El Estado racista y policial chileno contra el Pueblo Mapuche

Por Jorge Molina Araneda

“El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, ni tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos. No tiene nada”.
Jorge Luchsinger, Revista Qué Pasa (2005)

El primer escudo de Chile fue creado en reemplazo del emblema Real Español vigente en la época y dado a conocer por el gobierno del presidente de la Junta Provisional, José Miguel Carrera, el 30 de septiembre de 1812, durante una celebración en la plaza de Armas de Santiago en conmemoración de la Primera Junta Nacional. El nuevo escudo, expuesto en un lienzo colgado en la portada principal de la Casa de Moneda, incorporado además al centro de la bandera tricolor chilena, tenía como figuras principales a una pareja de mapuches.

Existe una misiva de Bernardo O’Higgins, como Director Supremo de Chile con fecha 13 de marzo de 1819, en la cual califica y reconoce a los mapuches y pueblos australes como independientes: “Araucanos, cuncos, huilliches y todas las tribus indígenas australes: ya no os habla un presidente que siendo sólo un siervo del rey de España afectaba sobre vosotros una superioridad ilimitada; os habla el jefe de un pueblo libre y soberano, que reconoce vuestra independencia, y está a punto a ratificar este reconocimiento por un acto público y solemne”.

El Estado chileno suscribió un tratado con el pueblo mapuche en el año 1825 que se denominó Tapihue, donde reconocía la jurisdicción y soberanía mapuche del río Biobío al sur, el que fue violado a partir de la llamada “pacificación de la Araucanía” que consistió en una invasión y masacre bélica al territorio autónomo y su población en el sur, conculcando una serie de derechos humanos que persisten hasta el día de hoy con fases racistas, colonialistas, genocidas y de despojo.

El breve periodo de respeto y reconocimiento del primer periodo de independencia de la República de Chile cambia abruptamente, señalándose como uno de los motivos el intervencionismo y financiamiento del imperio británico a través de varios agentes en Chile y Argentina, desde donde se impulsan las denominadas campañas militares “pacificación de la Araucanía” que encabezó Cornelio Saavedra en Chile, y la “conquista del desierto“ en Argentina.

Se ha señalado que los tratados como el de Tapihue habrían sido abolidos por la aplicación de la Ley del 4 de diciembre de 1866, con el traspasado de las tierras mapuches antiguas al Fisco. Sin embargo, es importante señalar que autores mapuches como el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, han sostenido que dicha interpretación no tiene fundamentos, ya que el Estado nunca declaró fiscales las tierras al sur del Biobío. Más aún, la legislación reconocía los derechos de propiedad mapuche sobre sus posesiones, anteriores a la propia acción del Estado.

“La afirmación de que el Estado chileno declaró fiscales las tierras en el territorio indígena al sur del Biobío, por medio de la Ley de 4 de diciembre de 1866, constituye un axioma de interpretación ampliamente aceptado (…) Tal enfoque permite, además, realizar una explicación simple y ordenada del proceso de constitución de la propiedad rural en esa región: la propiedad se origina en actos estatales sujetos a una legalidad, tales como remates de tierras fiscales, concesiones, colonización, entrega de títulos de merced a indígenas”.

El historiador agrega en otro punto: “Sin embargo, tal afirmación no tiene fundamentos. El Estado nunca declaró fiscales las tierras al sur del Biobío. Más aun, la legislación reconocía los derechos de propiedad de los indígenas sobre sus posesiones, anteriores a la propia acción del Estado”.

Para Toledo Llancaqueo, una vez ocupado el territorio, tal legislación sobre tierras no se respetó, no se reconocieron las posesiones indígenas en su integridad, y los agentes estatales dispusieron de las tierras como si fuesen fiscales, en actos nulos de acuerdo a la propia legislación chilena.

En el lado de Ngulumapu que se conoce hoy como centro sur de Chile, buena parte de los territorios usurpados fueron destinados a los denominados graneros, con la introducción masiva a partir de 1884 de colonos europeos y la interconexión del ferrocarril, cuyo objetivo principal era proveer de trigo y cebada a la población que participaba en la explotación del salitre en el norte, parte de los botines de la Guerra del Pacífico.

