El ex funcionario de la PDI Fernando Ulloa Castillo, quien denunció en 2012 un presunto encubrimiento del entonces ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter a una banda implicada en la internación de drogas a Chile, presentó una demanda en el 19° Juzgado Civil de Santiago pidiendo se declare nulo el acto administrativo que lo expulsó de la institución.
Según revela el medio electrónico Verdad Ahora, la conciliación del proceso judicial fracasó, ya que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) no se presentó a la audiencia, lo que motivó que el tribunal declarase a la contraparte “en rebeldía”, según consta en los registros públicos de la causa rol C-10793-2017.
En el libelo, Ulloa relata que “durante 14 años aproximadamente, me desempeñé como Oficial de la Policía de Investigaciones de Chile… demostré gran capacidad e interés por las materias impartidas en este ámbito… que se prolongó una vez que egresé de la Escuela y asumí las responsabilidades encomendadas, obteniendo siempre correctas calificaciones”.
Durante su carrera, indica, trabajó “en distintas unidades operativas, entre ellas la Bicrim San Miguel, La Cisterna, San Ramón, Maipú, Policía Internacional, en la Brigada de Inteligencia Policial y en la Brigada de Robos de la Región Metropolitana”. Sin embargo, “esta situación comenzó a cambiar desde el momento en que formé parte de una investigación que pretendía desbaratar y posteriormente sancionar a una banda de narcotraficantes”, alega.
En 2007, durante el curso de la pesquisa, hubo “una serie de diligencias que concluyeron con la incautación de droga y armas y con la detención de un sujeto individualizado como Mario Ramírez Román”.
Precisa que luego “de 3 años de acaecido este hecho, arribó a mi Unidad un informante, comunicando que… (el sospechoso) efectuaba grandes internaciones de droga a nuestro país a través de vehículos pesados”, pista que fue puesta en conocimiento del fiscal Patricio Rosas, persecutor de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente.
La sorpresa fue mayor, refiere Ulloa, cuando poco antes de dar ejecución definitiva al procedimiento se supo “que funcionarios de la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile estaban implicados en el ilícito, en el sentido de prestar ayuda y encubrir a los delincuentes”. El antecedente afectó inmediatamente su relación con la jefatura de la unidad en que trabajaba.
“Una vez que tuve conocimiento de esta situación, conversé… con mi superior, Juan Soto, quien señaló que no continúe con la operación, expresándome con un tono amenazante que de lo contrario ‘me costaría caro’. Inmediatamente de sucedido este hecho, manifesté esta ilegalidad al jefe operativo, subprefecto Alfonso Sabando Gómez, el cual lejos de revocar la determinación de su subalterno, la confirma”, acusa el ex policía.
Pero eso no fue todo. Dos días antes de que hiciera ingreso al país un cargamento de cocaína, Sabando le comunicó que sería destinado en forma inmediata a la ciudad de Calama.
“El día 06 de febrero (de 2010) concurrí a la unidad en un deplorable estado emocional y psicológico debido a los hechos ocurridos la noche anterior. Al ingresar a la unidad cargaba una bolsa en la que llevaba mi arma de servicio descargada, la cual lancé hacia el recinto, golpeando ésta, sin intención alguna de mi parte, un cuadro del Director General de la PDI”, prosigue.
El incidente fue utilizado para sancionarlo con una medida de propia iniciativa del superior directo -sin sumario de por medio- consistente en ocho días de permanencia en el cuartel. Dicha medida inevitablemente provocó una merma en sus calificaciones y un detrimento a su salud, cayendo hospitalizado en medio de una crisis.
Tiempo más tarde, cuenta Ulloa, específicamente “el 16 de mayo de 2010, tuve una reunión en La Moneda con el ministro del Interior don Rodrigo Hinzpeter Kirberg, a quien expresé todo lo sucedido y acompañé documentación que acreditaba el proceso señalado. El ministro se comprometió a resolver a la brevedad el problema planteado y me solicitó que no tuviera comunicación con la prensa a fin de evitar dañar la imagen de la institución”.
Incluso “hasta el día de hoy”, concluye, “no he tenido respuesta alguna del ministro (quien actualmente se desempeña en el sector privado), y la carpeta que contenía los documentos que confirmaban lo expuesto hasta ahora, se extravió en La Moneda”.
OPERACIÓN MAMIÑA
En diciembre de 2012, meses después de hacerse pública en la prensa la denuncia de Fernando Ulloa, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana de la PDI logró detener al traficante Mario Ramírez Román, el mismo sujeto mencionado en la acusación del ex investigador.
Según se observa en un reporte de 24 Horas, la denominada Operación Mamiña permitió apresar “a una banda criminal que operaba trayendo droga desde el norte… realizando el tráfico preferentemente en el sur de Santiago”, liderada por Ramírez y que “al momento de la detención contaba con más de 70 kilos de cocaína, pasta base y marihuana”.
En conversación con Verdad Ahora, el ex inspector Ulloa recuerda que el propio ministro Hinzpeter contestó sus dichos, afirmando en Twitter que el supuesto encubrimiento era “mentira” y que todos los antecedentes fueron remitidos oportunamente al fiscal nacional tras la reunión que sostuvo con Ulloa en La Moneda, cita a la cual éste asistió en compañía de la diputada de la época Mónica Zalaquett y el abogado Aldo Duque.
Sin embargo, resalta el ex PDI, en esa oportunidad también llevó consigo antecedentes que involucraban a funcionarios de Investigaciones y Carabineros en la red, efectivos que nunca habrían sido pesquisados.
“A ninguno se le investigó y tampoco tuvieron sanción, nada, a pesar de que la diligencia de drogas fue realizada. Yo fui citado en su oportunidad por el fiscal (Raúl) Guzmán declarando más de cuatro horas, una por la diligencia y que además se había extraviado la carpeta investigativa en la misma Moneda, y a raíz de esto, del fiscal Guzmán, hasta el día de hoy, nunca tuve respuesta, y la investigación no quedó en nada”, señaló.