Por Francisca Valencia / El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) publicó el pasado 20 de mayo un informe comparativo, que refleja el grave aumento de proyectos ingresados desde marzo hasta mediados de mayo en contraste con años anteriores. El número de proyectos ingresados a la fecha son más del doble y la inversión destinada a estos proyectos es 7 veces la de 2019 y 2018, hasta esta altura del año.
El informe nace, según plantea OLCA, en base a la preocupación por la evaluación de estos proyectos en tiempos de pandemia, donde los distintos funcionarios del Estado y profesionales encargados de esta tarea se ven enfrentados a limitaciones en el normal cumplimiento de sus funciones debido a la crisis sanitaria. Lo anterior se suma a la inquietud por las condiciones en las que se encuentran las comunidades potencialmente afectadas, y si serán capaz informarse y ejercer su derecho a participación ciudadana.
El periodo exacto analizado en el informe es desde el 1 de marzo hasta el 15 de mayo y se realiza a partir de la base de datos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). En él se incluyen todos los proyectos, ya sean en forma de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de Impacto Ambiental (DIA), incluyendo proyectos regionales e interegionales. Se excluyen los que hayan sido desistidos y/o no admitidos a trámite, rechazados, revocados, no calificados o abandonados.
En 2018 dentro de estas fechas se habían ingresado 81 proyectos, mientras que en 2019 fueron 73 los proyectos presentados. Sin embargo, este 2020 hubo un salto exponencial en las cifras, siendo 195 los proyectos ingresados. Es decir, en promedio, 2,5 veces la cantidad de proyectos ingresados en años sin circunstancias extraordinarias como las actuales.
En cuanto a la cantidad de inversión destinada a estos proyectos, la brecha puede observarse incluso más claramente. Mientras que en 2018 el monto fue de US$ 2.617 millones y en 2019 de US$ 2.130 millones, en 2020 el monto asciende a US$ 16.466 millones. En promedio 7 veces más que los dos años anteriores.
OLCA, además, afirma en su informe, que la autoridad ambiental solo ha congelado el trámite de evaluación ambiental para proyectos que tienen incorporada la Participación Ciudadana. El resto pareciera seguir adelante sin mayores impedimentos.
La misma organización también ha denunciado que, a pesar de que las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado han solicitado, públicamente, congelar todos los procedimientos mientras dure el estado de catástrofe sanitaria, para salvaguardar el debido proceso de evaluación ambiental y los derechos de las comunidades, el gobierno, contrario a esta petición, ha incentivado el ingreso de nuevos proyectos al SEIA.
Para terminar, OLCA alega lo que pareciera ser el intento, por parte del gobierno, empresarios y corporaciones, por eludir niveles de evaluación ambiental un poco más exigentes. Por ejemplo, fraccionando proyectos mayores en forma de DIA, manera en que se han presentado la mayoría de los proyectos, que de otra forma cumplirían las exigencias para ser estudiados bajo parámetros más severos, como lo son los EIA.
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