Para generar este escenario de invasión y masacres en territorio mapuche, prevaleció la opinión transversal de diversos actores de influencia del aparato estatal para gatillar un genocidio a nombre de: progresos, soberanías, civilidad y evangelios. A modo de ejemplo, en el año 1859, el Diario El Mercurio de Valparaíso, publicaba: “Los hombres no nacieron para vivir inútilmente y como los animales selváticos, sin provecho del género humano; y una asociación de bárbaros, tan bárbaros como los pampas o como los araucanos, no es más que una horda de fieras, que es urgente encadenar o destruir en el interés de la humanidad y en el bien de la civilización (….) raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campañas es una amenaza palpitante, una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur”.

En 1868, Benjamín Vicuña Mackenna señaló: “El indio, no es sino un bruto indomable, enemigo de la civilización porque sólo adora los vicios en que vive sumergido, la ociosidad, la embriaguez, la mentira, la traición y todo ese conjunto de abominaciones que constituyen la vida salvaje” (Primer discurso sobre la pacificación de la Araucanía).

Un informe del investigador Hernan Curiñir Lincoqueo (2016), historiador de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche, da cuenta de un contexto general, cultural e histórico, que involucra situaciones relacionadas a las acciones bélicas y coloniales del Estado chileno, entre ellas, que en la denominada Pacificación de la Araucanía desde 1860 a 1881 habrían sido asesinados entre 50 mil a 70 mil mapuches.

Las tierras mapuches que quedan en el presente, además, están en grave riesgo a causa de los impactos de la industria forestal, agroindustrial, hidroeléctrica, acuícola, entre otras, que han venido generando diversos nuevos estragos a la vida de las comunidades y la devastación de numerosos territorios.

La invasión chilena sentó las bases de muchos de los problemas que continúan hasta nuestros días. El Estado chileno se hizo con el 90% del territorio mapuche y estas tierras fueron dadas a colonos chilenos y extranjeros para fomentar la explotación agropecuaria. La suerte de la población mapuche fue trágica. Se forzó a las comunidades a radicarse en reducciones, es decir, espacios territoriales muy limitados y con las peores tierras, afectando severamente su modo de vida. Este contexto provocó el empobrecimiento de una población que vivía previamente en situación de relativa abundancia.

La cuestión mapuche cambió en loa década de 1960 con la Reforma Agraria. El indigenismo surgido a principios de siglo permitió la creación de decenas de organizaciones mapuches que convergieron en 1968 en el Congreso de Ercilla, donde se estimó que no había un marco jurídico adecuado para encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales. En este contexto, comenzaron las tomas de terrenos como un modo de encontrar una estrategia de recuperación de tierras y resolver sus pleitos históricos.

La política indígena implementada por la Unidad Popular se diferenció por lo menos en cuatro aspectos de la perspectiva asimilacionista adoptada desde que fuera dictada la primera ley de división de 1927: reconocer la existencia en el territorio nacional de grupos culturalmente diferenciados, hacer del asunto indígena un problema nacional, reconocer la deuda histórica que tenía el Estado para con los indígenas y sacar a la luz el tema de la participación autóctona.

La dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet, con criterios geopolíticos y neoliberales, dictó en 1978 una ley que aprobó como única política hacia las tierras indígenas, la división de las propiedades comunitarias con el objetivo de generar un mercado de tierras y resolver el conflicto indígena.

La Concertación de Partidos por la Democracia, liderada por el entonces candidato presidencial, Patricio Aylwin, promovió la suscripción de un acuerdo con los representantes de las diversas organizaciones indígenas, que es conocido como el Acuerdo de Nueva Imperial. En él, Aylwin prometió hacer efectivo durante su gobierno el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, crear una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y a propender a su desarrollo e integración pero respetando su cultura.

Las organizaciones indígenas, por su parte, se comprometieron a apoyar el futuro gobierno de la Concertación y a canalizar sus legítimas demandas a través de los mecanismos de participación creados por el gobierno. Con este acuerdo se pretendía dar por superada la política de división de las comunidades y de asimilación de la población indígena a la sociedad impuesta por la dictadura militar.

Sin embargo, algunos sectores políticos e indígenas consideraron que con la firma del Acta de Nueva Imperial el movimiento autóctono se oficializaba, por lo que rechazaron esta estrategia. Entre las organizaciones contrarias al acuerdo estaba el Consejo de Todas las Tierras, creado en 1990 y que se originó en Ad Mapu debido a diferencias políticas entre sus principales dirigentes. El Consejo se marginó del proceso de suscripción del Acuerdo de Nueva Imperial, «retomando la propuesta de autonomía y autodeterminación del pueblo mapuche«.

Por otra parte, por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco se relocalizaron comunidades mapuches por medio de permuta de tierras, en contra de la voluntad de algunas familias. Además, se inundaron cementerios y sitios ancestrales sagrados para la religión mapuche. A inicios de la década de 1990, la empresa chilena Endesa, subsidiaria de la empresa española del mismo nombre, pretendía iniciar un gran proyecto para abastecer el suministro eléctrico del país. El potencial hidroeléctrico de la cuenca del Río Biobío ya había sido estudiado en la década de 1960 por la misma entidad cuando esta era pública. El 22 de mayo de 1990, el Ministerio de Economía autorizó la construcción de la central hidroeléctrica Pangue, primera etapa de un gran plan cuyo objetivo era erigir seis centrales en el Biobío.

Inmediatamente sabida la resolución gubernamental sobre Pangue, surgió una fuerte oposición al proyecto, ya que alteraba las formas de vida de siete comunidades pehuenches que vivían en el área de inundación, sumado a que la cuenca del río sufriría un severo daño medioambiental. El conflicto llegó a los tribunales de justicia donde finalmente, en 1993, la Corte Suprema acogió la apelación interpuesta por la empresa Pangue S.A. permitiendo la construcción de la central.

Ralco sería un conflicto muy difícil de enfrentar. A pesar del fuerte apoyo que tuvo del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, hubo una férrea oposición de ecologistas -nacionales y extranjeros- y, sobre todo, del pueblo indígena.

En 1993 se aprobó la Ley 19.253 de Desarrollo Indígena. La situación creada por esta ley, que había operado con la cooperación de los principales referentes mapuches hasta 1997, sufrió una crisis cuando Endesa comenzó a construir una segunda central en la zona del Alto Biobío con el nombre de Ralco. De esta manera autoritaria se inundaron miles de hectáreas de tierras y sitios sagrados para el pueblo mapuche-pehuenche.

Nicolasa Quintremán, una de las habitantes de la comunidad afectada, encabezó el movimiento popular que desde 1995 trató de impedir la realización del proyecto. Organizó protestas masivas en ciudades como Santiago, Concepción y Los Ángeles. Además, fue una de las representantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde acudió a explicar la amenaza hacia las tierras pehuenches. El 10 de diciembre de 2002, la CIDH recibió una petición presentada por abogados representantes de la Universidad Arcis, el Center for International Environmental Law (CIEL) y de cinco pehuenches directamente afectadas (entre ellas, las hermanas Quintremán), donde se alegaba la violación por parte del Estado de Chile de varios derechos protegidos descritos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos; además, se solicitaron medidas cautelares para evitar que sus tierras fueran inundadas. En ese entonces las obras ya tenían un 70% de avance.

En la misma época, comenzaba la explotación de las plantaciones forestales en predios que habían sido previamente otorgados a las comunidades mapuches durante el gobierno de Salvador Allende, pero que durante la dictadura pasaron a manos de algunos grupos económicos. Los intereses de las empresas madereras que explotan plantaciones forestales en territorio mapuche, el temor de los agricultores que poseen predios considerados como usurpados por las comunidades mapuche y el aumento de la protesta social mapuche hacia fines de los años 1990 en la zona, motivaron al Senado a expresar en un informe su preocupación por la grave amenaza a la seguridad jurídica en la zona del conflicto (S 680-12).

El informe fue criticado por contener declaraciones de más de 15 agricultores afectados y solo de un representante mapuche. Además, las grandes plantaciones de pino y eucaliptos son incompatibles con las poblaciones humanas. El bosque crece tupido y nada se desarrolla junto a él. Las comunidades aledañas a las plantaciones no obtienen beneficios y, por el contrario, reciben perjuicios múltiples como el deterioro económico, social y ecológico del territorio.

Homicidios en período democrático

-Jorge Suarez Marihuan (2001): hermano del Lonko de la comunidad de Malla Malla en el Alto Bío Bío, quien fue encontrado muerto el 11 de diciembre de 2001 en la ribera del río Queuco, luego de permanecer desaparecido por 6 días. La comunidad denunció una golpiza por parte de un grupo de desconocidos, que habrían actuado en complicidad con la policía uniformada.

– Alex Lemun Saavedra (2002): fue asesinado durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la Forestal Mininco. El mayor Marco Aurelio Treuer utilizó una escopeta Winchester calibre 12. 

-José Huenante Huenante (2005): durante la madrugada del 3 de septiembre de 2005, de 16 años, fue subido al radio patrulla (RP) N°1375 perteneciente a la 5.ª Comisaría de Puerto Montt. Eso fue en plena Avenida Vicuña Mackenna. Desde entonces se desconoce su paradero. 

-Juan Collihuin Catril (2006): durante un allanamiento ocurrido en 2006 en el sector de Bollilco Grande, Nueva Imperial, fue asesinado el Lonko Juan Collihuin Catril por el sargento Luis Marimán. Al lugar llegaron carabineros acompañados por un grupo de civiles, no contaban con orden judicial y ocurrió de madrugada. 

-Matías Catrileo Quezada (2008): durante la noche del 3 de enero de 2008, un grupo de 30 comuneros mapuche ingresaron al fundo Santa Margarita, de la comuna de Vilcún, que está a nombre de Jorge Luchsinger y es reclamada por la comunidad Lleupeco Vilcún. Al percatarse de la fuerte dotación policial del sector, el grupo comenzó a quemar fardos de pasto. Según el audio entregado por la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO) los comuneros sólo estaban atacando con piedras. Es ahí cuando se escucha la orden, “métele un balazo”. El cabo Walter Ramírez acusa recibo y dispara su subametralladora UZI. Una bala entra por la espalda en el pulmón de Matías Catrileo, estudiante de agronomía de la UFRO. Muere minutos después. 

-Johnny Cariqueo Yáñez (2008): murió de un infarto el 31 de marzo del 2008, tras una brutal golpiza propinada por carabineros del GOPE y de la Comisaría 26º de Pudahuel, minutos después que fuera inaugurada en esa comuna la plaza 29 de marzo, dedicada a los luchadores sociales caídos en dictadura y en democracia. 

-Jaime Mendoza Collío (2009): resultó asesinado durante la ocupación del fundo San Sebastián por parte de su comunidad. El autor de los disparos, el cabo Patricio Jara Muñoz, alegó legítima defensa, presentando su casco y chaleco antibalas con numerosos impactos de balines. Un informe de la Policía de Investigaciones confirmó que dichos impactos habían sido hechos de manera posterior. 

-Camilo Catrillanca (2018): nieto del lonko de la comunidad Ignacio Queipul Millanao del Lof Temucuicui, Juan Catrillanca. Falleció por un disparo en la cabeza percutado por funcionarios del Comando Jungla instaurado por el gobierno de Sebastián Piñera, mientras regresaba a su hogar en tractor.

-Jordan Liempi Machacan e Iván Porma (2021): en el Cesfam de Tirúa se confirmó el fallecimiento de estas dos personas, víctimas de armas de fuego. El hecho que les causó la muerte se produjo en Huentelolén, Cañete, Región del Biobío. Las primeras versiones extraoficiales indicaron que los asesinados serían los anteriormente individualizados. Según familiares y amigos, ambos participaban en una caravana de grupos mapuches cuando recibieron disparos de personal policial y militar.

Criminalización del movimiento indigenista mapuche

Diversas organizaciones han denunciado que existiría una criminalización de su lucha social. Las demandas de los indigenistas están ligadas a lo que denominan como recuperación de los territorios de los que afirman ser herederos ancestrales. Las personas que han sido juzgadas y condenadas mediante la ley antiterrorista creada durante la dictadura militar -que endurece las penas correspondientes a delitos comunes, cuando se configura el tipo de terrorismo- son consideradas presos políticos.

Se han denunciado también otros hechos, como ataques a menores de edad en las comunidades mapuches; así, el 30 de octubre de 2007, Patricio Queipul Millanao, de 13 años, resultó herido en el tórax por al menos seis municiones disparadas por carabineros con sus escopetas antimotines. Este hecho se suma al de Daniela Ñancupil, de la misma edad, baleada en extrañas circunstancias por policías en enero de 2001, y que luego, en el 2002, fue secuestrada e interrogada por sujetos de civil, quienes la vendaron y la amenazaron para que desistiera de sus acciones legales.

La Operación Huracán (2017), condujo a la detención de ocho comuneros mapuches supuestamente involucrados en una asociación ilícita terrorista en el sur de Chile, asociados con la cúpula de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu. En enero de 2018, tras quedar a cargo de la investigación de los hechos, el Ministerio Público informó que se habría descubierto mediante pericias técnicas que Carabineros habría manipulado pruebas, razón por la que abrió una investigación contra la propia policía uniformada para determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y de obstrucción a la investigación.

Así, se puso al descubierto los montajes con que los servicios de inteligencia criminalizan la causa mapuche. Raúl Castro Antipán, reclutado como informante de carabineros cuando era un joven estudiante activista vinculado con algunos grupos pro causa mapuche, fue infiltrado para, en sus palabras, desarticular la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM). Entre 2009 y 2011 una treintena de comuneros estuvieron detenidos por su testimonio como delator compensado por la Ley Antiterrorista. Castró llevó a la cárcel a 14 personas, que finalmente fueron absueltas por los tribunales de justicia.

Reacción de organizaciones no gubernamentales

El Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de la supervigilancia del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, denunció supuestas prácticas criminalizadoras contra el movimiento indigenista en sus observaciones al informe de Chile en marzo de 2007. En este sentido, instó al Estado chileno a modificar la ley antiterrorista.

Además, en relación a los artículos 1 y 27 del Pacto, el Comité lamentó la información de que las «tierras antiguas» continúan en peligro debido a la expansión forestal y megaproyectos de infraestructura y energía, expresando que Chile debía realizar todos los esfuerzos posibles para que sus negociaciones con las comunidades indígenas lleven efectivamente a encontrar una solución que respete los derechos sobre las tierras de estas comunidades de conformidad con los artículos 1, párrafo 2, y 27 del Pacto, debiendo agilizar los trámites con el fin de que queden reconocidas tales tierras ancestrales, debidamente demarcadas.

También exhortó al Estado chileno a efectuar consultas con las comunidades indígenas antes de conceder licencias para la explotación económica de las tierras objeto de controversia, y garantizar que en ningún caso la explotación de que se trate atente contra los derechos reconocidos en el Pacto. En 2004, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya había formulado observaciones en el mismo sentido.

A modo de ejemplo, se estima que en el centro sur de Chile hay tres millones de hectáreas de especies exóticas de pinos y eucaliptus, donde cerca dos millones son concentrados por dos grupos económicos: Matte, con CMPC-Forestal Mininco y más de 750.000 hectáreas; y Angelini, con Celco-Forestal Arauco, con más de 1.200.000 hectáreas. Se estima que el Pueblo Mapuche, incluyendo las tierras que han sido entregadas vía subsidio, no superaría las 650.000 hectáreas para una población que se estima en un millón quinientas mil personas.

Uno de los tantos descendientes de los colonos europeos que han usufructuado del territorio mapuche usurpado por el Estado, es Jorge Luchsinger, quien, en una entrevista publicada en la Revista Qué Pasa N° 1784, del 18 de junio de 2005 señalaba: «El indio no ha trabajado nunca. El mapuche es un depredador, vive de lo que aporta la naturaleza, no tiene capacidad intelectual, ni tiene voluntad, no tiene medios económicos, no tiene insumos. No tiene nada”. Dos páginas más adelante, el periodista le inquiere: “Pero usted tuvo trabajadores mapuche que le sirvieron por más de 30 años ¿No confía en ellos?”, a lo que Luchsinger responde: “Yo confío mientras los veo, pero creo que ellos dicen lo que a mí me gustaría escuchar y hacen lo que ellos quieren. El mapuche es ladino, torcido, desleal y abusador”; en definitiva, un claro discurso de odio, intolerancia y racismo.

El racismo ha sido transversal en diversos sectores. En el año 1989, el dictador Augusto Pinochet Ugarte en entrevista realizada por revista Análisis, Nº 30, señalaba :”¿Qué cree usted, que nosotros somos un país de indios?”.

Y en el año 1990, el expresidente Ricardo Lagos Escobar señaló en el Diario Austral: “Afortunadamente este es un país racialmente homogéneo”.