El deber del Estado con los derechos humanos

Por Natalie Rojas, Karen Glavic y Juan Mena

La reciente columna publicada por Ciper, titulada Gobierno responde a la Comisión Interamericana de DD.HH. que esa entidad no tiene competencia sobre crímenes de la dictadura, escrita por Mauricio Weibel (ver columna aquí) , ha vuelto a poner en el centro del debate la manera en que el Estado chileno enfrenta su responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

En particular, el artículo se refiere a la respuesta enviada por el Estado de Chile a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto al caso “Caravana de la Muerte” y, en concreto, a la rebaja de condena a Juan Emilio Cheyre (ver documento aquí). En el texto, se sugiere que la Cancillería habría sostenido que la CIDH carece de competencia ratione temporis –es decir, “por razón de tiempo”– para conocer de hechos ocurridos antes de 1990. Sin embargo, lo cierto es que dicha interpretación no se ajusta a lo señalado en el escrito oficial del Estado: la Cancillería no empleó ese argumento para defender la rebaja de pena a Cheyre, y el caso sigue su curso ante el sistema interamericano, donde aún puede obtenerse un pronunciamiento favorable.

Más allá del tecnicismo jurídico, esta situación nos invita a una reflexión más profunda: ¿cuál es el rol que debe cumplir el Estado cuando se ve confrontado a su propia historia de violencia y violación de derechos fundamentales? En demasiadas ocasiones, el Estado de Chile litiga como si su único interés legítimo fuera la defensa del erario público. Sin embargo, creemos que hay un deber superior: la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.

El despliegue de excepciones y recursos por parte del Consejo de Defensa del Estado o las dilaciones prolongadas en los procesos ante organismos internacionales debilitan ese compromiso. Como bien lo expresó Fabián Salvioli (ver documento aquí), exrelator especial de Naciones Unidas sobre verdad, justicia y reparación, obligar a las víctimas a transitar por un calvario judicial para obtener reparación puede constituir, en sí misma, una nueva forma de violación de sus derechos.

Chile tiene la oportunidad –y la responsabilidad– de diferenciarse de quienes relativizan la centralidad de los derechos humanos en la vida democrática. Chile puede y debe avanzar a paso firme en materia de derechos humanos, y eso siempre requiere mirarse críticamente. Y esa diferencia no puede limitarse a los discursos o conmemoraciones simbólicas: debe expresarse en acciones concretas. El compromiso con la memoria, la justicia, la verdad, la reparación, las garantías de no repetición y el reconocimiento pleno a las víctimas exige que el Estado actúe de manera coherente y ejemplar.

Natalie Rojas

Karen Glavic

Juan Mena

Investigadores Nodo XXI

Fuente fotografía

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