El Toqui suma problemas: Ahora retira declaración de impacto ambiental por 146 prospecciones en Alto Mañihuales

Una insólita situación se vivió hasta hace pocos días en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con diversos organismos públicos evaluando la declaración de impacto ambiental (DIA) de un titular en quiebra. El proyecto consistía en la realización de 146 sondajes entre 2019 y 2023 en Alto Mañihuales, a cargo de la Sociedad Contractual Minera El Toqui, declarada insolvente desde enero de este año, y cuya matriz australiana declaró el mismo estatus en diciembre pasado.

La DIA fue ingresada el 24 de diciembre de 2018 y acogida a trámite el 2 de enero de este año, con un primer Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (ICSARA) emitido el 2 de febrero. Este es el documento que elabora el SEA sobre la base de las observaciones de los órganos con competencia ambiental y que en este caso debía ser respondido por el titular al 26 de marzo. 

Al no poder cumplir con el plazo, en dos ocasiones El Toqui solicitó extensión: en un primer momento para el mes de marzo de 2020, autorizándosele solo hasta el 9 de mayo, ante lo cual reiteró la solicitud, a lo cual el SEA accedió pero solo hasta el 3 de junio.  Ante esta situación, el 28 de mayo la empresa se desistió de su declaración de impacto ambiental, lo cual fue aceptado el mismo día.

Los motivos para no responder en los plazos establecidos por la autoridad fueron claros: «Como empresa hemos tenido que priorizar dentro de la gran cantidad de actividades y elaboración de documentos de gran importancia dentro de nuestra gestión, con el fin de dar correcto uso a los pocos recursos económicos con los que contamos actualmente bajo quiebra y dar cumplimiento al mayor número de requerimientos de los servicios que controlan el actuar de empresas mineras».

«Pero como no es posible dar cobertura a todo lo que normalmente debíamos tramitar y ejecutar, es que hemos solicitado se consideren plazos, que nos permitan poder responder de forma satisfactoria a las observaciones y requerimientos de todos los servicios que han participado de este proceso de evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental de Prospecciones El Toqui (…)», señaló la empresa en su segunda solicitud de suspensión hasta marzo de 2020. La negativa de la autoridad gatilló el retiro del proyecto.

El desistimiento de la empresa abre una interrogante: qué pasa con la evaluación ambiental de un proyecto cuyo titular se declara en quiebra (en este caso, tanto la filial en Chile como su matriz en Australia), la cual da cuenta de un vacío en la legislación ambiental chilena.

El SEA continuó la tramitación normal de la iniciativa al no contar con herramientas para terminar el proceso a la luz de la situación legal de una empresa insolvente, que no ha pagado aún los sueldos de sus trabajadores y con deudas por $ 39.000 millones. Incluso el servicio había rechazado realizar el proceso de participación ciudadana solicitado por diversas organizaciones regionales, recurriendo al mismo argumento que posteriormente fuera desestimado por la Corte Suprema para el caso de las prospecciones mineras del proyecto Terrazas en Puerto Ingeniero Ibáñez, también de Laguna Gold, y por lo cual se revocó la aprobación y se requirió que se involucre a la comunidad.

Este complejo escenario ha derivado en múltiples movilizaciones, incluso cortes de ruta, con un gobierno en la práctica actuando como representante de una empresa privada al ofrecer la compañía a posibles compradores a nivel internacional. Y con el senador David Sandoval planteando la intervención del gobierno de Australia.

Ausente de esta discusión está el debate sobre insistir en Aysén con una actividad extractiva como la minería. Una que además de sustentarse en recursos no renovables y generar importantes impactos ambientales y sociales, periódicamente ha sido responsable de crisis de diverso tipo (ambientales, económicas, de seguridad) que dejan en la cesantía a los trabajadores y trabajadoras que de ella dependen. Ante esta recurrente realidad gobiernos y municipios se ven obligados a resolver los problemas que originan las empresas privadas de este sector, restando recursos económicos  otras áreas y comunidades.

Por Patricio Segura