Fernando Medina Vogel, rostro indiscutido del movimiento de regantes que plantó cara a Endesa desde la asociación gremial de Agrícola Central con base en Talca, recorre frente a mí los pasajes del conflicto por las aguas del embalse Laguna del Maule que detonó en 2012 (ver parte I). Es en medio de esta historia que lanza un duro pronóstico.
-Cuando en 2008 se decide la construcción de Los Cóndores, si uno mira las cifras históricas para atrás, sobraba muchísima agua. Estaba perfecto: «hagamos las centrales que sean». Pero si se mantiene la sequía, la Laguna del Maule nunca va a estar llena y Endesa solamente va a recurrir al 20% del derecho que tiene en el tercio intermedio (según el Convenio de 1947), es decir, el 20% de lo que haya. Entonces, la cantidad de agua que tiene Los Cóndores es nada.
–¿Cuáles son las proyecciones a futuro en cuanto a escasez hídrica en el Maule?
-Si vuelve a ser La Niña, que es lo que se espera, vamos a ver. Yo creo que es súper complicado. De aquí para adelante la cosa se pone muy difícil y por eso a Endesa le molesta más, porque se queda sin agua.
Medina se ha entrevistado con autoridades regionales y nacionales para advertir que los ya deficientes niveles de la Laguna del Maule correrán peligro si se permite que Endesa -hoy Enel- ocupe más agua de la establecida en el acuerdo de 1947, documento que la empresa ha intentado flexibilizar a través de numerosas gestiones en la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas (DOH).
Muestra de ello es la sorpresa que el agricultor se llevó a comienzos de 2016, cuando lo llamaron para contarle que Endesa había informado la suscripción de un nuevo convenio con la DOH. Lo chocante fue saber que algunos agricultores se mostraban a favor.
-Era un convenio que les permitía considerar las economías de Invernada (que Endesa inyecta más abajo al río para usos agrícolas) cuando la Laguna del Maule está en el tercio intermedio – explica Medina-. Para nosotros fue una alarma generalizada. ¿Cómo estaban haciendo una cosa que nosotros ya habíamos dicho que era imposible, impracticable y un convenio nefasto para los agricultores?
-¿Fue entre cuatro paredes?
-En dos… o menos, en la casa del perro. Ahí no había nadie. El convenio dice «con el aval de la Junta de Vigilancia (del Río Maule)», que aparece avalando esta cuestión. Los senadores y todos me decían lo mismo: ¿cómo están peleando los agricultores? Nunca antes en un conflicto donde había una hidroeléctrica existían agricultores a favor y agricultores en contra. Siempre todos en contra, ¡pero a favor y en contra jamás!
CAMBIO DE CAMISETAS
Entre 2015 y 2016, en opinión de algunos agricultores, el directorio de la Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM) sucumbió a la influencia de personas que guardaban estrechos vínculos con las grandes generadoras de la cuenca.
Por ejemplo, en representación de la Asociación Canal Maule (ACM) se instaló José Manuel Silva Hurtado, sobrino del empresario Juan Ignacio Hurtado Vicuña, accionista de Colbún S.A. a través de Consorcio Financiero. En «El saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno«, la periodista María Olivia Monckeberg destaca el papel de Hurtado como asesor del ex ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Buchi, en la privatización de Endesa y Chilectra, hoy absorbidas por Enel.
Los nexos de Hurtado Vicuña también son políticos. No solo es cuñado del ex senador de RN Carlos Larraín, sino que primo de la esposa del ex senador DC Andrés Zaldívar, María Inés Hurtado Ruiz-Tagle. Esta última es hermana del ex ministro del MOP Carlos Hurtado (1990-1994), quien dio el vamos a la privatización de las sanitarias en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle.
El socio comercial del tío de Silva Hurtado es Juan Bilbao, quien a la fecha de ser acusado de fraude en el mercado de valores tenía más de 160 mil acciones en Endesa, informó El Mostrador en 2016. Alfonso Barrientos Pozo, quien ha representado al fundo ganadero de la familia Hurtado en la ribera norte del Lago Colbún (Chumaco), también forma parte de la Junta de Vigilancia.
