Fraude al Fisco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, son los cargos que enfrenta el alcalde de Buin, Miguel Araya Lobos (UDI), siendo esto un obstáculo para su aspiración de buscar un tercer periodo al mando de la comuna.
Sin embargo, al contrario de lo que se pensaría, la candidatura de Araya sigue adelante, pese a las contundentes pruebas que, según el expediente judicial, lo vinculan a prácticas corruptas, como la existencia de funcionarios fantasmas, depósitos sospechosos de empleados municipales y transacciones cuestionables.
A pesar de estas acusaciones, el partido gremialista, no ha mostrado interés en revaluar la candidatura de Araya, y su inscripción en el bloque de Chile Vamos nunca estuvo en duda para este próximo 27 de octubre, día de las elecciones municipales.
El diputado Leonardo Soto (PS), quien representa a la comuna de Buin, criticó duramente la decisión de mantener a Araya como candidato, subrayando la gravedad de que una persona formalizada por múltiples delitos de corrupción sea presentada en elecciones municipales.
“Es de la máxima gravedad que la UDI presente un candidato a alcalde en la comuna de Buin que aparece formalizado por varios delitos de corrupción. Los partidos debieran tener normas más estrictas que impidan que personas que tienen una formalización en la justicia por delitos de corrupción puedan representarlo s en las elecciones”, apuntó.
Las investigaciones en contra de Araya se remontan a 2017, cuando una denuncia anónima reveló la existencia de un funcionario fantasma en la Municipalidad de Buin. Según la Brigada Anticorrupción (Brianco) de la PDI, este funcionario habría cobrado más de 10 millones de pesos por trabajos que nunca realizó.
Este hecho llevó a la Fiscalía a investigar más a fondo, lo que incluyó el levantamiento del secreto bancario de los involucrados, incluyendo el propio alcalde militante de la UDI, confirmando sospechosos depósitos en las cuentas corrientes personales de Araya.
Con esta información, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) decidió ampliar la querella inicial por Fraude al Fisco, agregando los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El 6 de marzo, el Ministerio Público solicitó una audiencia de reformalización contra Araya, aunque decidió separar las investigaciones y mantener en un carril separado los delitos de la causa inicial de fraude al Fisco.
El pasado 28 de junio se celebró una breve audiencia para cerrar la investigación de fraude, sin nuevas solicitudes por parte de los intervinientes.
Actualmente, el Ministerio Público y la defensa de Araya, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, están negociando una suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, esta negociación no implica el desistimiento de las acusaciones, sino más bien agrupar todos los hechos bajo una misma causa, según aclaró el Ministerio.
Según la defensa, Araya no ha desviado fondos municipales para su propio beneficio, y han presentado pruebas para refutar cada una de las imputaciones en su contra, como señalo Manríquez.
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