Este miércoles termina el plazo dado por el gobierno de Sebastián Piñera para que los inmigrantes que ingresaron a Chile de forma «ilegal» regularicen su situación. Mañana jueves comenzarán a regir los dos meses que aún le quedan al resto de extranjeros que, entrando como turistas, se quedaron a vivir en Chile. El proceso de registro, según las autoridades, ya suma más de 120.000 solicitudes. Las organizaciones de migrantes señalan estar de acuerdo con la «amnistía migratoria», pero advierten que continúan las irregularidades y trabas legales contra los migrantes
Según el ministro del Interior, Andrés Chadwick, “la primera etapa del proceso se cierra este miércoles, por lo que quienes no lo hicieron deberán atenerse a las consecuencias, que parten con la expulsión”.
Desde La Moneda advirtieron que desde el 24 de julio «las fiscalizaciones de control migratorio aumentarán», por lo que «cualquier ilegal que sea descubierto correrá el riesgo de ser expulsado».
Las organizaciones de migrantes reconocen de parte del Gobierno la «oportunidad» de una amnistía migratoria, pero «siguen habiendo problemas en otros ámbitos», como señala el abogado peruano Rodolfo Noriega, presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes.
En tanto, la organización Residentes Bolivianos en Iquique denunció hace unos días que en el paso fronterizo de Colchane, en la Región de Tarapacá, funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) “están solicitando certificado de antecedentes penales a los ciudadanos bolivianos para ingresar a Chile, como requisito indispensable”.
Agregan que “esto es una vulneración al acuerdo multilateral MERCOSUR, que se supone que se garantiza la mayor libertad de desplazamiento sin obstáculos ni papeleos para ciudadanos de los países miembros”, añaden. La medida estaría afectando a todos los bolivianos que intentan ingresar a Chile por Tarapacá.
Por su parte, el Servicio Evangélico Migrante solicitó al Departamento de Extranjería y Migración (DEM) que otorgue a los migrantes “permiso de trabajo desde la inscripción en el Registro del proceso de Regularización Migratoria”.