Enfrenta millonaria querella por el CDE: Polémica por contratación de Verónica Farfán en Ñuñoa

La reciente contratación de Verónica Farfán, exdirectora de la Corporación Cultural de Ñuñoa, ha desatado controversia en la gestión del alcalde Sebastián Sichel. Farfán, quien en 2021 recibió una indemnización millonaria cuestionada tanto por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) como por la Controlaría General de la República (CGR), ha retomado un cargo en la Municipalidad con un contrato indefinido y un sueldo bruto mensual de $2,3 millones.

Según CIPER, Farfán fue demandada por el CDE en 2024 junto a otros exdirectivos municipales, acusados de incluir cláusulas laborales que derivaron en pagos excesivos e irregulares. Estas disposiciones, adoptadas durante la administración del exalcalde Andrés Zarhi, le permitieron recibir una indemnización adicional de $66 millones, alcanzando un total de $92 millones al abandonar su puesto.

Su reciente reincorporación salió a la luz en diciembre de 2024, cuando se reportó que había sido contratada como «jefa de vinculación del medio» en la Corporación Cultural desde el 9 de diciembre. Sin embargo, la municipalidad asegura que su contrato inició oficialmente el 10 de enero de 2025, lo que ha generado dudas sobre la transparencia en el proceso.

Además, el equipo de Sichel había negado previamente que su retorno estuviera decidido, lo que contrasta con los registros públicos.

Frente a las críticas, Sichel justificó la contratación argumento que Farfán no enfrenta cargos judiciales formales y, por lo tanto, no existen impedimentos legales para su reintegración. En una sesión del Concejo Municipal, afirmó que no había fundamentos jurídicos para excluirla de la administración. Esta posición fue respaldada por Ricardo Brodsky, actual director ejecutivo de la Corporación Cultural, quien expresó su respaldo a la incorporación de Farfán al equipo directivo.

El regreso de Farfán ha reavivado el debate sobre las elevadas indemnizaciones en corporaciones municipales. Jorge Bermúdez, excontralor general, ha señalado que estas cláusulas, habituales en el sector privado, resultan inapropiadas en organismos financiados con fondos públicos, ya que representan un uso desproporcionado de recursos en contextos de cambios administrativo.

El caso de Farfán está vinculado a una investigación penal liderada por el CDE, que busca determinar si las indemnizaciones fueron deliberadamente estructuradas para malversar recursos públicos. Aunque Farfán asegura que la querella en su contra fue retirada, fuentes de CIPER indican que la acción judicial sigue vigente. Hasta ahora, no ha sido citada a declarar ni formalizada.

El alcalde Sichel, quien asumió su cargo en diciembre de 2024 con un compromiso declarado hacia la probidad, enfrenta crecientes cuestionamientos por esta contratación. La Municipalidad deberá aclarar las inconsistencias en los registros y en la información entregada a la opinión pública, mientras el debate por la gestión de los recursos municipales continúa.