En su Memoria Anual 2016-2017, los controladores fustigaron la oposición levantada por Agrícola Central a distintos «convenios de ahorro de agua» promovidos por Endesa, afirmando que los argumentos que alertaban sobre la baja de recursos hídricos a consecuencia de la flexibilización del Convenio de 1947 «no se ajustaban a la realidad de los hechos».
En diciembre de 2015, apoyada por la JVRM, Endesa logró plasmar sus deseos en un documento firmado por el director nacional de DOH. El nuevo convenio «ad referéndum»- es decir, que luego debía ser ratificado por el ministro del MOP- pretendía hacer lo mismo que la empresa había pedido en 2012 cuando presentó un recurso que terminó con los agricultores paralizando la Corte de Apelaciones de Talca: reconocer las «economías» de la Invernada sin considerar ninguna de las restricciones basadas en el volumen del embalse Laguna del Maule.
El intercambio era bien visto por el abogado asesor de la DOH Nacional, Mauricio Lillo Barros, quien a través de una minuta interna relató que la JVRM había solicitado «la celebración de un contrato de operación con Endesa, que consistiría en que estando la Laguna del Maule en la porción intermedia, el agua que entregue Endesa para riego desde la Laguna La Invernada será reconocida para Endesa en un factor de 0,82 en la Laguna del Maule, generando con ello un ahorro de 0,18 por cada metro cúbico que se extraiga».
El funcionario iba más allá al declarar que era «altamente recomendable terminar con el juicio existente entre el Fisco y Endesa, en donde el único que arriesga es el Fisco» (ver aquí).
Lillo hacía referencia a una demanda de mera certeza interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en octubre de 2013 donde pedía que el Sexto Juzgado de Letras de Santiago declarara judicialmente que «las economías (provenientes de la Invernada) del artículo 8º… sólo pueden ser extraídas estando el embalse Laguna del Maule en su porción superior» y no en cualquier nivel.
Así, la flexibilización promovida por la DOH hacía exactamente lo contrario a lo pretendido por el CDE en un juicio que llevaba dos años de tramitación y que imputaba a Endesa el estar actuando en perjuicio de los intereses del Estado.
UNDURRAGA ABRUMADO
La inexistencia de estudios oficiales que respaldaran la decisión de ratificar el documento que favorecía a Endesa fue ampliamente discutida en una reunión que Agrícola Central sostuvo el 11 de enero de 2016 con el titular de la cartera de Obras Públicas, Alberto Undurraga.
Para este reportaje se pidió a la DOH que explicara si hubo estudios que avalaran el nuevo trato con Endesa. En la respuesta que entregó vía Ley de Transparencia, el nivel central manifestó que «ninguna instancia de competencia técnica pública o privada» había «requerido la realización de algún estudio de factibilidad técnica… siendo sustento y antecedentes para la toma de decisiones de las autoridades competentes las estadísticas entregadas en materias de disponibilidad de uso y manejo de las aguas de la Laguna del Maule».
En diciembre de 2017, el director regional (s) de la DOH del Maule, Gonzalo Sepúlveda, manifestó que el departamento regional sí había pedido la realización de análisis.
-La posición nuestra ha sido que si se nos presenta una modelación, un estudio que diga «en realidad, si hubiésemos manejado la Laguna del Maule de esta manera como estamos permitiendo y no como dice el Convenio de 1947, ¿qué tendríamos?» Si por ejemplo se nos muestra que la laguna no tendría 300 (millones de metros cúbicos) como ahora sino 500, tendríamos que rendirnos a la evidencia – indicó.
–¿La flexibilización del Convenio de 1947 haría que el agua de la Laguna del Maule fuera menos prioritaria para riego?
-Es que esa es una sospecha. Los dos bandos piensan que hacer lo otro es malo. Los que están ahora, los progresistas que quieren cambiar las cosas, piensan que se quedaron metidos ahí y están frenando el desarrollo de la cuenca por estar remitidos a ese convenio. Los de allá piensan que los de acá quieren cambiar eso para poder usar el agua como loco y que los agricultores se frieguen. La percepción de ellos es que Endesa está lucrando, ganando como loco, y que no le importan los derechos de los regantes.
