La censura de casi 3 mil documentos que El Ciudadano pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2015, y que integran un dossier con papeles administrativos y diligencias investigativas de la DEA contra Augusto Pinochet, no sería suficiente para demostrar que el dictador se enriqueció con el tráfico de drogas, afirmó el editor del sitio web Insight Crime, Michael Lohmuller.
En una suerte de defensa del reinado político de Pinochet, el periodista estadounidense cuestionó el tenor de la publicación realizada la semana pasada por El Ciudadano, que dio a conocer la retención de 2.983 páginas de archivos relativos a indagaciones del organismo antidrogas de EEUU contra el ex comandante en Jefe del Ejército.
Recordemos que la información fue solicitada por este medio de comunicación a través de la Ley de Transparencia norteamericana (FOIA, por sus siglas en inglés). Del total de los documentos que existen sobre la materia, sólo se entregó uno.
La jefa de la Unidad de Libertad de Información y Privacidad de la DEA, Katherine L. Myrick, justificó su decisión apuntando a que la publicidad de los archivos clasificados podría interferir con procesos en curso, afectar la privacidad de terceros, identificar fuentes de información de la agencia y dar a conocer sus mecanismos de investigación.
La noticia fue cubierta por algunos medios extranjeros – en el caso de El Universal de México – y llegó también a oídos de Insight Crime, una organización periodística con sede en Medellín, Colombia, que estudia los alcances del crimen organizado en Latinoamérica y el Caribe, según afirma su sitio web.
“Un diario chileno ha insinuado que cerca de 3.000 documentos estadounidenses clasificados contienen información que vincula al ex dictador Augusto Pinochet con tráfico de drogas, afirmación algo cuestionable dado el legado de su mano de hierro”, versa el primer párrafo del artículo de Insight Crime dedicado a nuestra solicitud de FOIA.
La publicación lleva el título “Was Chilean Dictator Also a Drug Trafficker?” y está firmada por el articulista Michael Lohmuller, quien trabajó en el Departamento de Defensa de EEUU a mediados de 2014, según lo establece su perfil de LinkedIn.
Pese a sembrar la duda en sus primeras líneas, el análisis presenta, en un breve espacio, los datos de contexto mencionados por El Ciudadano sobre posibles nexos de Pinochet con operaciones de narcotráfico. Denuncias que son de público conocimiento.
Por una parte, las declaraciones emitidas en 2006 por Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, sobre la fabricación de cocaína en el Complejo Químico del Ejército de Talagante, junto con la presunta participación del fallecido Eugenio Berríos en dichas labores. Luego un testimonio de similar tenor proveniente de Iván Baramdyka, ex marine y colaborador de la CIA que implicó a la familia Pinochet en actividades ilícitas de la misma índole.
El editor de Insight Crime procede entonces a lanzar el guante. “Acusar a Pinochet de narcotráfico lleva una pizca de ironía”, señala. Luego agrega: “Pese a su oscuro legado, desde el gobierno de Pinochet, Chile es considerado uno de los países más seguros de América Latina”.
Más allá de lo débil que pueda ser este argumento, el error de Lohmuller es cuestionar algo que la DEA reconoció: el hecho de haber investigado a Pinochet.
Literalmente, la solicitud de este medio pretendía buscar “registros de investigaciones realizadas por la DEA contra el dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte”, y fue al tenor de aquello que la agencia antidroga señaló tener un total de 2.984 páginas en su poder.
El cómo se produjeron esas investigaciones, qué antecedentes llevaron a incoar las mismas y cuál fue el resultado de éstas, son preguntas que una eventual desclasificación de los documentos podría responder.
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