Eran empresarios: Prisión preventiva para líderes de red de blanqueo de madera robada en Arauco

El Juzgado de Garantía de Concepción dictó prisión preventiva para Cristián Alejandro Reyes Castro, Estela Betsabet Soto Ulloa, Diego Aramando Reyes Garay y Javier Agustín Ramírez Núñez. Los cuatro enfrentan cargos como autores de delitos de asociación ílicita, receptación reiterada de madera, ilícitos tributarios y uso de facturas falsas, cometidos entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022 en distintas comunas de la región del Biobío.

Según la información que publicó el medio PuraNoticia.cl, en la audiencia de formalización, el juez Carlos Aguayo determinó que su permanencia en libertad representaba un riesgo para la seguridad pública y la posibilidad de fuga. Asimismo, estableció un plazo de nueve meses para la investigación del caso.

Por otro lado, el tribunal impuso arresto domiciliario total y arraigo nacional a Carlos Roberto Araya Osses, Sergio Alonso Rebolledo Jara y Felipe Ignacio Moraga Roa, mientras que Wladimir Moisés Chávez Neira quedó con arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional.

De acuerdo con la fiscalía, Reyes, Soto, Araya, Moraga y Chávez formaban parte de una organización dedicada al acopio y comercialización de madera obtenida de forma ilegal entre septiembre de 2019 y agosto de 2022. Esta red operaba principalmente a través de la empresa Forestal Queule, fundada en 2016 por Marcelo Binimelis y Cristián Reyes. En 2020, Reyes asumió como único propietario, y posteriormente, y transfirió la titularidad a su pareja, Estela Soto, manteniéndose él como administrador.

La Forestal Queule compraba madera ilícita a terceros, como Rodrigo Ormeño Gómez, alias «Mentolato», y Javier Ramírez, apodado «Coipo». Ambos lideraban grupos que sustraían madera de predios en Arauco, como Llico, Yani, Chacay y Los Hualles. La madera era revendida a empresas reconocidas del sector como Foraction Chili SpA, Promasa SpA y Forestal Leonera SpA, utilizando facturas falsas. Estas maniobras contaron con la colaboración de empleados de dichas empresas.

Para encubrir estas actividades y reducir obligaciones fiscales, habrían emitido documentos falsos que justificaban la compra de madera, alterando datos como nombres de vendedores y cantidades. En total, comercializaron más de 207.000 metros cúbicos de madera por un monto de $13.196 millones, logrando beneficios tributarios por $787 millones a través de facturas fraudulentas.

Cristián Reyes sería el cabecilla, encargado de coordinar operaciones, transacciones y la administración de Forestal Queule. Estela Soto actuaba como fachada legal de la empresa, gestionando documentos falsos y manejando cuentas. Otros integrantes, como Araya, habrían emitido facturas apócrifas, mientras que Moraga y Chávez se encargaban de revisar y distribuir documentos falsos.

El dinero generado era transferido a la cuenta personal de Reyes, invertido en fondos mutuos y depositado en cuentas de familiares, incluyendo a su hijo Diego Reyes. Parte de los fondos fue utilizado para la compra de bienes, como un vehículo de lujo, y el otorgamiento de un crédito de $600 millones gestionado por Soto.

Paralelamente, entre 2021 y 2023, Javier Ramírez lideró otra organización para el hurto de madera, coordinando acciones en predios forestales y dirigiendo el transporte de la madera sustraída. Esta operación involucró a otros imputados que manejaban camiones para el traslado del material, quienes actualmente enfrentan cargos en causas separadas.