Estado, terror y rebelión

Por Julio Cortés Morales, abogado

Recuerdo que para una de las primeras grandes marchas de 2011, en el momento en que las Fuerzas Especiales de Carabineros comenzaron a atacarnos con palos, agua tóxica y gases,  algunos ciudadanos gritaban: “¡Esta es la represión fascista del gobierno de Piñera!”. Les respondí que al parecer no habían estado nunca en la calle durante todo el período de gobiernos concertacionistas (1990-2010), porque era la misma represión, con la misma brutalidad, con la misma ilegalidad, y que incluso durante ese período se había reforzado con mejores equipos y apoyo político transversal desde la UDI al PS.

En efecto, el aparato represivo del Estado se basa en un terrorismo latente, que siempre está ahí esperando el momento de desplegarse  efectivamente sobre el conjunto de la población. Incluso Marx en El Capital habla de que el sistema capitalista en su fase de acumulación originaria se basa abiertamente en el terrorismo privado y luego estatal, para después, cuando ya está naturalizado en las cabezas y cuerpos de la población, reducir cuantitativamente esa veta gracias al acatamiento pasivo de las relaciones sociales que impone; hasta que por circunstancias especiales sea necesario volver a mostrar abiertamente esa faz de “dominación por el terror”.

La vieja creencia democrática/izquierdista de que las Fuerzas Armadas y de Orden eran fieles y respetuosas guardianas de la Constitución y las leyes hasta el 11 de septiembre de 1973, es un mito que hay que destruir.

La popularidad de cierto neo-folclor nos ha hecho creer que la única gran masacre antes del ‘73 fue la de la Escuela Santa María de Iquique. Pero no es así. Si miramos bien la Historia veremos que el listado de acciones brutales y genocidas contra pueblos originarios, proletariado urbano y campesino, estudiantes y minorías sexuales, representadas simbólicamente en el color rojo sangre de la bandera nacional, ha sido la norma y no la excepción. Las masacres de San Gregorio (1921, con Pedro Aguirre Cerda como ministro del Interior), Ranquil (1934), Pampa Irigoin (1969), El Salvador (1966), la sangrienta represión de la insurrección obrera de Puerto Natales hace cien años (enero de 1919), el incendio de la Federación Obrera de Punta Arenas (1920),  la Pascua Trágica de Copiapó y Vallenar (1931), la revolución de la chaucha en 1949 y la insurrección simultánea de abril de 1957 en Valparaíso/Santiago/Concepción…(1), todos estos eventos son la demostración concreta de que Estado y terror son sinónimos, y que la verdadera finalidad de la existencia del aparato represivo no es otra que mantener intacto el sistema de dominación.

La policía torturaba y masacraba incluso en 1971, con el Estado conducido por partidos de la Unidad Popular, como demuestra Carlota Villabona (“Natacha”) en su libro recientemente publicado sobre su vivencia en la Vanguardia Organizada del Pueblo (2). Las torturas aplicadas a las compañeras de los vopistas incluyeron vejaciones sexuales, y causaron incluso abortos a las que estaban embarazadas. Por supuesto, la izquierda oficial guardó silencio.

Es totalmente cierto lo que señalara hace un par de meses el periodista Javier Rebolledo: hacia 1973 “los detectives, y no los militares, eran los especialistas en la tortura. En este país se venía torturando desde tiempos inmemoriales, en el gobierno de Alessandri, Frei, Ibáñez, también Allende. Pero no era un tema que estuviera en la palestra. Se asumía que al lumpen, a la delincuencia, se le torturaba con la máquina de electricidad. Los especialistas en la tortura eran los detectives. Esta situación se hizo notoria solamente cuando se torturó a la clase política” (3).

Y la policía siguió torturando y masacrando después de que Pinochet le entregara la banda presidencial a Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990. El grueso de la izquierda no quiso darse cuenta de ese dato, y parte de ella se entregó de lleno al trabajo del aparato represivo a través de la Oficina de Seguridad Pública, dedicada sistemáticamente a la infiltración y desarticulación de los grupos que siguieron usando las armas en contra de la dictadura reciclada en “democracia de los acuerdos”. A los lautaristas y frentistas de mi generación se les combatió con delación, tortura, ejecuciones extrajudiciales y prisión política, y la Concertación de Partidos Por la Democracia justificaba todos y cada uno de esos hechos, o miraba para el lado y guardaba silencio.

