaciones comunitarias, etc.) que se vuelven intrascendentes dado su escaso poder de incidencia, quedando sujeta su acción a voluntariado y altruismo. Cuando se reconocen derechos en nuestra sociedad parece tener más vigencia el consumidor que el ciudadano.
El capitalismo es bastante eficiente a la hora de reivindicar sus intereses, sea a través de la fuerza o de una democracia de muy baja intensidad, que es la que existe en Chile por responsabilidad de una Constitución ilegal de origen.
En términos políticos esta falsa democracia se fundamenta en diversas estructuras que niegan cualquier libre expresión de la voluntad popular. Es así como los disconformes, los que no aceptan esta realidad, son descalificados: se les trata de utópicos, de ultrones e incluso de irracionales y enemigos del crecimiento. Es decir, en la práctica, se convierten en el enemigo interno, lo que a su vez nos revela que el régimen se encuentra comprometido ideológicamente con la doctrina de seguridad nacional.
En otras palabras, la democracia de los acuerdos no es más que una dictadura, un sistema que apenas en lo formal respeta los derechos humanos. Esto se percibe claramente en la lógica que subyace detrás de una economía que se nutre del libertinaje del mercado y de una serie de mitos por los que es sacrificada la calidad de vida de la mayoría.
Al final -y me refiero a los fundamentos económicos del régimen- lo único concreto es que se nos explota sin ningún límite, porque la ley suprema que nos rige es que absolutamente todo se compra y vende en los mercados, y al mejor postor. Hasta nuestras vidas son sacrificadas en beneficio de la acumulación privada del capital. No hay garantías constitucionales para todos porque la educación, la salud, la vivienda y todo lo demás, son para quienes puedan pagar por ellos.
La ”libertad” en boca de la élite, es un concepto bastante peligroso. Por ejemplo: la libertad de educación se traduce en segregación, en lucro, en falta de oportunidades, en municipalización, etc. La libertad de trabajar se manifiesta en flexibilización laboral y en sueldos de miseria. Incluso la libertad del mercado es una mentira porque este es controlado por unas cuantas familias a su entero capricho.
Marx y Engels tenían razón al expresar que la única realidad es que el sistema se sostiene en base a la explotación del esfuerzo ajeno, que es simulado a través del proceso de fetichización de la mercancía que en Chile se expresa en una democracia en la medida de lo posible, hecha a imagen y semejanza de los dueños del país.
El sociólogo Jorge Larraín en Identidad chilena, expone versiones específicas de nacionalidad, siendo una de ellas la empresarial posmoderna. Con ella se busca crear una “nación ganadora” exaltando la figura del empresario innovador y exitoso. El autor nos dice textualmente que en esta versión “el éxito solo puede garantizarse con una economía de libre mercado en la que todos los chilenos puedan participar como consumidores, aunque sea con tarjeta de crédito”.
Los créditos bancarios para poder estudiar, el crédito para ir a la clínica y no hacer fila en el consultorio porque está colapsado, el crédito para comprar medicamentos porque están muy caros, el crédito para comprar la comida en el supermercado. Lo tenemos todo, cuando no tenemos nada. Lo han dejado bajo la alfombra, para que ese Chile de las micros llenas, el de los campamentos, el de la miseria, la desigualdad, la pobreza, el sobreendeudamiento, la precariedad laboral y el subcontrato no salga al mundo y se quede bien guardado, porque les da vergüenza saber que viven en un país que no se parece en nada al que le hablan todos los días desde sus puestos de poder.
Son los políticos de un país que no conocen y que no quieren ver. El verdadero Chile no es el país grande y poderoso que se ha pregonado por décadas. Ese país jamás ha existido , por lo menos para los explotados y excluidos del sistema, es decir, la gran mayoría del país.
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