El origen del Chile subdesarrollado: A 193 años de la batalla de Lircay

“Las elecciones eran simples fórmulas, pues ni la oposición ni el gobierno contaban con el voto de verdaderos ciudadanos… En nuestras ilusiones no podíamos convencernos de que no tuviéramos ciudadanos”.

Luis Orrego Luco (1914)

Al conmemorarse los 193 años del desenlace de la Guerra Civil de 1829-1830 en Chile (Batalla de Lircay, 17 de abril de 1830), es conveniente hacer un recuento acerca de todas las aristas y consecuencias que este conflicto armado le acarreó a nuestro país… Secuelas que tienen eco hasta nuestros días.

De acuerdo al Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar, en tres coyunturas históricas distintas, las tendencias políticas esgrimidas por los actores vinculados a la producción industrial y al desarrollo social han sido derrotadas por los grupos mercantiles vinculados a las potencias anglo-sajonas (en 1829-1830, por los mercaderes de Diego Portales; en 1925, por los políticos liberales liderados por Arturo Alessandri Palma; y desde 1973, por los economistas neoliberales amparados primero por la dictadura de Pinochet y luego por las coaliciones políticas post-dictatoriales). Esos tres triunfos consecutivos de los grupos libre-mercadistas han determinado que, a lo largo de sus 200 años de vida, la República de Chile se haya auto-educado según el paradigma liberal anglo-sajón. Así, de un lado, la mitología nacional se ha centrado en los héroes, próceres y pro-hombres que han asegurado, a lo largo del tiempo, el triunfo interno del paradigma liberal. Los conceptos generales de este paradigma han estructurado de manera excluyente el imaginario histórico de la clase política, civil y militar. La capacitación laboral derivada del libre-mercadismo (manejo de máquinas importadas en lugar de generación colectiva de nuevas tecnologías) se ha encarnado en el ‘ser productivo’ de la clase trabajadora. Los textos escolares, por su lado, se han saturado con ‘la’ cultura, ‘la’ ciencia y ‘el’ modo de vida anglosajón… Es decir: la auto-educación nacional no ha sido otra que la educación colonizadora del capitalismo liberal anglosajón.

¿Cuál ha sido el resultado efectivo de esa bicentenaria práctica educativa (que, en estricto rigor, debería llamarse ‘hétero-educación’)? El balance bisecular que arroja el paradigma educativo aplicado en Chile es, en verdad, catastrófico. Considérese el escrutinio siguiente:

a)      No nos hemos construido como país ‘industrial’. La historia económica de Chile muestra un largo y espasmódico proceso de sofocamiento y represión de los grupos sociales que han intentado impulsar la industrialización endógena del país. Primero fueron los nutridos grupos de artesanos que, entre 1825 y 1870, aproximadamente, dieron vida a un movimiento popular de industrialización, que fue sofocado por el patriciado mercantil enquistado en el Estado autoritario construido por Diego Portales & Cía. En 1830. El conflicto consiguiente dio lugar a las guerras civiles de 1829, 1851 y 1859, al asesinato del mismo Portales (1837), y a una docena de insurrecciones y motines protagonizados por el artesanado y sus aliados. En segundo lugar, fueron los mecánicos, técnicos e ingenieros extranjeros (sobre todo europeos) los que, entre 1850 y 1914, lograron levantar un importante ‘sector industrial’ –que incluyó una poderosa industria pesada–, probablemente, el más importante que ha tenido Chile en toda su historia. Este intento fue progresivamente desprotegido, desgastado y disuelto por las políticas liberales aplicadas obcecadamente por la oligarquía parlamentarista que controló el Estado entre 1891 y 1938. Finalmente, fue el intento realizado por los gobiernos de Centro-Izquierda del período 1938-1973 para industrializar el país bajo la dirección y empuje del Estado Empresario (CORFO). Este intento fue aplastado por la dictadura de Pinochet, que aplicó, por tercera vez en nuestra historia, una corrosiva política des-industrializadora. Hoy día no existe en Chile un sector industrial digno de tal nombre. A cambio, se alzan los faraónicos ‘templos mercantiles’ del retail (multitiendas, supermercados, cadenas de farmacias, clínicas privadas, corporaciones universitarias, sociedades inmobiliarias, etc.), que dominan por completo el mercado interno de la economía chilena. El eclipse del sector industrial y la presencia avasalladora del retail, ha producido a su vez la degradación, en casi todas sus dimensiones modernas (contrato, salarios, previsión, sindicalización, etc.), del proletariado industrial.

