La desigualdad y el crimen son problemas persistentes en el debate público en Chile. En 2017, Chile ocupó el cuarto lugar en el Ranking de desigualdad entre los países de la OCDE, con un índice Gini de 0,45.
Por otro lado, la encuesta de victimización de 2021 (ENUSC, 2021) muestra que los chilenos consideran el crimen como uno de sus problemas más relevantes, mientras que la percepción de aumento de la delincuencia en el país llegó a 86,9 puntos porcentuales.
En este contexto, ¿existe una relación entre desigualdad y crimen? Esta parece ser la opinión común del público y de los medios de comunicación. De hecho, varios académicos que han estudiado los determinantes del crimen han apuntado a la desigualdad como una de sus causas principales.
Por ejemplo, Gary Becker, uno de los primeros investigadores que modelaron las decisiones criminales como una elección racional hecha por individuos.
Una investigación chileno-británica indagó en la relación de estas variables. El estudio, desarrollado por el profesor del Departamento de Ingeniería Industrial de la U. de Chile e investigador del Instituto Milenio para la Investigación de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas (MIPP), Alejandro Corvalán, junto a Matteo Pazzona, académico de la Universidad Brunel de Londres, plantea que cuando la desigualdad aumenta, efectivamente aumentan los incentivos para cometer un delito.
Por otra parte, este mismo aumento en la desigualdad también genera incentivos en los grupos más ricos para aumentar su nivel de protección. La razón es que, en un ambiente desigual, estos últimos tienen más recursos para gastar en protección y tienen más que perder si sus propiedades son robadas.
Oferta de delincuencia y demanda de protección
En otras palabras, a medida que crece la disparidad en los ingresos dentro de una sociedad, también aumentan los motivos para que las personas de bajos ingresos participen en actividades delictivas.
Sin embargo, en un contexto de alta desigualdad, las personas más acomodadas invierten en disuadir a deseen apropiarse de sus recursos.
La investigación, publicada en la revista Economic Letters, examina este doble efecto de la desigualdad en un modelo de equilibrio de la delincuencia y la protección privada, el cual muestra que la desigualdad aumenta inequívocamente la inversión en protección privada, pero la relación entre desigualdad y crimen es ambigua, dependiendo de cómo responda la protección a la inversión privada.
La protección contra el crimen privado es cada vez más importante en las sociedades modernas, y los guardias de seguridad privados ahora superan a los funcionarios públicos en muchos países. Asimismo, la evidencia de que la desigualdad y la protección privada están positivamente asociadas abunda.
Un artículo del New York Times del año 2014, de Samuel Bowles y Arjun Jayadev, muestra que el número de empleados en servicios de protección privada por el total de trabajadores aumenta con el índice de desigualdad de Gini.
Esta evidencia implica que la desigualdad está operando en dos dimensiones distintas. Por una parte, el aumento de las diferencias de ingreso entre ricos y pobres aumenta lo que los economistas han llamado “oferta de delincuencia”, la cual está relacionada con los incentivos que tienen los agentes por cometer delitos.
Pero, al mismo tiempo, también aumenta la demanda de protección contra la delincuencia o, en términos económicos, disminuye “la demanda por delincuencia”. Por lo tanto, argumentan que el efecto neto del aumento de la desigualdad en el crimen es ambiguo porque estas dos fuerzas están trabajando al mismo tiempo. La desigualdad puede cambiar, pero el efecto que primero ocurra dependerá de la elasticidad de las dos curvas.
El trabajo desarrolló un modelo teórico simple para dar sentido a la ambigüedad encontrada en la literatura empírica sobre la relación entre desigualdad de ingresos y delincuencia. Así, se mostró que la desigualdad afecta la oferta de delitos pero también, simultáneamente, la demanda privada de protección.
Finalmente, el modelo también muestra cómo un aumento en la desigualdad de ingresos conduce inequívocamente a una mayor inversión en protección privada, resultados que tienen algunas implicaciones relevantes y exigen una comprensión teórica más profunda del papel de la desigualdad en la delincuencia. Por otra parte, la investigación muestra cómo la protección privada es una consecuencia directa de sociedades desiguales.