-¿Hubo varias reuniones (entre los que estaban a favor y en contra)?
-Básicamente, lo que hicieron ambas partes fue presentar datos que avalaban que era mejor mantener el Convenio de 1947, y los otros presentaron datos que mostraban que era mejor flexibilizarlo. Pero eran datos parciales, pequeñas épocas en que puede haber sido mejor. Lo que nosotros dijimos es «hagamos un estudio de unos 10 o 15 años para atrás con todos los datos y simulemos, ¿qué habría pasado, estaríamos mejor o peor?»
-¿Ese estudio se ha hecho?
-No, no se ha hecho, y lo hemos pedido varias veces ya.
-¿A quién se lo ha pedido?
-A Santiago, a nuestro nivel central. Lo hemos planteado en reuniones con el director, ha estado Mauricio Lillo también (abogado asesor), ha estado Rodrigo Saavedra (subdirector Nacional de Gestión y Desarrollo), que hagamos una simulación. Yo espero que hagan una consultoría y un modelo de eso, y lo simulen y demuestren.
En enero de 2016, el diario La Prensa de Curicó reseñó la audiencia de Agrícola Central con el ministro Alberto Undurraga. El medio informó que una vez explicado el caso, la sorpresa del personero de gobierno «fue mayor, debido a que a él le informaron que todos los regantes estaban de acuerdo con la flexibilización del Convenio de 1947 y que ningún agricultor se oponía».
«Durante el transcurso de la reunión, los dirigentes de la Agrícola Central le pasaron las cartas en donde se demostró lo contrario. La autoridad nacional no entendía por qué no fue informado de la situación y solicitó de inmediato que se averiguara la razón del por qué esas cartas que habían sido enviadas por los regantes en el 2014 y en el 2015 no habían sido debidamente analizadas y tenidas en consideración», reportó el periódico.
El 29 de julio de 2016, cumpliendo una decisión tomada por el ministro Undurraga de paralizar la flexibilización, tanto Endesa como el director nacional de la DOH Reinaldo Fuentealba Sanhueza dejaron sin efecto el convenio de 2015 promovido por la JVRM y la generadora detrás del proyecto Los Cóndores. Pero hubo un detalle.
La Resolución Exenta N° 2769 de la Dirección General de Obras Públicas (DGOP) del 4 de agosto de 2016 (ver aquí) reconoció que la Junta de Vigilancia había obtenido «100 millones de metros cúbicos desde la Laguna Invernada» -controlada por Endesa- en la etapa preliminar del frustrado convenio, por lo que el MOP autorizó que las compuertas del embalse Maule se abrieran para devolver a Endesa la misma cantidad.
–¿Se devolvió agua a Endesa en base a un convenio que nunca se firmó? – pregunté al director regional (s) de la DOH del Maule, Gonzalo Sepúlveda.
-En base a un convenio que nunca se firmó… o sea, esa idea se sacó, pero se metió en el decreto. Pasa a ser una orden.
–¿Pero finalmente se asume que hay un convenio que nunca se firmó?
-Tácitamente sí. En el fondo lo que se quiso decir fue… apelando a la buena fe, que de buena fe Endesa les entregó 100 millones (de metros cúbicos) a los regantes, que de buena fe lo aceptaron porque pensaron que estaba vigente el convenio, que también de buena fe los favorecidos dijeron «pucha, nosotros estamos en deuda con ellos», mientras que otro grupo decía «no les entreguen ninguna cuestión, ¿para qué se ponen a entregar agua?» Entonces hubo esas dos cosas. El Ministerio tomó la primera.
«FALTABA DEBATE»
Aunque los partidarios de la flexibilización pronosticaban que el Fisco perdería el pleito civil contra Endesa, en septiembre de 2017 la jueza titular del Sexto Juzgado de Letras de Santiago, Rommy Müller Ugarte, dictó sentencia contraria a la interpretación que la empresa había dado al Convenio de 1947, situando como ganador al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
De esa manera invalidó la extracción de aguas adicionales al 20% de la reserva -en el tercio intermedio- para fines de generación eléctrica.
