Por Francisco Marín
El 27 de mayo, la empresa eléctrica ENEL anunció el retiro anticipado de las unidades generadoras a carbón Bocamina I y Bocamina II, ubicadas en la ciudad de Coronel, las que tienen una potencia instalada de 128 MW y de 350 MW respectivamente.
Sobre el retiro, la empresa ha señalado que el proceso de cierre contempla la reubicación para la totalidad de los trabajadores de ambas unidades, considerando oportunidades en todas las áreas y líneas de negocios del grupo en Chile. Asimismo, mencionó que comenzará un proceso de análisis para determinar el potencial de reconversión energética de sus instalaciones o buscar el mejor destino para el terreno, teniendo como objetivo el desarrollo de ese territorio.
Si bien la noticia alegró a los habitantes de Coronel y a las organizaciones ciudadanas que componen la coalición Chao Carbón, con el pasar de los días se dieron a conocer acciones de la empresa en contra de la comunidad de Coronel. En primer lugar, dichas acciones empeñan el celebrado anuncio, dado que la empresa inició acciones legales, en contra del edil de la Municipalidad de Coronel, representado por Boris Chamorro, en donde se solicita el pago de 284 millones de pesos.
La arremetida de la empresa, no se entiende, sino en el marco de una pasada de cuentas al alcalde, por el uso de sus facultades y clausurar el vertedero de cenizas en 2019, el que se encuentra emplazado en el casco urbano de la ciudad, y el que actualmente enfrenta en Contraloría una solicitud de pronunciamiento “respecto de la legalidad de la actuación de los órganos de la administración del Estado competentes”.
En segundo lugar, no se comprende que la empresa haya anunciado en Italia a sus accionistas la medida de reparar a unos de los antiguos trabajadores de la agrupación de Trabajadores Unidos Contra el Asbesto TUCA, el que tienen en sus filas numerosos trabajadores enfermos que fueron expuestos al asbesto y que han denunciado que ENEL Chile ha cerrado todos los canales de negociación en nuestro país.
A pesar de la alegría que generó en la comunidad y en las organizaciones socioambientales que componen la Coalición Chao Carbón, el anuncio del cierre de Bocamina I a más tardar a fines de este año y Bocamina II no más allá de mayo de 2022, lo cierto es que no se entienden las acciones contradictorias de Enel, empresa cuestionada históricamente en la ciudad de Coronel que después de décadas de denuncias de la comunidad local sobre la violación de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y humanos de los trabajadores y habitantes, anuncie el cierre adelantado de las termoeléctricas a carbón y por otro lado, anuncia millonaria demanda contra el municipio y cese de negociaciones con los trabajadores enfermos por el asbesto de Enel.
Esta situación, hace patente la necesidad de que las empresas y el Estado sean conscientes de las desestabilizaciones en el territorio que genera la salida de dichas industrias, por lo que no pueden estar aumentando más los niveles de conflictividad socioambiental, por el contrario, se deben fomentar procesos democráticos y respetuosos con el entorno que garanticen condiciones laborales y de seguridad social para los trabajadores y las comunidades afectadas, a la vez asegurar una remediación ambiental para los territorios impactados por la contaminación de las centrales termoeléctricas a carbón.
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