El sangriento legado de Carabineros de Chile desde su fundación hasta nuestros días

El asesinato a manos de Carabineros del joven malabarista Francisco Martínez en Panguipulli ha generado conmoción en la opinión pública y ha vuelto a poner bajo cuestionamientos el modo de operar de la institución policial, el cual históricamente ha incurrido en asesinatos, masacres, represión y violación a los derechos humanos de la ciudadanía.

Durante este lunes, el usuario de twitter ,Neolester (@Neo__lester), publicó un hilo que resume algunas de las «matanzas más grandes» efectuadas por la institución en contra de la población, y que han evidenciado la brutalidad policial del cuerpo de Carabineros.

A este medio le pareció bien el ejercicio de repasar algunos de los crímenes cometidos por Carabineros de Chile para conocer más de esta institución que en los últimos años ha perdido lo poco que le quedaba de credibilidad.

90 años de represión

La institución -fundada el 27 de abril 1927 por el dictador Carlos Ibáñez del Campo– ha mantenido un actuar represivo y atentatorio de los derechos humanos desde sus primeros años, el cual se ha reproducido a lo largo de su historia.

A cuatro años de su creación, Carabineros fue partícipe de la Masacre de Vallenar el 25 de diciembre de 1931, durante el gobierno de Juan Esteban Montero.

El asesinato de militantes comunistas en dicha comuna, fue precedido por un complot insurreccional en Copiapó que pretendía la toma del Regimiento Esmeralda, en el cual participaron no sólo militantes comunistas, sino que alessandristas e incluso un comisario de Carabineros.

La reacción del gobierno de Montero fue enviar a efectivos de Carabineros a tomarse la sede del Partido Comunista. Sin embargo, ante la resistencia de los militantes a desalojar, dinamitaron el recinto.

Posteriormente, se allanaron las casas de dirigentes del PC, quienes fueron fusilados. Los hechos culminaron con decenas de militantes asesinados.

La matanza de Ránquil en 1934, corresponde a otro de estos episodios, que contó no sólo con la participación de Carabineros, sino de militares. Durante el gobierno de Arturo Alessandri Palma, campesinos chilenos y mapuches se rebelaron contra un decreto que expropiaba las tierras de pequeños propietarios para entregarlas a los grandes terratenientes.

A raíz de ello, campesinos del Sindicato Agrícola de Lonquimay se organizaron para recuperar sus tierras.

Debido a que las fuerzas represivas locales se vieron superadas, el gobierno reaccionó enviando una unidad de Carabineros y de militares a la zona, lo que resultó en un número elevado de muertes. Si bien, la cifra no se ha logrado estimar con exactitud, la represión implicó alrededor de 500 víctimas asesinadas, aunque la historia oficial estima entre 150 y 200.

Otro delos crímenes perpetrados por Carabineros, correspondió a la Masacre de la Plaza Bulnes en enero de 1946. En aquel entonces miles de obreros se movilizaron junto con trabajadores de empresas. 

A raíz de esto, gran parte de las comisarías de Santiago se acuartelaron, lo que implicó un despligue de Carabineros hacia la plaza, quienes dispararon a las y los manifestantes, dejando a más de 40 heridos, y siete muertos, entre los cuales, se encontró a Ramona Parra Alarcón, dirigenta comunista de 19 años, quien recibió un disparo en la cabeza.

Masacres y asesinatos en dictadura 

La represión de Carabineros adquirió mayor fuerza durante la dictadura de Augusto Pinochet. Tan solo a una semana del golpe de estado contra Salvador Allende en 1973 y en un solo episodio, asesinaron a diecinueve personas. 

A este homicidio múltiple, cometido por funcionarios de la Tenencia Laja, se le conoce como la Masacre de Laja-San Rosendo, dado que las víctimas fueron hombres de dichas localidades, dos de ellos menores de edad.

Lo que agravó la situación fue que sus cuerpos fueron inhumados clandestinamente por los funcionarios cerca del Puente Perales, para luego volver a la Tenencia de Laja, donde juraron un pacto de silencio. Sin embargo, el cabo Samuel Vidal Riquelme, rompió dicho pacto, confesando el crimen 38 años después.

La condena a los funcionarios involucrados llegó 47 años más tarde, en enero de 2020. Además se comprobó la participación de civiles en los hechos, pues entre los cómplices figuraron funcionarios de la CMPC (Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones).

Otro sangriento episodio que generó conmoción en la ciudadanía corresponde al Caso Degollados, el cual implicó el asesinato de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, quienes fueron detenidos y secuestrados por agentes de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (Dicomcar) a plena luz del día.

No se supo nada del paradero de los secuestrados sino hasta el 30 marzo de 1985, cuando fueron encontrados los cuerpos degollados de las víctimas en el camino que une Quilicura con el Aeropuerto de Pudahuel.