b)      No hemos construido ni un Estado ‘desarrollista’ ni un Estado ‘democrático-participativo’. En tres oportunidades (1829-1830, 1925 y 1973) el Estado nacional ha sido construido a partir de golpes militares (dos de ellos extremadamente sangrientos), con usurpación de la soberanía ciudadana y para implementar el mismo paradigma liberal anglo-sajón. La ciudadanía no ha ejercido nunca, por tanto, su soberanía, y ha sido reducida una y otra vez al uso degradante del derecho a petición, como también a la periódica elección individualista de los candidatos designados y controlados mayoritariamente por la clase política liberal. Por eso, en lugar de una clase trabajadora y profesional consciente de sus poderes cívicos y capacitada para producir y generar tecnología, se ha consolidado una masa social peticionista, incapacitada laboralmente, proclive al violentismo socio-político y de creciente irresponsabilidad cívica. Con el agravante de que 2/3 de esa ciudadanía vive de un empleo precario e inserta en una economía informal, en la que predomina el tráfico negro de diferentes especies y servicios. Es decir: no hemos construido ni un Estado verdaderamente democrático, ni ciudadanos soberanos, ni verdadero mercado interno.

c)      No hemos construido una sociedad igualitaria. Al principio, existió una diferenciación ‘imperialista’ entre colonos, indígenas y mestizos. Después, en el siglo XIX, existió una estratificación ‘pre-capitalista’ entre el patriciado mercantil y el peonaje rotoso. Más tarde, durante el primer centenario, hubo ‘otra’ categorización pre-capitalista entre la oligarquía liberal decadente y la chusma de los conventillos. Entre 1938 y 1973, cuando se intentó promover el desarrollo industrial, la diferenciación fue entre patrones y trabajadores. Y desde 1973, en pleno capitalismo mercantil, entre el minoritario ‘Quintil 5’ (el de los condominios) y el mayoritario ‘Quintil 1’ (el de las poblaciones). Por eso Recabarren habló de ‘ricos y pobres’. Y el Almirante Merino, con sorna, de ‘humanos y humanoides’. Y el glorioso Ejército chileno, después de cada masacre de trabajadores (en su brillante hoja de servicios se contabilizan veintitrés) ha hablado patrióticamente de ‘los amigos’ (la oligarquía mercantil) y del “enemigo interno” (los mapuches, los rotos, los trabajadores, los marxistas, etc.); o, si se prefiere, de los que no tienen derechos (torturables) y de los que sí tienen (no torturables). No es extraño que, al día de hoy, Chile tenga una polarización y una desigualdad de ingresos que está rankeada entre las tres más altas del mundo. Y por eso mismo, en honor a la tradición, las actuales autoridades hablan de chilenos ‘sociales’ (con derecho público) y de chilenos ‘anti-sociales’ (con Ley Antiterrorista).

