Durante esta jornada, una publicación de El Mercurio abordó el supuesto «explosivo aumento de subsidios habitacionales» que encabezarían las familias migrantes, asegurando que este auge responde a una flexibilización de requisitos.
Entre 2006 y 2016, se habrían invertido US$113 millones en beneficios que, según la publicación, son encabezados por peruanos, colombianos, ecuatorianos y haitianos. Hace una década, este tipo de beneficios apenas alcanzaban a 482 familias, mientras que el año pasado fueron 1.673 los extranjeros que obtuvieron un subsidio habitacional.
En los lugares donde se concentran los beneficios de vivienda para inmigrantes es en la Región Metropolitana (con 5.972 subsidios, un 59% del total), seguidas de Tarapacá (14%) y Antofagasta (8%). El medio aporta otros datos: por ejemplo, en octubre de 2014, el Ministerio de Vivienda decidió eliminar la exigencia de poseer una antigüedad de cinco años en el país.
La nota cierra con un llamado a pensar en el subsidio de arriendo como una forma alternativa frente al alza de los extranjeros, citando al especialista en vivienda del Centro de Estudios Públicos (CEP), Slaven Razmilic, quien señaló que «muchos llegan sin certeza de permanencia y sin sus familias, por lo que es razonable que utilicen el alquiler como opción de mediano plazo». Esto, antes de postular a la obtención de una vivienda definitiva, casi como si el derecho al hogar fuera propio sólo de cierta parte de los habitantes de un país, que está constituido por múltiples raíces y culturas.
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