Desde el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio de parte del Presidente de la República -en abril pasado-, Codelco creó dos sociedades con el objetivo de explotar Litio en el Salar de Atacama, y consolidar las actividades de Codelco respecto a este recurso. Es la institución encargada de negociar con SQM las futuras operaciones en el Salar, para lo cual es asesorada legalmente por la connotada y reconocida firma jurídica Carey. Sin embargo, algo grave llama la atención: Francisco Ugarte, socio de esta firma, fue nominado para el directorio de SQM en el 2018, generando alarma entre los expertos en la materia. Además, este medio contactó a Corfo y Codelco para conocer su versión respecto a la presencia de Ugarte en el bufete legal. No obstante, no quisieron referirse a este tema.
Por Josefa Barraza Díaz
El pasado 20 de abril, y a través de una cadena nacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció la Estrategia Nacional del Litio que busca e incentiva incluir al Estado en la investigación, extracción y exportación del litio, en una estrecha colaboración entre entidades públicas y privadas.
Sin embargo, el responsable de negociar con SQM Salar y Albemarle -principales filiales mineras que explotan en el Salar de Atacama-, es la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco), quien representa al gobierno de Boric en esta misión.
Incluso, el 18 de mayo, Codelco constituyó Minera Tarar Spa y Salares de Chile Spa, sociedades que tienen como objetivo centrarse exclusivamente en la operación en el Salar de Atacama (en el caso de Minera Tarar), y consolidar las actividades de Codelco respecto al Litio (Salares de Chile). Además, ambas serán presididas por Máximo Pacheco, presidente de Codelco.
Ocho días después de la creación de estas filiales, Codelco y SQM se reunieron para negociar el Litio del Salar de Atacama, estando presentes en dicha reunión Máximo Pacheco por Codelco y Ricardo Ramos, gerente general de SQM.
No obstante, un detalle de aquella cita alerta: Se llevó a cabo en las oficinas del reconocido bufete de abogados y abogadas Carey, considerada la firma jurídica más grande nuestro país, “con más de 270 profesionales en su área legal” (tal como se lee en su página web). Además, tal como se confirmó post reunión, Carey está asesorando legalmente a Codelco en este proceso de negociación con SQM
Pero, ¿qué es lo que une Carey con SQM, y que dejaría entrever una negociación parcial entre el Estado y la empresa minera?
Según los registros de Carey, en su staff de profesionales se encuentra Francisco Ugarte, quien es socio de la firma desde el 2007 y “uno de los miembros a cargo de los Grupos Corporativo / Fusiones y Adquisiciones / Mercado de Capitales / Banca y Finanzas” (como se detalla en su perfil de Carey).
Incluso, Ugarte asesoró a Tianqi Lithium (empresa minera y manufacturera de China) en el proceso de adquisición de su participación accionaria en SQM.
Sin embargo, la trayectoria de Ugarte tuvo un gran ascenso en el año 2018, cuando Tianqi Lithium dió su nombre para ingresar al directorio de SQM, con el propósito de representar a la empresa china, lo que marcó el ingreso formal de Tianqi a la mesa directiva de SQM. Junto a él, fueron nominados el economista Georges De Bourguignon y el ejecutivo Robert J. Zatta.
«Nos complace haber nombrado a estas personas de alto calibre y estamos seguros de que trabajarán diligentemente para aportar valor a SQM, a la vez que representarán fielmente lo mejor para todos los accionistas de SQM (…) Georges, Robert y Francisco tienen una enorme experiencia en diferentes áreas y su prestigio es reconocido en el ámbito de los negocios internacionales. Estamos seguros de que estos miembros del directorio serán una adición positiva para los planes de largo plazo de SQM», dijo en aquella oportunidad Vivian Wu, presidenta de Tianqi Lithium.
Finalmente, en el año 2022 Tianqi decidió renovar los cupos de su mesa directiva, no encontrándose en la nómina Francisco Ugarte.
Para el abogado y querellante en el caso SQM, Mauricio Daza, llama la atención que el gobierno de Gabriel Boric haya optado por negociar directamente y a puerta cerrada con SQM, la explotación de litio en ese Salar con la empresa de Ponce Lerou, sin llamar a una licitación pública y competitiva, después que durante su periodo como diputado (Boric) señaló de forma reiterada y en duros términos, la necesidad que esa empresa fuera sancionada por el Estado por su papel en hechos de corrupción.