d)      No hemos constituido una cultura nacional de auto-educación y desarrollo. Hemos tenido, desde la era colonial, una sobre-impuesta cultura ‘occidental’ y una subyugada cultura ‘popular’. La primera es la que las elites, han imitado y copiado del hemisferio norte, tratando –sin mucho éxito– de nacionalizarla; la segunda, en lo que tiene de ‘criollo’, es la que conserva la clase popular en los rincones de su pobreza material y ciudadana, y donde aún prevalecen sus tradiciones. En cuanto a la cultura ‘chilena’, que las elites gobernantes han usurpado siempre al bajo pueblo para armar las insignias identitarias de ‘lo nacional’, no es cultura: son, sólo, materiales populares útiles para la legitimación simbólica de los usos y abusos del sistema de dominación. Por eso, la cultura ‘occidental’ ha servido principalmente para lubricar la dominación del patriciado librecambista; la cultura ‘chilena’, en cambio, sólo, como edulcorante para lo anterior. Sin embargo, debajo de la cultura occidental, la verdadera cultura popular se ha generado y regenerado, incesantemente, como cultura de resistencia, de agitación social y proyección al cambio estructural, que, como tal, ha chisporroteado por las calles, en los márgenes del sistema, en las cárceles políticas, en las poblaciones, en las faenas laborales y como carga seminal de poder revolucionario… Falta convertir la cultura revolucionaria del pueblo en una potencia de desarrollo productivo, social y político.

Luego del triunfo en Lircay, José Joaquín Prieto asumió la Presidencia de la República en 1831, ocupando el cargo por diez años. El mandatario llamó a conformar una instancia constitucional en la que el objetivo era reformar la Constitución de 1828, pero finalmente los integrantes redactaron una nueva carta magna para el país en 1833. El texto se convirtió en el soporte ideológico de la élite conservadora liderada por Diego Portales, quien quedó a cargo del Ministerio de Guerra y Marina.

La dupla Portales-Prieto creó la Guardia Cívica (financiada por la oligarquía nacional), que es la primera estructura fundamental para la edificación del Estado portaliano, con un ejército centralizado y dispuesto a controlar efectivamente el territorio en contra de cualquier disidencia y rebelión. Esta Guardia Cívica será también la primera forma de leva forzosa y de servicio militar.

Para el historiador chileno Sergio Grez, la Constitución de 1833 no fue “sino un texto destinado a dar legitimidad jurídica a un régimen con características dictatoriales resultante de la victoria militar del bando conservador en 1830. El nuevo texto constitucional fue un traje a la medida de la facción dominante de la aristocracia, que concentró de manera excluyente el poder durante varias décadas. El centralismo, autoritarismo y elitismo fueron sus rasgos principales”.

En la Constitución de 1833 el Estado chileno se declara único e indivisible, extendiendo sus dominios, perpetuando con ello la soberanía jurídico política en las tierras ancestrales. En este contexto de subordinación política y cultural, cimentado desde el sistema colonial español en adelante, los indígenas de todo el continente permanecieron silenciados, ignorados en la pobreza y la marginalidad.  Además de limitar el territorio y reconocer el principio de soberanía nacional, también ordenó en su capítulo IV y artículo 6 que “son chilenos: los nacidos en el territorio de Chile”, intentando borrar con ello las diferencias culturales y entre pueblos que ya vivían en el territorio previo a la colonización.

Tal como señala la teoría de Ernest Gellner, filósofo y antropólogo social británico, en el caso de Chile la política nacionalista funcionó como una «ingeniería social», para imponer una identidad nacional sobre el resto de identidades étnicas, logrando de esta manera, una singularidad cultural y homogénea con el fin de legitimar la existencia de un Estado. Es decir, “primero surgía el Estado y después, a través de políticas y prácticas nacionalistas se creaba, inventaba o imaginaba la nación”.

El proyecto unitario elaborado por intelectuales y la clase política que se hizo cargo del país después de la Independencia, tan sólidamente arraigado en nuestra sociedad, terminó por desdibujar al país real. Entre nosotros pareciera no existir la diversidad.

Diego Portales logró imponerse sobre Ramón Freire en la batalla de Lircay y construir el Estado no-participativo que nos domina hasta hoy. La heroificación de Portales ha simbolizado en Chile la degradación de la ciudadanía. La perpetuación del Estado portaliano ha difundido la amnesia pública sobre la verdadera democracia.

Sobre esta base se funda lo que actualmente tenemos, en su formato neoliberal producto de la Constitución de 1980, como estructura de Estado, como república, como sociedad, tanto en lo político como en lo económico: corrupción, cohecho, colusión, usura, enriquecimiento de los políticos a costa del erario nacional, entrega de soberanía a través de los recursos naturales, desindustrialización, usurpación de derechos básicos y sociales (salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones), etc.

