El Informe Anual de Derechos Humanos 2018 del INDH, en su capítulo sobre Recursos naturales, empresas y derechos humanos, analiza precisamente el uso intensivo que realizan diversos sectores productivos -particularmente la minería, energía y acuicultura- sobre los recursos naturales y el impacto que generan las empresas sobre los derechos humanos.
El deber del Estado, en esta materia, es proteger a la población contra las violaciones a los derechos humanos cometidas en su territorio por terceros, adoptando las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar los abusos mediante políticas adecuadas, fiscalizando a empresas privadas y públicas que desarrollen operaciones en zonas de conflicto.
Ante una ciudadanía que exige ser respetada, con niños/as intoxicados, familias angustiadas ante la falta de información, una débil respuesta del sistema de salud y las funestas consecuencias sobre las fuentes laborales, las autoridades lentamente se han visto en la obligación de reaccionar.
Es así como en 2017 se acordó el primer Plan de Acción Nacional (PAN) de Derechos Humanos y Empresas de Chile, encomendada por el Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, con el apoyo técnico del INDH, que contempla 158 medidas dirigidas a empresas públicas, privadas, organismos internacionales y de cooperación que deberían ser implementadas en el periodo 2017-2019.
Hasta la fecha, asegura el estudio del INDH, aún no se ha presentado el primer informe ni se ha conformado el Grupo Asesor Multiactor con integrantes de la sociedad civil.
La crisis medioambiental de Quintero-Puchuncaví ha puesto de manifiesto que los problemas persisten, sobre todo por la incapacidad de identificar a un culpable ante los fenómenos contaminantes. La información de emisiones, un elemento primordial para enfrentar las crisis, ha puesto en tela de juicio el sistema de monitoreo. Las generadoras consultadas en el estudio cuestionan a las empresas encargadas de levantar la información y el reglamento que las regula por considerarlo demasiado laxo.
El Superintendente de Medioambiente Cristián Franz asegura que “el hecho de que los monitoreos estén en manos de los propios regulados, que es una condición que estableció el SEA (Servicio de Evaluación Ambiental) implica que tengamos que revisar, ¿cuán fidedignos son estos datos?”, cuestiona.
Este diagnóstico es compartido por el INDH al asegurar que la institucionalidad ambiental requiere actualizarse y armonizarse con los estándares de los organismos internacionales.
En sus conclusiones, el Informe advierte que si bien la normativa ambiental ha presentado progresos, las normas específicas de calidad y emisiones no han alcanzado los estándares internacionales y las autoridades no han sido capaces de generar un cuerpo normativo que permita que los conflictos puedan analizarse de manera multisectorial.
Las misiones de observación del INDH a la zona de Quintero-Puchuncaví y Tiltil, al margen de recursos interpuestos ante las emanaciones tóxicas de gas en Copiapó, sumado a los efectos de las emisiones de la minería en Tocopilla y Mejillones y la contaminación de metales pesados en Coronel, dan cuenta de los desafíos que tiene el Estado en la defensa de los derechos humanos, en el ámbito de las actividades empresariales, garantizando la reparación de los daños conforme a los principios rectores de Naciones Unidas.
El mapa de conflictos socioambientales del INDH muestra que existen en el país un total de 116 conflictos: 63 de ellos activos, 20 en estado de latencia y 23 cerrados. Del total de episodios críticos el sector energético representa un 38%, la minería un 28% y la pesca y la acuicultura un 4%. Los conflictos activos se encuentran, detalla el informe, entre la Región de Biobío y la Región de Los Lagos, territorios emplazados en comunas dentro del primer quintil de pobreza.
Respecto a los daños provocados por la acuicultura, el informe enfatiza no sólo en afectaciones al medioambiente, sino también en los impactos en la salud, a raíz de la resistencia genética que han experimentado los salmones a los antibióticos que podría ser traspasada a los consumidores, y el resguardo de las fuentes laborales producto de la contaminación provocada por las concesiones que influye en las actividades de quienes viven del turismo, limitando sus espacios, particularmente en sectores donde conviven pescadores artesanales y comunidades indígenas.
En el área de la minería existen 19 conflictos activos, 11 latentes y 3 cerrados. Los conflictos se sitúan particularmente en las regiones de Arica y Parinacota y de Valparaíso, donde un 42% de las controversias están ubicadas en territorios reclamados por pueblos originarios. El INDH manifiesta su preocupación por las actividades mineras en las regiones del norte del país que pertenecen a los pueblos aymara, quechua, colla y diaguita debido al impacto provocado en sus tierras, agua y cultura, en muchos casos a través de proyectos aprobados sin el cumplimiento del derecho de consulta a los pueblos indígenas.
Finalmente, el sector energético presenta 44 conflictos: 24 activos, 5 latentes y 15 cerrados. El 32% de estos conflictos se emplazan en territorios reclamados por pueblos originarios. La preocupación del INDH en esta área productiva tiene relación con proyectos hidroeléctricos en regiones con una alta densidad de población indígena, como la Región de La Araucanía. Cabe destacar que al año 2016 existían en esta región 36 proyectos hidroeléctricos en carpeta, de los cuales nueve se encontraban en etapa de prefactibilidad, seis en etapa de calificación por el Sistema de Evaluación Ambiental, 18 proyectos estaban en búsqueda de licencia ambiental y tres centrales en construcción.
Recomendaciones del INDH
El INDH insta al gobierno a acelerar la ejecución del Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas y la puesta en marcha del Grupo Asesor Multiactor con participación de la sociedad civil.
En materia normativa se reitera a los poderes colegisladores incluir una perspectiva de derechos humanos en la tramitación de leyes que impulsen temas medioambientales y la necesidad de adoptar las normas de emisión acordes a los principios rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos.
Por último, se recomienda a las empresas privadas y públicas que asuman, dentro de sus políticas corporativas, su responsabilidad en el marco del respeto a los derechos humanos.
Descarga aquí el Informe Anual Situación de los Derechos Humanos en Chile 2018
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