Esto se suma al teléfono celular que pertenecería al uniformado y contiene fotos de un supuesto artefacto explosivo.
Aquel día terminó con la detención y formalización de 9 estudiantes acusados de secuestro, luego de que un escuadrón de Fuerzas Especiales entrara al recinto para rescatar al uniformado.
Daniel Aránguiz, presidente del Centro de Alumnos de la UMCE, indicó que se violaron derechos de organización y también humanos ya que a los 9 alumnos no se le leyeron sus garantías y las detenciones fueron arbitrarias.
“A ellos se les comunicó una firma diaria en la 33 comisaría de Ñuñoa a las 8 de la mañana, lo cual es una medida grave al seguir en una perspectiva de represión a estos estudiantes que tiene que darse durante los 90 días que dure la investigación”, criticó Aránguiz.
El dirigente estudiantil añadió que con el teniente Eyzaguirre se descubrieron a dos carabineros infiltrados en el 2014, lo que intranquiliza a la comunidad universitaria en su conjunto y los obliga a recurrir al Ministerio del Interior y la Fiscalía Nacional.
El abogado Rodrigo Román, representante de la Defensoría Popular, aseguró que los dichos de los 9 estudiantes, testimonios de otros testigos y relatos contradictorios de policías, dan cuenta de que los jóvenes no tienen responsabilidad en los hechos que se le imputan.
“El teléfono celular que portaba este teniente de la DIPOLCAR consigna fotografías de lo que aparenta ser un artefacto explosivo. Pusimos ese hecho en conocimiento de la Fiscalía para que se investigue porque da para mucho, especular los montajes por ejemplo ¿por qué un policía tiene una fotografía de una bomba?”, cuestionó el abogado.
Valentina Saavedra presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile manifestó su apoyo hacia los alumnos de la UMCE, ya que en su opinión se están utilizando ciertas maniobras para deslegitimar el movimiento estudiantil.
“A los chicos se les acusa de secuestro lo que significa que ellos incluso pueden terminar en cadena perpetua, lo que le hace finalmente daño al movimiento social en momentos en que nosotros estamos demandando diálogo, participación en la reforma educacional y hemos dicho claramente que el Gobierno debe abrirse a los actores sociales y la respuesta que vemos es violencia” reprochó la líder de la Fech.
Valentina Saavedra concluyó que este tipo de casos son graves puesto que atenta con las posibilidades de reunión y protesta del movimiento estudiantil e incluso la rectoría del ex pedagógico está tomando medidas al respecto.