«Sin embargo, al día de hoy no se conoce oficialmente ni siquiera la identidad de todos quienes están llevando las negociaciones en representación del Estado, para saber si existen conflictos de interés, sin perjuicio que ahora se revela que es precisamente el estudio jurídico que ha sido el histórico asesor de la empresa Tianqi, actual controlador de SQM, el que está asesorando a Codelco en esta negociación. Además, uno de los socios de ese estudio fue incluso director de SQM. Es una situación inaceptable, especialmente si se considera que por la envergadura e importancia de esta negociación se debe resguardar que no exista ni el más mínimo asomo de conflicto de interés», sostuvo Daza en conversación con este medio.
Además, Daza comentó que en un contexto donde existen muchos otros estudios jurídicos a nivel local e internacional, que cuentan con la experiencia necesaria para entregar una asesoría especializada y competente en esta materia, lamentablemente estamos ante un nueva inconsistencia cometida por un gobierno que ya está acostumbrado a confundir pragmatismo con renuncia y desidia.
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram, explicó que en el marco de la Estrategia Nacional del Litio el Gobierno de Gabriel Boric ha puesto como gran valor que este proceso se desarrolle con la mayor transparencia y probidad posible, no obstante, como fundación creen que la vinculación de cualquier órgano estatal con una empresa como SQM, la cual cuenta con un amplio historial de financiamiento ilegal de la política y reiterados incumplimientos ambientales en la cuenca del Salar de Atacama, interfiere seriamente con estas pretensiones.
«A raíz de las últimas noticias que denuncian la imparcialidad de estas negociaciones entre Codelco, en representación de los intereses del Estado, con SQM, desde Fundación Terram creemos lamentable que a meses de iniciada la Estrategia ya se están vislumbrando los primeros atisbos de opacidad en el proceso al contratar una firma de abogados, Carey, que cuenta con evidentes conflictos de interés con Soquimich. Lo cual podría deslegitimar cualquier eventual acuerdo que se pueda llegar con la empresa controlada por Ponce Lerou y la firma de capitales chinos Tianqi», dijo Liberona en representación de Terram.
Por su parte, la diputada de la región de Antofagasta y presidenta de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, Yovana Ahumada, explicó que no se puede desconocer el prestigio que tiene el estudio Carey en el mundo del derecho, por lo que ello no está en cuestionamiento, pero el problema es nuevamente la probidad y prolijidad, ya que se esperaría que los asesores del Presidente de la República tomaran todas las medidas para precaver y prevenir circunstancias que pueden no ser ilegales, pero que son cuestionables éticamente (como lo denunciado en este artículo).
«Luego de que la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) oficializó la entrega del mandato a Codelco para que actúe como el representante del Estado para negociar ante los privados en la explotación del litio, y contratar un estudio jurídico donde uno de los socios fue parte del directorio de SQM, es decir uno de los posibles interesados, nuevamente nos muestra que se está obrando sin prolijidad y de manera inmadura», afirmó Ahumada.
El Ciudadano contactó a Codelco para conocer su versión respecto a su asesoría legal con la firma Carey, y que uno de sus socios haya estado vinculado directamente con la administración de SQM -con quienes actualmente se encuentran en negociaciones por el Salar de Atacama-. Sin embargo, y a pesar de la insistencia en obtener una respuesta, se negaron a emitir una versión sobre esto.
También este medio consultó a Corfo su opinión en cuanto a que el Estado está siendo asesorado por este bufete jurídico, y al igual que Codelco decidieron no referirse a este tema. En cuanto al Ministerio de Minería, aseguraron no tener información sobre lo consultado (Carey y Francisco Ugarte).
Es necesario recordar que todo lo anterior está ocurriendo mientras el Fisco (Servicio de Impuestos Internos) está alegando en la Corte Suprema contra SQM Salar, para evitar la devolución de 41 millones de dólares a la filial minera; esto tras una sentencia a favor de SQM Salar de noviembre de 2022.
Sigue leyendo: