Estudio de la Unesco abordó el derecho a la educación de la población migrante venezolana en Chile

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) dio a conocer este 29 de abril el reporte “Derecho a la educación bajo presión. Principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de la población venezolana en Chile”, cuyo objetivo es ofrecer un primer análisis de la situación de los estudiantes venezolanos migrantes en el sistema educativo chileno y visibilizar los desafíos para garantizar su inclusión educativa.

“La necesidad de proteger y resguardar la seguridad y bienestar de cientos de familias que junto a sus niños y niñas han ingresado al país, así como asegurar el resguardo de sus derechos, es un asunto prioritario. Este documento contribuye a que las decisiones que se tomen en materia educativa para la población migrante y refugiada en Chile, estén basadas en la evidencia y enfocadas a garantizar el derecho a la educación de este grupo de la población”, señala Claudia Uribe, directora de la OREALC/UNESCO Santiago.

El informe resalta los esfuerzos adelantados por el Estado chileno para brindar una respuesta educativa integral a personas venezolanas. Estos esfuerzos incluyen cambios en las normativas y en la flexibilización de requisitos de ingreso y matrícula. Entre las medidas adoptadas por Chile, este documento destaca la creación de un Identificador Provisorio Escolar (IPE). Esto ha permitido que las y los estudiantes migrantes o refugiados, no tengan que esperar la regularización migratoria para poder acceder al sistema educativo. Según datos del Mineduc, en el 2020 hubo 30.870 estudiantes venezolanos matriculados con este Identificador.

Sin embargo, es importante señalar que, pese a tener acceso al sistema educativo, la mayoría de los estudiantes con IPE, al no tener su situación migratoria regularizada, no pueden ser considerados como alumnos prioritarios para efectos de la Subvención Escolar Preferencial. El hecho de no contar con esta subvención puede operar como una barrera para que un establecimiento educativo reciba a estos estudiantes. Para abordar esta situación, es necesario desarrollar procesos de regularización en conjunto con la autoridad migratoria, que hagan uso de los sistemas de información educativa que el Mineduc ya posee sobre el estudiantado con Identificador Provisorio Escolar.

En tanto, para la atención de la población en condición de movilidad, el informe señala la necesidad de contar con docentes calificados en temáticas de interculturalidad, inclusión y diversidad cultural destacando que el asunto ya está siendo abordado por el Mineduc a través del fortalecimiento de las capacidades de docentes y directivos.

Un elemento clave que también resalta el estudio tiene relación con la necesidad de que las escuelas sean espacios libres de violencia, para lo cual resulta fundamental realizar un trabajo preventivo en este ámbito, a través de la política de convivencia escolar, y con el establecimiento de un sistema de información de quienes denuncian situaciones de discriminación en la Superintendencia de Educación. Conocer la nacionalidad de los denunciantes puede ser clave para detectar expresiones de xenofobia y racismo en comunidades educativas y tomar acciones correctivas.

Asimismo, el reporte valora la incorporación de prácticas de enseñanza y aprendizajes como la Biblioteca Migrante. Esfuerzos de este tipo pueden ser incorporados en el currículo escolar de manera que considere saberes y elementos culturales de estudiantes migrantes y refugiados.

El estudio concluye que la participación individual, familiar y comunitaria de personas migrantes y refugiadas es fundamental para promover la retención y los aprendizajes en este grupo estudiantil. Fortalecer y potenciar este ámbito contribuirá a que las respuestas educativas que se brinden a esta comunidad consideren sus necesidades, sean pertinentes culturalmente y colaboren con su bienestar.