Durante la última cena de la Sofofa, la Presidenta Bachelet anunció los planes de una nueva línea de Metro para descongestionar la Línea 1. Eso es bueno, sin embargo, sorprendió el anuncio de que esta obra se pretende realizar vía concesión señalando que lo importante de esta idea es que permita «impulsar la inversión privada y potenciar la colaboración pública y privada». Este escenario, obviamente, les pareció fabuloso a los empresarios.
Por su parte, el Ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, explicó los beneficios de concesionar la Linea 7 del Metro «Al usar financiamiento privado se pueden acelerar las obras con respecto a lo que podría ser el sector público«, además agregó que de esta forma, «se permite utilizar ciertas tecnologías que tienen el sector privado».
Sin embargo, esta idea, tiene precedentes, como el caso del Metro de Londres, en donde la experiencia realmente no fue satisfactoria para nadie, ya que la empresa concesionaria quebró, se atrasaron las faenas y esto acarreó una serie de problemas de transporte en la ciudad.
El senador Navarro, frente al tema, manifestó su preocupación ante la eventual concesión de una nueva línea de Metro ya que, a juicio del parlamentario “ni siquiera los países más capitalistas han concesionado sus metros. Concesionar sería un retroceso en materia de garantizar el acceso al transporte público, esto ya que si el privado no obtiene la rentabilidad proyectada de acuerdo a la magnitud de la inversión, el estado deberá subsidiar al privado para evitar el alza del pasaje”.
“Existen mecanismos para construir rápido, y tener un sistema eficaz de tren subterráneo, sin necesidad de concesionar. Debemos evitar a toda costa convertir al Metro en un nuevo Transantiago”, indicó el parlamentario.
Además explicó “una concesión significa que la empresa que se adjudique la construcción de la nueva extensión del Metro, se haría cargo de financiar las obras para luego establecer un plazo de 20 o 30 años de concesión”.
Realmente, hay que cuestionarse si queremos -los usuarios- que se realice una alianza publico-privada en nuestro transporte público, que ya es grotescamente costoso. Sin lugar a dudas esto es una privatización encubierta de nuestro sistema de transporte y si ahora, que es financiado por el Estado, ya es deficiente respecto de la relación precio-servicio, da para temer aumentos de tarifas que se vuelven cada vez más duros si consideramos que nuestros sueldos no se reajustan conforme al IPC, como si nos aumentan otros gastos (como los arriendos, por ejemplo, o la bencina, o el costo del pan).
El Metro es la columna vertebral de nuestra ciudad y muchos dependemos de él para llegar a nuestros empleos. Gran parte de la población vive muy lejos de sus trabajos y se ven en la necesidad obligatoria de utilizar este medio de transporte ya que la ciudad está planificada de manera tal que resulta prácticamente imposible conseguir trabajos cerca de donde uno vive y lo que gastamos en transporte, es muchas veces, un porcentaje importante de los sueldos que todo el mundo se niega a reajustar. Ya es hora de que vayamos tomando conciencia respecto de este tema y que tengamos una posición activa respecto de las tarifas del transporte público. Que seamos más críticos al respecto y que levantemos la voz frente a este tema. La locomoción pública chilena tiene una de las tarifas más altas del mundo y eso no se condice con nuestros sueldos ni con nuestro estilo de vida.
En Twitter: @AngelaBarraza