El peligroso retroceso en los derechos de las mujeres

«El retroceso en derechos no solo afecta a las mujeres, sino que erosiona la democracia y la justicia social» – Michelle Bachelet

Por Paola Chávez Madrid

El avance de la ultraderecha en Chile y el mundo ha significado un preocupante retroceso en los derechos de las mujeres. Discursos que apelan a la «familia tradicional» han intentado restringir derechos fundamentales, afectando especialmente a sectores vulnerables y rurales. En comunas como La Pintana, Puente Alto y La Florida, la precariedad económica y la falta de acceso a información agravan la situación, limitando las opciones de muchas mujeres frente a la violencia de género y la desigualdad.

Uno de los mayores peligros radica en la desinformación y la invisibilización de estas problemáticas. En sectores rurales, muchas mujeres no cuentan con redes de apoyo ni acceso a servicios esenciales, quedando expuestas a la violencia sin mecanismos efectivos de protección. La criminalización de movimientos feministas y la falta de financiamiento para programas de apoyo han debilitado los avances logrados en décadas de lucha.

Este retroceso no es un fenómeno aislado. En Estados Unidos, la anulación de Roe vs. Wade en 2022 permitió que numerosos estados prohibieran el aborto, impactando gravemente a mujeres en situación de pobreza y minorías raciales. En Europa, países como Polonia han endurecido las restricciones al aborto y debilitado leyes de protección contra la violencia de género. En América Latina, casos como El Salvador, donde mujeres pueden enfrentar hasta 30 años de prisión por abortos espontáneos, o Brasil, donde el gobierno de Bolsonaro intentó restringir derechos reproductivos, evidencian cómo la ultraderecha busca desmantelar políticas de equidad.

Ejemplo de una política que ha marcado un cambio positivo es la «Ley Papito Corazón», que desde 2023 ha fortalecido el cumplimiento de las pensiones de alimentos, permitiendo que miles de madres accedan a justicia económica. En su primer año de aplicación, se ordenaron pagos por más de 830.000 millones de pesos, beneficiando a más de 104.000 personas. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha jugado un rol clave en la implementación de esta ley, garantizando que muchas familias en situación de vulnerabilidad no queden desprotegidas.

La falta de pago de pensiones es solo una de las muchas formas en que la desigualdad afecta a las mujeres. La violencia económica, el acceso limitado a derechos reproductivos y la precarización del empleo femenino continúan siendo desafíos urgentes. Es fundamental fortalecer políticas públicas que protejan los derechos de las mujeres y dejen sin espacio a quienes buscan revertir los avances logrados.

Hoy más que nunca, la lucha por la equidad de género debe seguir siendo una prioridad. La historia ha demostrado que los derechos no están garantizados, y solo mediante organización y acción colectiva es posible defender lo conquistado y seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Por Paola Chávez Madrid

Ex consejera regional Provincia Cordillera

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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