Exclusivo: cómo y cuándo ocurrieron las triangulaciones de Piñera y Hábitat

Foto: Noticias 360

Carlos Tromben e Ignacio Schiappacasse

El 20 de abril de 2011, mientras comenzaba la exhumación del cadáver de Salvador Allende por orden del juez Mario Carroza, se celebró en Santiago un contrato financiero entre un particular y el fondo de inversiones Pionero. La operación no fue informada como hecho relevante ante la Comisión para el Mercado Financiero (entonces SVS), pese a que el particular era nada menos que presidente de la república. Por medio de esta operación, Sebastián Piñera había decidido personalmente invertir una parte de su fortuna en el fondo Pionero.

Pionero pertenece al grupo Moneda y era en ese momento un fondo grande. Sus principales aportantes eran 5 AFP, con 744 millones de dólares invertidos. Al mes siguiente del ingreso de Piñera -quien inicialmente invirtió 33 millones de dólares- estas AFP aumentaron su inversión en Pionero en otros 300 millones.  

Con esta montaña de dinero de los trabajadores chilenos y de Piñera, Pionero salió a comprar. Hasta ese momento, tenía inversiones en 37 sociedades distintas, las principales cotizadas en la bolsa de Santiago. Agregó cuatro más. Pero al año siguiente, el 20 julio de 2012, apareció ILC.

El holding financiero de la Cámara Chilena de la Construcción debutó ese mes en la bolsa de Santiago con bombos y platillos, y el fondo Pionero invirtió 10 millones de dólares en él.

El problema es que ILC controlaba a AFP Hábitat, principal aportante del fondo Pionero. A partir de entonces, mes a mes Pionero fue aumentando su participación en ILC, y de esta forma también lo hacía indirectamente en la AFP. Y la AFP fue invirtiendo más y más dinero de los trabajadores en Pionero. Había comenzado una triangulación que duraría otros seis años, con el fideicomiso de Sebastián Piñera entre medio.

¿Cómo pudo suceder?

“Este tipo de cosas son habituales en el sistema”, señala en entrevista Álvaro Gallegos, superintendente de pensiones durante el gobierno de Michelle Bachelet. “Es lo que ocurre cuando no existe una vocación de fiscalización permanente y que dé las señales a los fiscalizados”, añadió.

Gallegos lo atribuye a lo que denomina “captura cultural” del órgano regulador por personas que tienen convicción de que las AFP son un muy buen sistema. “Tienden a no analizar y no prestar suficiente atención a sus deficiencias”, acusa.

El abogado laboralista Juan Sebastián Gumucio es aún más drástico. “Lo que pasa es que no tenemos Superintendencia de Pensiones”, señala -en entrevista- dando como ejemplo las fusiones truchas del anterior periodo presidencial, todas ellas validadas por el ente regulador.

Atrás quedaron los tiempos de Juan Ariztía Matte, un superintendente muy enfocado a cuestiones operativas, pero que ponía exigencias y era drástico con las AFP. “Esa costumbre se empezó a relajar y ya a partir de los noventa fue una cosa amistosa, como pertenecer a un club”, cuenta Gallegos, quien intentó retomar el viejo estilo y fue removido (en julio de 2014) a los cuatro meses de asumir el cargo.

La institución que regula a las AFP no carece de recursos ni personal calificado y bien remunerado. El problema es otro. Después de la reforma previsional de 2008 la Superintendencia de Pensiones (SP) perdió la facultad para determinar las condiciones y límites de inversión de las AFP. Dicha responsabilidad recayó en el llamado Consejo Técnico de Inversiones (CTI), “un organismo sin ningún tipo de rendición democrática de cuentas”, al decir de Gallegos.

Los miembros de este consejo son nombrados por la Presidencia de la República, el Banco Central, las propias AFP y las universidades. Nadie con una visión crítica de la industria previsional privada puede entrar allí. Incluso a los académicos nombrados por las universidades se les exige tener experiencia previa en la industria de las AFP. Es decir, son todos miembros del mismo club.

Peor aún, nadie obliga a sus miembros a inhibirse en caso de conflicto de interés. Heinrich Lessau Scheel, por ejemplo, es director ejecutivo de Credicorp, una empresa que maneja 354 millones de dólares a través siete fondos en que las AFP han invertido. Además, la corredora de bolsa Credicorp es accionista directa de otras dos AFP, Provida y Cuprum.

El artículo 45 bis del D.L 3.500 es enfático en prohibir taxativamente la inversión del fondo de pensiones en acciones de las AFP y compañías de seguro. Sin embargo, para que ésta disposición no entorpeciera con el flujo de capitales, en los últimos años el CTI ha dictado normas más laxas y deliberadamente ambiguas al respecto. De ellas se cuelga la SP para visar la operación Piñera-Moneda-Habitat.

“El reglamento de inversiones limita la provisión de la ley y la hace ineficaz”, sostiene enfáticamente Gumucio, recordando que esos reglamentos debieron ser declarados ilegales y que nadie hizo nada al respecto.

El único que puede hacerle peso al CTI es el ministro de Hacienda, pero ni Rodrigo Valdés, ni Felipe Larraín ni menos Ignacio Briones han estado jamás en esa sintonía.

Los buenos muchachos

Al invertir en Pionero los aportantes lo que hacen es comprar cuotas. Su lucro proviene de la revalorización de dichas cuotas en función de cómo aumenta el valor de las acciones en que invierten y los dividendos que entregan las empresas. A cambio, Pionero cobra una comisión, tanto a Piñera como a las AFP. La diferencia es que las AFP se la traspasan al afiliado por medio de las comisiones de intermediación, más conocidas como las “comisiones fantasmas”.

¿Cómo se beneficia entonces Piñera al invertir en Pionero? Decíamos que, tras su entrada al fondo, las AFP aumentaron considerablemente su participación tan sólo un mes después. Eso, en términos simples significa que las AFP le inyectaron más dinero al fondo (aumentaron su liquidez, en la jerga financiera), con lo que Pionero pudo salir a comprar más acciones y otros activos financieros, aumentando con ello el valor de la cuota del fondo. