El momento político y el desafío de reducir el riesgo de desastres ante la nueva normalidad

Por Lorenzo Figueroa, director Caritas Chile, y Pedro Contreras, profesional Caritas Chile

Nuestro planeta, nuestra región, nuestras necesidades y decisiones han ido cambiando al ritmo de una sociedad moderna, globalizada, que enfrenta desafíos en los que se juega el futuro de la humanidad. El riesgo forma parte de nuestra experiencia humana colectiva, que cada día vive eventos que obligan a cuestionar las situaciones que han detonado en múltiples crisis. No cabe duda que los cambios están ocurriendo muy rápido y a gran escala, ejemplo de ello son la pandemia por Covid-19, las crisis sociales en la región y el cambio climático, factores que agudizan la vulnerabilidad de los territorios ante los desastres.

Los riesgos relacionados con el clima alterarán la mayoría de nuestros parámetros actuales de medición. Si se sobrepasa el umbral de los 1,5ºC de la temperatura del planeta, las posibilidades de adaptación disminuirán ante el colapso de los servicios ecosistémicos, tornándose incapaces de mantener la actividad económica actual y las condiciones de vida de las poblaciones humanas, generándose migraciones desde las zonas áridas-menos áridas a las zonas costeras poco elevadas, lo que aumentará el riesgo de inundaciones producto del aumento de las marejadas y tormentas. La escasez de agua para consumo humano, agravada por la sequía, gatillará graves problemas sanitarios y para la seguridad alimentaria, aumentado así las brechas de pobreza y desigualdad.

Chile y sus contrastes sociales y geográficos se ha destacado en el último tiempo a raíz de las grandes crisis que ha experimentado. La pandemia y la crisis social han gatillado una serie de situaciones que impactan especialmente en las realidades de las familias más vulnerables, que han agudizado sus condiciones de pobreza.

Estos contrastes, que se expresan en importantes desigualdades, se viven también en el ámbito de la Gestión del Riesgo de Desastres: hay grupos humanos, comunidades y territorios muy expuestos a las amenazas, especialmente las de origen natural. Se constatan altos niveles de vulnerabilidad en buena parte de la población y un desarrollo muy desigual de capacidades y recursos, lo que en el pasado ha significado que los desastres impacten de manera desigual a los habitantes y territorios del país. Si a eso se suman la situación geológica y climática local, el futuro no parece auspicioso.    

La megasequía que desde el 2010 ha generado enormes pérdidas para el desarrollo de la agricultura y ganadería, cada año es más aguda y preocupante para aquellas comunidades que han visto retroceder los ríos y disminuir sus lagos, provocando graves pérdidas y riesgos sanitarios. Esta megasequía, que abarca hasta hoy ocho regiones del norte, centro y sur del país, ha dejado en evidencia la falta de disponibilidad de agua tanto en cantidad como en calidad. Frente a la emergencia, varios de estos territorios han sido declarados zonas de escasez hídrica, lo que exige que la distribución de agua sea con camiones aljibes para el consumo humano y doméstico. Sin embargo, esta medida es absolutamente insuficiente y no favorece el desarrollo humano.

Hoy el escenario es alarmante por las consecuencias de las emergencias de origen natural, sobre todo aquellas de corte hidrometeorológicos y aquellas que se generan cuando las condiciones climáticas favorecen la ocurrencia y propagación de incendios forestales.

Reducir el riesgo de desastres frente a la nueva normalidad

Con el progreso de la humanidad, la prevención y planificación para reducir vulnerabilidades se ha transformado en un asunto imprescindible para avanzar hacia un cambio de paradigma con un abordaje territorial, que permita gestionar el riesgo en vez de solo responder o enfrentar las crisis. Desde una mirada del desarrollo, la reducción del riesgo de desastres resulta ser un desafío significativo para cumplir con las metas del Marco de Sendai y la Agenda 2030.

La frecuencia e intensidad de los denominados desastres de origen natural están aumentando, principalmente como consecuencia del cambio climático. El proceso para reducir el riesgo de desastres tiene múltiples puntos de conexión con la mitigación del cambio climático, la adaptación a este y con la disminución de la vulnerabilidad relacionada al riesgo. Los Planes Nacionales, Regionales y  Locales de reducción de riesgo de desastres, tienen que ser fortalecidos frente a la realidad actual de crisis climática y sanitaria, reflejando los cambios de los sistemas energéticos, industriales, territoriales, ecológicos y urbanos, con el fin de elaborar estrategias, planes y políticas a nivel regional y local al corto y mediano plazo.

El crecimiento poblacional y económico combinado con las amenazas existentes y otras nuevas, muestran un futuro poco optimista si los procesos históricos y actuales no se modifican. Los nuevos procesos de desarrollo sostenible apuntan a incorporar desde un comienzo los procesos de gestión del riesgo de desastres, con un imprescindible y protagónico componente comunitario, identificando los posibles nuevos riesgos asociados a nuevas vulnerabilidades, estableciendo medidas preventivas antes de que estos se generen. Trabajar sobre la base de un riesgo aceptado, implica la preparación, la prevención y la respuesta, disminuyendo los costos de las emergencias y aumentando la resiliencia comunitaria.

Según el Reporte Mundial de Riesgo de Desastres, Chile se ubica en el puesto 28 de los países con mayor índice de riesgo a nivel mundial, siendo catalogado como una de las zonas más peligrosas para habitar. Temblores, lluvias intensas, incendios forestales, megasequía, entre otros eventos adversos afectan a gran parte del territorio nacional.

En este escenario y de cara al proceso constituyente, es imprescindible reflexionar sobre la importancia de la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres y la Restauración de los Ecosistemas en la nueva Carta Fundamental con un enfoque prioritario y permanente del Estado, que se exprese en políticas públicas efectivas.

Hoy existe un amplio reconocimiento a que la actual propuesta constitucional, es un avance significativo en la protección de la Naturaleza, nuestra Casa Común. Como ciudadanos y como humanidad estamos interpelados a velar por la restauración de los ecosistemas que permiten el desarrollo de la vida en todas sus formas. Desde Caritas, como organización integrante de la Sociedad Civil por la Acción Climática, seguiremos alentando el compromiso con la ecología integral y la búsqueda de respuestas frente a la crisis ecológica y climática que afecta gravemente nuestras posibilidades de una vida plena.

Estamos por una Constitución Ecológica porque es necesario avanzar en las necesarias transformaciones para permitir que esa vida plena sea posible. No podemos mantener nuestros actuales estilos de vida porque resulta vital ser corresponsables ante el serio deterioro socio-ambiental que enfrentamos, y cambiar nuestras formas de producir, distribuir y consumir, nuestra cultura, para ir hacia una cultura del cuidado y el respeto, en nuestro convivir y en la relación con la naturaleza. De nuestra respuesta a estos desafíos dependerá “que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha por la alegre celebración de la vida” (Carta de la Tierra).