El triunfo pelucón en Lircay estableció los patrones que estructuraron nuestra sociedad, nuestra política hasta el día de hoy, porque hoy tenemos una oligarquía comercial, que es la que nos dirige, porque son los dueños del Jumbo, de Falabella, de Ripley, de las cadenas de farmacias. Piñera, que en el fondo domina las tarjetas de crédito, el transporte. Ellos estructuran el país y lo han defendido siempre. Hoy no tenemos una burguesía industrial como clase dominante, no tenemos una clase capitalista propiamente tal, tenemos simplemente grandes mercaderes, mercaderes banqueros que ya no esconden la plata como en la época de 1810, donde tenían que enterrarla para que no se las robaran los bandidos, pero ahora lo depositan en bancos extranjeros, que es una manera de esconder tesoros también o de invertir en los paraísos tributarios.

Para poder mantener a los chilenos y chilenas en esta condición de expoliación, se necesita un Estado que haga una especie de acción policial para mantenerlos ordenados y disciplinados… que se dejen ordeñar tranquilamente sin rebelarse… Ese es el objetivo del Estado Portaliano. Ahora no es muy distinto, porque el Estado que tenemos no es el que elegimos libremente, sino el que dejó Pinochet, una reedición del Estado Portaliano que está jugando el mismo rol… que los chilenos y chilenas se dejen esquilmar tranquilos, con trabajo precario, les damos tarjetitas para que compren celulares y se sientan a otro nivel y este Estado mantiene el modelo neoliberal.

Además de aceptarse de forma tácita y sin mayores cuestionamientos o matices los aspectos propios del orden portaliano, de forma implícita –mediante omisiones– se ha aceptado la idea de la instauración de un régimen mediante la imposición –a través de vías de coacción armada– por sobre la deliberación colectiva. En efecto, tras cada agresión autoritaria -como lo sucedido en 1830, 1925 y 1973– vendrían importantes consecuencias negativas para la población. Esto quiere decir que no solo se han excluido a las mayorías de los procesos constituyentes y de reconstrucción estatal, sino que además en cada uno de ellos han sido perjudicados e imposibilitados, mediante el uso de la violencia política, de responder a aquella exclusión y perjuicio.

En relación a los tres casos –1830, 1925 y Pinochet en 1980– se visualizan tres relaciones considerables: I) Los tres se caracterizaron por ser períodos autoritarios, arbitrarios y represivos; II) En dos de los casos, hubo abiertamente violaciones a los Derechos Humanos y a los derechos cívicos; III) En estos tres casos hubo destrucción violenta y sin escatimar medios, del proyecto de orden y las alternativas impulsadas pos sus adversarios.

Ante la violencia política estatal y la resistencia ejercida por sectores medios y populares en diferentes momentos de la historia –y bajo diversas expresiones e intensidades– Gabriel Salazar señala: “Como puede apreciarse, el fenómeno de la violencia política no es de responsabilidad exclusiva del movimiento popular; sus protagonistas, en diversos grados, son prácticamente todos los actores sociales importantes de la Nación, moviéndose desde un lado o desde el otro del desgarramiento interno de la sociedad chilena”.

En síntesis, las mismas fuerzas que han forzado la estabilidad relativa del Estado, son las que han empujado a los movimientos sociales a ir en contra del Estado. En otras palabras, el endurecimiento constitucional ha generado a la vez que sofocado los conflictos. Entonces, la estabilidad se ha reducido históricamente al endurecimiento del sistema de dominación y no en el fortalecimiento de la democracia, lo que ha permitido la gobernabilidad relativa, no así la proyección de ésta hacia un proyecto de sociedad más allá de los intereses particulares y corporativos que circulan al interior de las élites. “En Chile, cada periodo de estabilidad constitucional ha estado precedido por una fase de violencia política constituyente, armada y no armada, estatal y no estatal, civil y militar, en dosis variables. La violencia estatal represiva muchas veces ha sido la continuación de esa violencia original” (Salazar; 2006).

El Ejército de Chile, desde los cuerpos mercenarios creados por Diego Portales, ha actuado como brazo armado y ejecutor de las directrices implantadas por la acaudalada élite nacional, que cada vez que percibe que sus derechos y prerrogativas pueden sufrir detrimento, sin ambages utiliza la fuerza de las armas, cosa que también desmonta el popular mito de que Chile ha sido siempre una nación pacífica y democrática.

Veamos ahora, de manera muy resumida, algunas acciones de sangre que ha ejecutado el Ejército:

Ocupación (“Pacificación”) de la Araucanía (1861-1883). Gobiernos de Manuel Montt, José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Ánibal Pinto, Domigo Santa María

Bajo la excusa de la aparición de Orelie Antoine I en la Araucanía, y principalmente motivado por la prensa de la élite que fue generando una opinión desfavorable en contra del pueblo-nación mapuche. De ese modo, desconociendo el Tratado de Tapihue de 1825, se decide seguir el plan propuesto por Cornelio Saavedra para la ocupación del territorio mapuche al sur del Biobío. Si bien la ocupación fue en un inicio fácil para las fuerzas chilenas, a finales de la década del 60 del siglo XIX los mapuche se rearticularon y pudieron organizar su defensa. Eso hizo que José Joaquín Pérez en mayo de 1870 declarara formalmente la guerra al pueblo mapuche, en lo que se puede llamar el periodo de “guerra ofensiva”, en donde el sabotaje a fuentes de alimentación, quema de rukas, y aislamiento de comunidades mapuche fue la estrategia llevada a cabo por el Ejército chileno.

Entre acciones directas e indirectas, la población mapuche fue diezmada por el proceso de ocupación y posterior colonización, con cifras que hablan de la reducción de una población de alrededor 500 mil habitantes a 25 mil, según el historiador Ward Churchill. Asesinatos, hambre y pestes producto de la invasión y del usurpación del 95% de su territorio fueron las principales causas de una mortandad masiva que responde directamente a la invasión del Ejército de Chile a dicho territorio.

Las matanzas del Ejército de Chile contra el pueblo durante el Siglo XX

Gobierno de Germán Riesco (1901 – 1906)

-2 de mayo de 1903: Contra obreros portuarios de Valparaíso, por soldados del Ejército, los obreros como respuesta a la matanza, quema el periódico “El Mercurio” de la familia Edwards. Policía y “guardias blancas”. 30 muertos, 600 heridos.

Contra obreros del carbón en Coronel por efectivos del Regimiento Chacabuco. 3 asesinados; 2 heridos.

-17 de septiembre 1904: Contra pampinos en oficina salitrera Chile, en huelga. Piquete de Húsares de la Muerte. 13 muertos y 32 heridos.

-24 de octubre de 1905: Contra manifestantes en Santiago en protesta contra impuesto a carne argentina, por soldados del Ejército. 70 muertos, 300 heridos y 530 detenidos.

-6 de febrero de 1906: Contra huelguistas en la Plaza Colón de Antofagasta, 10 muertos, numerosos heridos. Perpetrada por soldados del Regimiento Esmeralda, Séptimo de Línea, de Antofagasta.

Gobierno de Pedro Montt (1906 – 1910)

-21 de diciembre de 1907: Contra pampinos en la Escuela Santa María de Iquique por soldados del Ejército, marinos de la Escuadra de Guerra y “guardias blancas”. Más de 2.000 muertos y muchos heridos.

Gobierno de Juan Luis Sanfuentes (1915- 1920)

-1917: Contra mujeres que solidarizan con ferroviarios en “huelga del tarro”, en Antofagasta, por soldados del Ejército. Varias mujeres muertas y heridas.

-30 de diciembre de 1918: Contra obreros de Punta Arenas, por la policía. 1 muerto; 30 heridos a bala y sable.