Un día antes del hallazgo de los restos de Guerrero, Parada y Nattino, dos jóvenes fueron asesinados por una patrulla de Carabineros el 29 de marzo en un callejón de la población Robert Kennedy.

Las víctimas eran los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, por quienes se conmemora cada año el Día del Joven Combatiente.

Muertes sospechosas en una celda

La situación crítica en la que se encuentra Carabineros se ha ratificado con los últimos acontecimientos registrados durante los últimos días, como es el caso del asesinato del joven malabarista Francisco Martínez en Panguipulli, a manos de un funcionario y la muerte en extrañas circunstancias de Camilo Miyaki Salinas, detenido en la 51 Comisaría de Pedro Aguirre Cerda, y quien fue encontrado sin vida en una celda, lo que según la versión de los uniformados se trató de un “suicidio” por ahorcamiento.

La sospechosa muerte de Camilo Miyaki, hizo resurgir la indignación que provocó el caso de Luis Guillermo Beiza, minero de la comuna de Llay Llay quien fue encontrado sin vida en un calabozo de la subcomisaría de la comuna el 3 de junio del 2013, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Beiza había sido detenido por porte de droga a raíz de una presunta denuncia anónima, la cual nunca se pudo acreditar. 

A pesar de que desde la Fiscalía de San Felipe se instruyó que Beiza fuera dejado en libertad, Carabineros no siguió dicha instrucción.

A las dos horas, Beiza apareció sin vida, y fue enterrado sin corazón (lo cual se conoció en la segunda autopsia), por lo que nunca se pudo establecer su causa de muerte. A raíz de esto, el Dr. Gastón Santiago Donckaster Clavero, director del Servicio Médico Legal de San Felipe en ese entonces, fue formalizado por falsificación y mal uso del instrumento público.

Si bien el caso concluyó con una indemnización de más de 200 millones de pesos, el daño para la familia ha sido irreparable, y además la defensa de la familia señaló que todas las personas involucradas y sancionadas por Carabineros fueron restituidas en la institución tanto en el mismo sector como en otras zonas del país.

Brutalidad policial heredada de la dictadura 

Posterior a la dictadura, la violencia policial por parte de la institución aparentemente pareció haber menguado. El abogado de derechos humanos y ex Vicaría de la Solidaridad, Luis Toro, señaló que incluso la institución generó cierto respeto y además “estuvo generando confianza en la ciudadanía”.

Sin embargo, esta percepción cambió drásticamente, en especial en el contexto del 18-O, en el que el actuar policial volvió a aproximarse a lo que fue en tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet.

“Todo eso ha ido variando, principalmente durante o después del estallido social. Carabineros ha tenido unas prácticas tan o más brutales que en la dictadura, prueba de ello son las 400 mutilaciones oculares, la mayoría de ellas producidas por Carabineros”, señaló Toro en sus declaraciones a El Ciudadano.

De acuerdo con Toro, Carabineros debe resguardar el sistema o el bien jurídico, el cual en la actualidad corresponde a la democracia o una transición a ésta. Sin embargo, hasta hoy prevalece la función que tenía en dictadura,  operando como “un instrumento en la represión”.

A raíz de esto, Toro afirma que la función policial “está tergiversada”, y es por ello que la represión y el uso de elementos de disuasión en manifestaciones ha atentado contra los derechos humanos.

“En Chile hemos involucionado (…) se están utilizando en contra de manifestantes escopetas, que lanzan perdigones que parecen balas, gases pimienta, prohibidos, agua pero con ácido, prohibido, y la presencia policial no es necesariamente una presencia, terminan en ataques policiales hacia los manifestantes”.

Con relación a la presencia policial, Toro señaló que lo más grave es que el alto mando de Carabineros justifica este actuar, y a su vez, el gobierno ha dotado a la institución de elementos que han sido utilizados para atentar en contra los derechos humanos.

“La presencia policial preventiva se ha transformado en una presencia policial ofensiva, de modo que está alterado totalmente el panorama y esa es una de las razones por las cuales Carabineros debe ser intervenido, esto no puede seguir”, afirmó Toro.

Falta de voluntad política

Ha pasado casi un siglo desde la fundación de Carabineros y varias décadas desde las masacres perpetradas por la institución, no obstante, no ha habido un cambio, reforma o intervención sustancial en el cuerpo policial que impida que se siga asesinando y violentando los derechos humanos.

La función en democracia que debería cumplir la institución no se ha visto reflejada durante todos estos años. Al respecto, Toro señaló que Carabineros en vez de proteger el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, los “ataca y limita”.

“Yo creo que no se ha realizado una reforma o una intervención en Carabineros por falta de voluntad política y por el peso que Carabineros tiene en el país. Hay cierto temor, y no hemos tenido legisladores ni gobiernos con los cojones suficientes para hacerlo”, aseveró el abogado.