El notable triunfo judicial de los defensores del Bosque Panul en La Florida

Esta semana, el Segundo Tribunal Ambiental acogió las denuncias interpuestas por la comunidad de La Florida, donde se acusó la contaminación del Fundo Panul por parte de sus dueños (Gelymar, filial de Oxiquim), y ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) iniciar un proceso para que esta empresa ingrese a evaluación ambiental y repare […]

El notable triunfo judicial de los defensores del Bosque Panul en La Florida

Autor: Absalón Opazo

Esta semana, el Segundo Tribunal Ambiental acogió las denuncias interpuestas por la comunidad de La Florida, donde se acusó la contaminación del Fundo Panul por parte de sus dueños (Gelymar, filial de Oxiquim), y ordenó a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) iniciar un proceso para que esta empresa ingrese a evaluación ambiental y repare el daño generado por su industria.

Recordemos que hace algunos meses, el tribunal ordenó como medida cautelar el retiro de las toneladas de arena y desperdicios esparcidos por el bosque, algo que la empresa aun no ejecuta.

Fue durante el 2016 que se alertó sobre el vertimiento de toneladas de arena en el Bosque Panul, en la comuna de La Florida, y durante el 2017 la situación fue denunciada a las autoridades competentes. Esto generó que hace algunos meses, el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago ordenara, como medida cautelar, el retiro de esas toneladas de arenas y desperdicios vertidos por la empresa Gelymar (Oxiquim) en el bosque.

Las denuncias realizadas por la Red por la Defensa de la Precordillera y la Clínica de Derecho y Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales fueron rechazadas en su momento por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA, entidad encargada de recibir y resolver este tipo de situaciones en primera instancia), porque, según ésta, el Bosque Panul no estaría protegido oficialmente, por lo que la empresa no estaba eludiendo el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Esto dio paso para que la comunidad reclamara esta situación ante los tribunales ambientales. Los jueces conocieron las denuncias, y a través de una inspección personal del lugar (algo que no realizó la SMA y que fue criticado por los jueces) concluyeron que efectivamente la industria estaba contaminando hace décadas el bosque, y que la empresa responsable debía hacerse cargo de ello, e ingresar al SEIA.

Así, esta semana, a través de una sentencia contundente, el tribunal ambiental falló a favor de la comunidad, y ordenó a la SMA abrir un procedimiento para determinar si la empresa Gelymar contaminó el bosque u otro lugar similar, debiendo ingresar al SEIA. Y la sentencia no llegó hasta ahí: a juicio del tribunal, la empresa efectivamente estaba contaminando el Panul, y por lo tanto, se encuentra eludiendo el sistema.

El tribunal además sentó dos valiosos precedentes: que la labor de la SMA era estudiar todas las causales de elusión al sistema, y no solo las presentadas en las denuncias, ya que esto sería autolimitarse, contrario a las atribuciones que le entrega la ley; y segundo, que si bien el bosque estaba desprotegido oficialmente, también era cierto que fue impunemente contaminado, algo que podría haber inspeccionado la misma SMA, pero como no lo hizo obligó al tribunal a hacerlo personalmente, vulnerando la SMA el bien jurídico protegido, que en este caso es el medio ambiente.

El tribunal señaló que la SMA ha entendido restrictivamente sus funciones, o dicho en buen chileno, no hizo bien su pega, por lo que la considera “totalmente vencida” en el caso, incluso condenándola al pago de las costas de todo el proceso.

Además, el tribunal certificó el valor ecosistémico que tienen los bosques como el del Panul para todo Santiago y Chile Central, y, aunque no han sido protegidos por las autoridades correspondientes (intendenta Rubilar, alcalde Carter), el Estado y los tribunales también deben velar por evitar su contaminación, algo consagrado en la propia constitución, pero que los últimos gobiernos han olvidado por completo.

No olvidemos que el primer rechazo de las denuncias fue bajo el gobierno de Bachelet. El actual gobierno de Piñera solo mantuvo la línea.

Fuente: Red por la Defensa de la Precordillera


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