-23 de enero de 1919: Contra obreros de Puerto Natales, por militares y policía. 6 muertos Contra huelguistas en oficina salitrera Domeyko, provincia de Antofagasta, por policía. Un muerto, varios heridos.

-27 de julio de 1920: Contra trabajadores de Punta Arenas: asalto e incendio de sede de Federación Obrera de Magallanes, por soldados, policias y “guardias blancas”. Alrededor de 30 asesinados en asalto y posterior terror.

-Noviembre de 1920: Contra mineros del carbón en huelga en Lota por soldados. Un muerto, cuatro heridos.

Primer gobierno de Arturo Alessandri Palma (1920- 1925)

-3 de febrero de 1921: Contra pampinos en Oficina San Gregorio, por soldados Regimiento Esmeralda y policía. 100 muertos, numerosos heridos.

-Abril de 1921: Contra mineros del carbón en Curanilahue por soldados. Varios asesinados y heridos.

-23 de noviembre 1921: Contra comité de cesantes de la FOCH que marchan solidarizando con campesinos, en el Zanjón de la Aguada, por soldados. 1 muerto, varios heridos. contra huelguistas de la Compañía Chilena de Tabaco, en Valparaíso por efectivos del Ejército. Un muerto y 60 heridos.

-Febrero de 1922: Contra huelguistas de Tejidos Lourdes en Santiago por policías. Un muerto, varios heridos.

-25 de mayo de 1922: Contra cesantes y sus familiares al pie del monumento de Bernardo O’Higgins en la Alameda, Santiago, por efectivos del Ejército. Varios muertos y heridos.

Contra campesinos del fundo La Tranquilla en Petorca, por policías. Varios muertos.

-4 de junio de 1925: Contra pampinos en oficina salitrera de La Coruña, por efectivos del Ejército, que emplean cañones en esa oficina, luego el “palomeo” de obreros y el lanzarlos al fondo del mar. Más de 2 mil asesinados. Decenas de heridos.

Gobierno de Juan Esteban Montero (1931 – 1932)

-25 de diciembre 1931: Contra dirigentes y militantes comunistas en Vallenar por policías. Más de 30 asesinados.

Segundo Gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932 – 1938)

-27 de abril de 1934: Asalto al local de la FOCH, Ubicado en Calle San Francisco 608, Santiago, contra obreros municipales en huelga por carabineros. 5 muertos y más de 20 heridos a bala y sable.

-Junio – julio de 1934: Contra campesinos del Alto Bío-Bio en Ránquil, por carabineros. Más de 100 muertos.

-Febrero de 1936: Contra obreros ferroviarios en huelga, por carabineros. Decenas de heridos.

-5 de septiembre 1938: Contra jóvenes nazis en el Seguro Obrero, en Santiago. 62 asesinados.

Gobierno de Juan Antonio Ríos (1942 -1946)

-11 de junio de 1942: Contra campesinos del fundo Llay-Llay, de Purranque, cerca de Osorno, por carabineros. 2 muertos y 6 heridos.

-20 de febrero 1942: Contra manifestantes en Plaza Ercilla, por carabineros. 1 muerto.

-13 de septiembre 1942: Contra comuneros de Chape Chacay, cerca de Ovalle, por “guardias blancas”. 2 muertos y varios heridos.

-7 de octubre de 1942: Contra mineros del carbón en Lota, en su local sindical, por carabineros. 3 muertos y 6 heridos.

Vicepresidencia de Alfredo Duhalde (enero-noviembre 1946)

-28 de enero de 1946: Contra acto de la CTCH en Plaza Bulnes de Santiago, por carabineros. 6 asesinados, numerosos heridos.

-Comienzos de mayo de 1946: Contra mapuches de la Comunidad Ignacia Nacurray, en Palmahue, provincia de Cautín, por carabineros. 3 muertos, varios heridos.

-14 de mayo de 1946: Contra campesinos del fundo La Isla, comuna de Fresia, departamento de Puerto Varas, por carabineros, 2 muertos y 4 heridos.