La policía siguió torturando y masacrando después de que Pinochet le entregara la banda presidencial a Patricio Aylwin el 11 de marzo de 1990. El grueso de la izquierda no quiso darse cuenta de ese dato

Además de esos eventos puntuales, el sistema penal del Estado capitalista tiende permanentemente a violar sus propias leyes, en su funcionamiento cotidiano que rara vez es percibido, pues opera en las sombras de los calabozos y cárceles. A esa dimensión del funcionamiento del aparato represivo se le conoce en la criminología latinoamericana como “sistema penal subterráneo”, e incluye desde las detenciones arbitrarias e ilegales, hasta las vejaciones y torturas, además de desapariciones (como la de José Huenante) y ejecuciones extrajudiciales (como las que se han aplicado a Matías Catrileo, Alex Lemún y Camilo Catrillanca, dentro de un listado mucho más grande).

Desde la gran insurrección del 18 de octubre, donde una vez más la punta de lanza fueron los adolescentes confinados en liceos que parecen cárceles, y a los que el Estado en bloque (no solo la derecha) estaba combatiendo con leyes como (J)aula Segura y la rebaja de edad del control preventivo de identidad, ha vuelto a quedar claro que la policía y los militares son los primeros en violar flagrantemente sus propias leyes, y que bajo el pretexto del “control del orden público” lo que hacen es defender el orden social capitalista, disparando indiscriminadamente sobre el pueblo.

No lo olvidemos.

La intensificación cualitativa y cuantitativa del sistema penal subterráneo ha constituido desde el 18 de octubre un abierto terrorismo de Estado, ocultado por los grandes medios pero retratado directamente por miles de cámaras y subidos a páginas personales y redes de contra-información.

Cuando el levantamiento llevaba solo una semana ya se constataban detenciones ilegales, golpizas, lanzamiento de lacrimógenas al cuerpo, represión indiscriminada sobre manifestantes pacíficos y periodistas, uso de recintos ilegales de detención, asesinatos, torturas, al menos 20 muertos, 3.000 detenidos registrados (y denuncias de detenciones que se hacen para el solo efecto de golpear y luego soltar a las víctimas, que no se registran oficialmente), una cantidad de lesionados que ya se contaba por miles y que incluyó a varios en estado grave, con al menos 50 personas que habían perdido algún ojo por el uso desproporcionado de balines policiales.

Cuando las violaciones de Derechos Humanos son masivas y sistemáticas, estamos ante crímenes de lesa humanidad. Si el Estado no los juzga y sanciona adecuadamente, adquiere responsabilidad internacional.

Tener esto en claro es fundamental. Y por eso las autoridades y los medios masivos han optado por ocultar la verdad. A modo de ejemplo, veamos lo que el general director de Carabineros señaló en el Congreso: “Nosotros no usamos la palabra ‘represión’, usamos la palabra ‘control de orden público’, la palabra ‘represión’ es muy fuerte” (4).

A eso se le llama “fraude de etiquetas”.

Si vamos a liberarnos de toda la “vieja mierda” -como decía Marx-, tendremos que librarnos también del terrorismo de Estado y llevar esta revuelta a un punto de no retorno, mediante la organización comunitaria, de abajo hacia arriba, y en contra de todo poder estatal.

Referencias bibliográficas:

(1)- 2 de abril de 1957: Valparaíso, Concepción y Santiago insurrectos por el alza del transporte. www.elciudadano.com, 2 de abril de 2011

(2)- Libro Si no aprendemos a luchar juntos nos matarán por separado. Carlota “Natacha” Villabona/Felipe Guerra, Editorial Tempestades, 2019

(3)- Javier Rebolledo revela detalles de su nuevo libro sobre los comunistas infiltrados en la PDI durante la dictadura. eldesconcierto.cl, 10 de octubre de 2019

(4)- Mario Rozas por actuar en protestas: “No usamos la palabra represión, usamos la palabra control del orden público”. cnnchile.com, 24 de octubre de 2019

Columna publicada en la edición n° 237 de la revista El Ciudadano