Empresa aludida en denuncia sobre «basurero químico» en Calama realiza sus descargos

La empresa Ram/Recimat, mencionada en una nota publicada en este medio, en donde se advierte sobre la posibilidad de transformar a la ciudad de Calama en un «basurero químico» debido a la modificación al reglamento que regula el movimiento transfronterizo de residuos tóxicos, ha realizado sus descargos a través de una Carta al director.

Antonio Carracedo, gerente general de la compañía, se refiere en el documento a la información publicada, asegurando -en primer lugar- que «nuestra empresa posee una planta de procesamiento que cumple los más altos estándares de seguridad tanto para las personas como para el medioambiente». Algo que, añade, «ha sido ratificado por las autoridades competentes al entregarnos todos los permisos que nos permiten funcionar».

En ese sentido, se acusa que «afirmar que Calama se transformará en un basurero es un error inducido por motivaciones económicas de agentes interesados en dar curso a las exportaciones de baterías que incluso hoy creemos continúan fundiéndose clandestinamente y/o exportándose ilegalmente». «Somos una empresa procesadora, no un acopio de disposición final», agrega.

Respecto de las emisiones de nuestra empresa, desde Ram/Recimat invitan a quienes se han referido a ello a «demostrar de manera fehaciente y con sustento técnico serio lo que señalan.  Todas nuestras mediciones están de acuerdo a las normas establecidas, por esa razón invitamos a quienes quieran a visitar nuestra instalaciones y comprobarlo».

En cuanto a la tramitación del reglamento que regula el tránsito transfronterizo de residuos peligrosos, precisan que «éste se enmarca en la ley de responsabilidad extendida del productor, conocida como ley REP, donde se obliga a quienes ponen sus productos en el mercado a revalorizar al menos una parte de sus residuos para así proteger a la comunidad y el medio ambiente y contribuir a la economía circular».

En cuanto a la prohibición de exportar baterías fuera de uso, señalan que «esto ya está vigente desde el año 2010 en Chile a través de un decreto del Ministerio de Salud, amparado en el acuerdo de Basilea, por lo tanto el nuevo reglamento no cambia la situación actual». «Este decreto obviamente no tiene por efecto concentrar el reciclaje de baterías en Calama, sino que se establece como principio que estas, existiendo capacidad de tratamiento, deben ser valorizadas en el país sin indicar dónde, pero en el lugar que sea, debe ser efectuado en forma ambientalmente racional, cual es el caso de nuestra empresa», apuntan.

Foto: Revista Empresas y Poder

El gerente de la compañía plantea en la carta que la industria del reciclaje de plomo en el país «ha experimentado el natural endurecimiento de las normas medioambientales año tras año, lo que nuestra empresa ha cumplido rigurosamente». Dicho esto, postula: «Que otros no pudieran o no quisieran adaptarse a las actuales exigencias para este tipo de procesos y hayan decidido salir del mercado no puede ser excusa para acusaciones infundadas, que carecen de toda rigurosidad técnica y legal».

Junto con ello aseguran que «el debate en torno al reciclaje de baterías de plomo está sin ninguna duda impulsado por exportadores ilegales y fundidores clandestinos de plomo» y que «se han hecho campañas de desprestigio de una industria que debiese ser un orgullo para cualquier comunidad, en tanto trata con cero efecto nocivo un residuo peligroso como las baterías en desuso, siendo el manejo clandestino de éstas lo que constituye el verdadero peligro para la comunidad».

Antonio Carracedo califica de «irresponsable y artera» la alusión respecto de que el dueño de la empresa Gescam, el ingeniero civil Hernán Durán, y su hija, la abogada y profesora de Derecho Ambiental, Valentina Durán, tendrían alguna participación en Ram/Recimat. «Esto es de falsedad absoluta», acusan.

«Gescam es una de las empresas especializadas en temas ambientales más prestigiadas del país, y en esa calidad ha asesorado a nuestra empresa desde hace muchos años, contribuyendo a su cada vez mejor desempeño sanitario y ambiental», sostienen.

Por último, en esa misma línea, plantean que la Valentina Durán «nos ha asesorado legalmente en la defensa de nuestros intereses contra las ya mencionadas maniobras de terceros interesados en perjudicar a nuestra empresa y con ello a la incipiente industria nacional del reciclaje».

El Ciudadano