Sosteniendo que el Convenio 1947 se firmó con la intención de «propender a la generación eléctrica mientras se encuentre asegurada la disposición del recurso hídrico para tareas de regadío», la sentenciadora indicó que «Endesa no ha podido comprobar de qué manera la extracción de las economías que describe el artículo 8 del Convenio, mientras la Laguna del Maule se encuentra en su porción intermedia, supondría un uso eficiente de los recursos del Embalse referido».
El ex seremi de Agricultura del Maule en el gobierno de Bachelet, Jorge Céspedes Pozo, tuvo la oportunidad de observar de cerca los intentos por flexibilizar la extracción de aguas en favor de Endesa. Entrevistado para este reportaje, la ex autoridad de gobierno reconoce que muchos jefes de reparticiones públicas del Maule reaccionaron con desconcierto al enterarse de ello.
-¿Cuál fue la primera impresión que usted se llevó al conocer este convenio de flexibilización y la manera en que estaba siendo promovido? – le pregunté.
-Bueno, para todas las autoridades regionales fue llamativo. No teníamos conocimiento de esta flexibilización. Así lo expresaba gente del MOP (en la Región del Maule), que en definitiva son los que administran el recurso hídrico. Ellos también desconocían este documento que se había preparado para buscar la ratificación del ministro. Ahí se produjo una desinformación tremenda que afortunadamente después se pudo corregir, colocando por delante los intereses de la gran mayoría de los regantes que se iban a ver afectados y también de las futuras generaciones.
-¿Usted interpreta que esta flexibilización ponía en riesgo el desarrollo agrícola de la Región del Maule?
-Lo que nosotros vimos en ese momento era que faltaba discusión, que faltaba debate.
-¿No todos los actores habían sido considerados?
-De partida, las autoridades regionales de la época y gran parte de los agricultores. Creo que lo mínimo que nos merecemos y que nosotros practicamos durante el gobierno es el entendimiento, la búsqueda de confianza y la recuperación de la credibilidad.
-¿Visualiza que hubo un problema de centralismo en este convenio?
-Lo más probable es que esto se haya redactado en cualquier parte menos en la Región del Maule y con actores que no son de acá, ni que tampoco obedecen al conocimiento que tenemos los que habitamos acá. Más allá del Convenio de 1947, en todo orden de cosas si uno toma decisiones muy erradas compromete el futuro de mucha gente, y sobre todo de la gente a la que más le cuesta.
-¿Piensa que la construcción de Los Cóndores se proyectó pensando que ya estaba asegurada la flexibilización del Convenio de 1947 para el uso de las aguas?
-No sé en qué se pensó ahí. Uno tiene un instrumento válido que es la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Yo creo que ahí hay algo que pudo haberse observado en su momento. A lo mejor hay cosas que no están involucradas y que no fueron lo suficientemente claras como para generar este rompimiento de las confianzas.
-Cuando el proyecto entró a calificación ambiental, ¿la situación de escasez hídrica era mucho menor a la que hay ahora?
-En la última década tenemos un déficit estructural. Ya no llueve lo que llovía antes y hoy, junto con no caer lluvia, lo hace en épocas que muchas veces produce perjuicio para la agricultura. Ahí está la capacidad que tenemos de adaptarnos al cambio climático. La cuenca del río Maule es una cuenca que durante los últimos años se ha sometido a una presión intensa. Ha tenido que convivir el uso del recurso con fines alimenticios y el uso para la producción energética. Hemos hecho todos los intentos posibles para hacer programas de desarrollo que permitan no solamente la actividad de generación, sino también ofrecer una serie de servicios que tiene el ecosistema.
-¿Tiene que haber un equilibrio de cada cosa?
-Sin duda, y eso tiene que ver con una estrecha relación de los actores, de todos y todas. El desarrollo involucra políticas que no solamente lo involucran a uno directamente, sino que impactan al ecosistema, y quienes trabajamos con recursos naturales sabemos que si hay una alteración que no somos capaces de contener, medir o cuantificar, y con ello palear, lo más probable es que entremos en una situación de no retorno, lo que va a significar la destrucción del ambiente, pobreza, y va a generar que nuestros campos se empiecen a despoblar, porque va a haber cualquier otro tipo de actividad más importante y lucrativa que producir alimento.
Matías Rojas – [email protected]