La profunda crisis habitacional que atraviesa Chile está empujando a unas 87 familias, al menos 150 personas, todos los días a instalarse en asentamientos irregulares.
Así lo revela un informe sobre las estadísticas de campamentos en Chile, publicado por el centro de estudios de Techo Chile, con datos registrados entre 2022-2023, el cual concluyó que existe un aumento de un 39,5% en comparación a la medición anterior (2020-2021).
Esto se traduce en que 113.887 familias– un tercio de ellas migrantes- viven de esta forma a nivel nacional, habitando en sitios con alcantarillado deficitario y acceso informal a agua potable y electricidad. Una cantidad cuatro veces mayor a los datos obtenidos en 2011.
El diario español El País se hizo eco de esta situación y destaca que la cifra publicada por Techo Chile, es la más alta desde que la fundación, dedicado al problema de la vivienda, comenzó el registro a comienzos del milenio.
“Más allá de los datos, esto es el reflejo de que los campamentos [como se les llama en Chile a las barriadas o los grandes asentamientos irregulares] se están transformando en la alternativa habitacional informal para gran parte de la población”, indicó Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, una iniciativa que pretende eliminar las carencias habitacionales en Chile para el 2030.
El citado medio señala que de 19 millones de habitantes de Chile, unas 650.000 familias no tienen una vivienda digna, un dato similar al de la crisis habitacional que existía a comienzos de los años noventa, después de la dictadura de Augusto Pinochet.
El alza en el número de familias trasladándose a asentamientos aumentó a partir de 2014, cuando cada año se sumaban entre 2.000 y 3.000.
“El gran salto se produce entre 2019 y febrero de 2021, cuando el aumento es de 73% en dos años”, explicó al País la directora del Centro de Estudios Techo, Pía Palacios.
Planteó que durante el periodo post estallido social de octubre de 2019 y la pandemia se profundizó la crisis económica, sobre todo en los hogares más vulnerables y que el abrupto crecimiento registrado entre 2019 y 2021 se volvió a repetir entre 2021 y 2023.
“El aumento sostenido en la última década coincide con que el precio de la vivienda comenzó a aumentar a un ritmo mucho más acelerado que las subidas salariales”, precisó Palacios.
De hecho de los 1.290 asentamientos que existen hoy en Chile, un 45,7% se levantaron entre el 2010 al 2020 y un 14,6% desde el 2020 a la fecha.
En representación la voz de aquellos que viven en estos sectores, Julia Durán, presidenta del Campamento Pablo Neruda en la comuna de Quirihue -donde habitan 160 familias,-se refirió a la compleja situación que han tenido que afrontar en el lugar, donde si bien se ha estado avanzando en distintas soluciones individuales, otras se han visto obstaculizadas para poder finalmente acceder a la casa propia.
“Si bien hemos avanzado en el tema, aún hay varias familias con observaciones y temas pendientes, como por ejemplo el no tener todavía los terrenos regularizados (…) tenemos familias de distintas edades y otras que ya han fallecido esperando. Ahora más encima ya se nos acerca de nuevo el invierno, tenemos riesgos de inundación”, relató la dirigenta a Soy Chile.Cl.
El Estado ha tardado en adaptarse a la nueva demanda urbana habitacional
El País de España destaca en su artículo que Gobierno del presidente Gabriel Boric se ha trazado como objetivo construir 260.000 viviendas en cuatro año, hasta marzo de 2026 y que el mandatario en su primer año de administración logró entregó 39.000 soluciones habitacionales, mientras que hay otras 136.000 en construcción, según cifras el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
La subsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, sostuvo en la publicación del catastro de Techo Chile que dentro del plan están privilegiando la radicación de las familias que habitan asentamientos donde se pueden construir.
“Vamos a reconocer la historia y la voluntad de las familias de poder quedarse ahí, y el resto lo vamos a atender reubicándolos en terrenos y proyectos habitacionales seguros”, afirmó.
Sobre este complejo escenario, Bowen, de Déficit Cero, planteó tres medidas claves, la primera de ellas es identificar los asentamientos más antiguos y asentados para regularizarlos.
“Hay que asumir que gran parte de los campamentos son en la práctica parte de la ciudad. El Gobierno está haciendo algo en esa línea y me parece acertado”, indicó a El País.
La segunda, se basa en la necesidad de implementar políticas de barrios transitorios o arriendo público para las familias que no consiguen un subsidio habitacional y se ven obligadas a vivir en la informalidad. Y la tercera, aumentar la oferta de soluciones habitacionales.
“El Estado ha tardado en adaptarse a la nueva demanda urbana habitacional que tiene el país”, señaló Bowen, quien enfatizó que se deben agilizar los procesos de entrega, facilitar y disponibilizar el suelo para todo tipo de vivienda y flexibilizar los subsidios que existen.
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