La Clínica Santa Lucía, actualmente sede de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, «curaba a las personas para que resistieran a otro tipo de torturas», así lo señala uno de sus sobrevivientes, en entrevista con el medio TheClinic.cl, al destacar que esto ocurría durante la dictadura que vivió la nación más austral del mundo.
El centro médico operó en este país durante el periodo 1974 – 1977, fue parte de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), según un documento presentado por el equipo jurídico de la Asociación Sitio de Memoria Ex Clínica Santa Lucía.
El 17 de diciembre se presentó la primera querella en contra de la clínica, con lo que se buscará que los médicos (civiles) que participaron en presuntas torturas rindan cuenta a la justicia.
TheClic.cl entrevistó a dos de los sobrevivientes de la dictadura y víctimas de las prácticas que se desarrollaban en la institución médica. En el material presentado por el medio se detalla que “Esta fue la primera clínica clandestina de la DINA, es el puntapié inicial de cómo se materializó el trabajo de la brigada de salubridad de la DINA».
Dagoberto Trincado, es uno de los sobrevivientes y manifestó que recibió varias sesiones de tortura con electricidad, su corazón empezó a fallar y llegó a la clínica para ser “sanado”. Sin embargo, lo que consiguió fue un informe médico para lograr que se ejecutara la tortura, pero no la muerte; los preparaban para entregar información, “No más tortura con electricidad”, porque eso me podía provocar la muerte, entonces lo que venía después era tortura física, atropellos, colgamientos, etcétera”, relató.
Trincado, fue detenido en Villa Grimaldi en diciembre de 1975 y cree que estuvo 15 días internado, amarrado a la cama.
«Las torturas eran con los médicos al lado, ellos estaban ahí simplemente para controlar que mi pulso cardíaco no se acelerara y me reventara. Eran médicos, no eran aprendices ni paramédicos, sabían perfectamente bien cómo tratar a la persona y cómo aplicar los medicamentos que tenían a su disposición. Era la clínica de la DINA, era una parte de la institucionalidad de la tortura en Chile”, recordó Dagoberto.
Durante la entrevista, Trincado recordó un momento con un doctor, al que le pidió lo dejara morir, ante la petición el galeno le respondió que no era «ético», «No, no puedo hacer eso porque es éticamente reprochable, entonces ahí yo dije ya, mejor me muero. Me recalcó que yo estaba ahí por culpa mía, era mi culpa, porque yo no colaboraba».
Otro de los testimonios que recoge el trabajo es el de Gabriela Salazar, fue detenida el 31 de diciembre de 1975, y trasladada a Villa Grimaldi, relata que la pusieron encadenada a una cama y le pusieron suero, una droga que efectivamente hace hablar pero incoherencias.
«Había una persona que controlaba el suero, que yo calculo que debió ser una enfermera, probablemente un médico que controlaba el suero. Y había una persona situada afuera de la pieza. Yo en un momento pregunté dónde estaba y me dijeron ‘no, silencio, no puede hablar’”, contó.
Al ser sometida a la droga, Gabriela sentía que había alguien más recibiendo el suero, agarró fuerzas y comenzó a entonar una canción importante para ella y su compañero de vida, a quien no veía desde hace mucho tiempo, lo que le permitió saber que quien se encontraba en la misma situación que ella era su pareja.
Aunque tenían prohibido hablar, su marido le contestó de inmediato al escucharla, con lo que Salazar se llenó de fuerzas porque hasta ese momento no sabía si estaba muerto.
En su testimonio, plantea que la habían torturado bastante antes de llegar a la clínica, «No sabía si me iban a matar, no entendía. Mi sensación es que era un lugar cerrado, un lugar oscuro, un lugar duro, donde cualquier cosa te podía pasar», puntualizó.
Ante el estallido social que inició en Chile el 18 de octubre, ambas víctimas de la dictadura destacaron que se alegraron que los jóvenes hayan tomado la lucha para un mejor país, pero, lamentaron que la tortura siga siendo parte de las políticas de Estado, al resaltar, el balance que ha dejado la represión del Gobierno de Sebastián Piñera.
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