Gobierno de Gabriel González Videla (1946 – 1952)

-12 de junio de 1947: Contra choferes y cobradores de micro en huelga, en Bascuñán Guerrero y Alameda, Santiago, por carabineros. 4 muertos y 20 heridos.

-5 de junio de 1949: Contra trabajadores en San Diego con Avenida Matta, Santiago, por carabineros. 19 heridos a bala, algunos graves.

-16-20 agosto de 1949: Contra manifestantes, obreros y estudiantes, en calles de Santiago, por carabineros y soldados del Ejército. 4 muertos y numerosos heridos a bala.

-7 de noviembre de 1950: Contra manifestantes en Plaza de Armas, en Santiago, por carabineros. Varios heridos a bala.

-10 de marzo de 1951: Contra obreros en huelga de la Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar, por carabineros. 36 heridos a bala.

-1 de julio de 1952: Contra manifestantes que repudian en las calles de la capital el Pacto Militar, por carabineros. Un muerto, varios heridos.

Segundo Gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952 – 1958)

-17 de septiembre 1956: Contra obreros de la oficina salitrera Pedro de Valdivia, por carabineros. 3 asesinados; 24 heridos graves.

-30 de marzo de 1957: Contra manifestantes en calles de Valparaíso, por carabineros. 1 muerto, varios lesionados.

-1 de abril de 1957: Contra estudiantes en calle Miraflores, en Santiago. Una estudiante asesinada, varios heridos a bala, por carabineros.

-2 de abril de 1957: Contra manifestantes en calles de la capital, por efectivos del Ejército. 20 muertos; varios heridos.

Gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez (1958 – 1964)

-6 de julio de 1960: Contra obreros de Madeco que estaban en su sede sindical, por carabineros. 20 heridos a bala.

-3 de noviembre 1960: Contra manifestantes de la CUT en el centro de Santiago. Dos muertos, por carabineros.

-19 de noviembre 1962: Contra pobladores de la población José María Caro por soldados de la Aviación. 6 muertos, 30 heridos, 200 detenidos.

Gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964 – 1970)

-11 de marzo 1966: Contra obreros del mineral de cobre de El Salvador en huelga solidaria, por soldados del Ejército. 8 asesinados (2 mujeres y 6 obreros) y 60 heridos a bala.

-2.3 de noviembre 1967: Contra manifestantes de la CUT en Santiago, en los marcos del paro nacional de la CUT contra el ahorro forzoso, por carabineros. 7 muertos, varios heridos a bala.

-9 de marzo 1969: Contra pobladores en Pampa Irigoin, Puerto Montt. 11 asesinados, varios heridos.

-28 de agosto 1969: Carabineros contra manifestantes en San Miguel. 1 muerto; varios heridos, 7 graves.

-11 de septiembre 1969: Contra estudiantes de Copiapó, por carabineros. 1 muerto.

-8 de julio 1970: Contra manifestantes en acto de la CUT, en los marcos de un paro nacional en Plaza Tropezón de Quinta Normal, Santiago. 1 muerto.

Dictadura cívico-militar (1973 -1990)

En este periodo se ejerció la violación sistemática de los Derechos Humanos, con miles de asesinados, torturados, exiliados, detenidos y exonerados. En cifras oficiales distintos informes (como Rettig y Valech 1 y 2) han establecido más de 40 mil víctimas de violencia política y 1.193 Detenidos Desaparecidos.

Estallido social (2019-2020)

El lunes 28 de septiembre de 2020, se desarrolló la sesión de la Comisión de DD.HH. y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados, en donde el Ministerio Público entregó el reporte final de violaciones a los Derechos Humanos cometidas por parte de funcionarios policiales desde octubre de 2019, alcanzando un total de 8.575 víctimas.

Telón… Lircay hasta el presente, sinónimo de elitismo, exclusión, mercantilismo, subdesarrollo, aplastamiento de la disidencia y de la democracia participativa y deliberante.

Autor: Jorge Molina Araneda