Por Juan Pablo Cárdenas S.
Al leer a algunos analistas políticos retardatarios se aprecia el malestar que les produce que las diversas expresiones de la derecha no sean capaces de consolidar un entendimiento entre estas para encarar con más éxito su oposición al gobierno de Gabriel Boric. Les irrita que haya colectividades de la llamada centro derecha que se empeñen en mostrar sus diferencias con el Partido Republicano liderado por José Antonio Kast, que acaba de resultar victorioso en las últimas elecciones para elegir a los miembros de la nueva Convención [Consejo] Constitucional.
Ciertamente no se trata de diferencias ideológicas entre ellos si asumimos que todos fueron en el pasado entusiastas partidarios de la Dictadura y posteriormente lo han sido del legado de Pinochet, por más que algunos hoy se avergüencen de las severas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el Régimen Militar. En unos y otros, de verdad, se aprecian las mismas coincidencias respecto del régimen institucional autoritario todavía vigente y, sobre todo, del modelo económico social ultracapitalista francamente consagrado por todos los gobiernos que se han sucedido en los últimos treinta años.
Ya sabemos que las propias administraciones de la Concertación y de la Nueva Mayoría terminaron encantándose con las políticas neoliberales y muy poco hicieron para encarar las profundas desigualdades, frenar la extrema riqueza y procurar un justa distribución del ingreso.
Es evidente que lo que mejor explica el auge del Partido Republicano es la forma en que ha explotado a su favor el clima de inseguridad que vive el país, con una verdadera explosión del crimen organizado. Es decir, por la forma en que le ha imputado al gobierno actual su debilidad en cuanto a combatir estas lacras cuando en realidad los crímenes que hoy asolan a la población no son nuevos y es innegable que desde La Moneda se le ha entregado prácticamente un cheque en blanco a la actuación de las policías, además de ingentes recursos para su tarea preventiva y represiva.
No puede desconocerse la secuencia de estados de emergencia decretados por La Moneda, la militarización de la Araucanía y esos miles de soldados y policías repartidos por todo el país. Cuestión que repugna, por supuesto, a sectores de la izquierda, a los que hasta hace apenas unos meses coincidían en que había que implementar una profunda intervención y reforma al Cuerpo de Carabineros, después de comprobarse los abusos represivos cometidos por muchos uniformados en contra de quienes protagonizaron el Estallido Social, además de comprobarse que su oficialidad incurriera en graves actos de corrupción y malversación del erario público.
Quizás sea el principal pecado de gobierno de Gabriel Boric su incapacidad para neutralizar las acusaciones que se le hacen y en la cual sus más extremos detractores cuentan con la televisión y el conjunto de la prensa para exacerbar la situación de inseguridad que efectivamente vive la población, junto con emitir cotidianamente loas a los policías y sectores castrenses que los induzcan a desafiar el orden institucional. De la misma forma en que procedió la derecha hace cincuenta años soliviantando a las Fuerzas Armadas y de Orden a materializar el Golpe de Estado de 1973.
Mucho explica la desventaja ideológica actual de la izquierda, la incapacidad de los gobernantes en definir una política comunicacional y fomentar el desarrollo de medios de información libres que no sean cooptados por la publicidad que en realidad rige en la orientación de los medios y noticiarios. En este sentido, parece inexplicable que todavía el Estado no indemnice a los dueños del diario El Clarín después de un fallo arbitral internacional que lo conminó a hacerlo. Un matutino que lideraba la circulación de periódicos antes que fuera asaltado por el Régimen Militar. Sobre todo, cuando se sabe que sus propietarios lo que se proponen es reeditar un medio en Chile que contrarreste la enorme influencia de duopolio El Mercurio y La Tercera de la Hora.
Esta grave falta de diversidad informativa es lo que más nos hace dudar de que en Chile exista un verdadero régimen democrático. Lo que no solo afecta la imagen de quienes gobiernan sino que, además, contribuye a alentar la defensa corporativa de los más poderosos empresarios… Por lo que no es de extrañarse la soberbia de las grandes patronales y la forma en que los intereses que se mantienen en la administración de pensiones y la salud privada estén empeñados en bloquear las reformas tributaria y previsional, así como incumplir con un fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a devolverle a sus usuarios los millonarios cobros abusivos de los últimos quince años.
Es tanta la influencia ideológica que ejercen las fuerzas opositoras que es posible visualizar dentro del propio oficialismo y de algunas expresiones autodenominadas de centro izquierda una progresiva defensa del sistema de asociaciones de fondos de pensiones y administradoras de salud privada.
En un proceso que se sabe han sido sobornados parlamentarios y diversos políticos que se empeñan en bloquear la mayoría parlamentaria que La Moneda debe conseguir para tales reformas. El descaro de los grandes empresarios ha llegado al extremo de rechazar la generosa oferta del Gobierno de promover la explotación del litio mediante la asociación conjunta de empresas públicas y privadas. Cuando se sabe que este recurso pertenece totalmente al Estado y bien podría este desahuciar o esperar que caduquen las actuales concesiones a privados. Un negocio que reditúa millonarias utilidades. Más todavía que los recursos tributados por el cobre.
Tienen razón algunos analistas en augurar una polarización de la política y el riesgo de que, por un débil desempeño de la centro izquierda, la balanza se incline hacia la derecha más extrema y mucho más hábil de explotar a su favor el descontento. Sumando apoyos entre los millones de chilenos desencantados de la política e, incluso, de la propia democracia, según lo expresan las últimas encuestas.
Sin desistirse de las reformas que más hostigan a la derecha, el Presidente Boric debiera proponerse cumplir con todas las promesas ofrecidas, entre ellas la condonación de las deudas de miles de estudiantes universitarios con serias dificultades para pagar sus estudios. Del mismo modo que destrabar en el Congreso Nacional los proyectos de ley ya señalados en materia tributaria y derechos sociales. Con ello lograría aglutinar a las bases de la abigarrada centro izquierda, muchos de los cuales muestran formas de frustración y tendieron a engrosar el enorme voto nulo expresado en los últimos comicios.
Pero muy importante será tener éxito en el debate de ideas y la consolidación de medios de expresión que contrarresten el influjo populista de la derecha.
Preocuparse más de afianzar la lealtad de los sectores políticos y sociales que sin duda esperan de las reformas, que pedirle auxilio de algunos partidos y dirigentes de derecha, empeñados en propiciar de nuevo la retardataria “política de los acuerdos”. Cuyas bases, como ya se ve, son irremediablemente arrastradas hacia el Partido Republicano que hoy concita tantas voluntades entre los chilenos que nunca han tenido vocación democrática, formación ideológica y cometido ciudadano. Como la historia de este último medio siglo lo comprueba.
Por Juan Pablo Cárdenas S.
Columna publicada originalmente el 30 de mayo de 2023 en Politika.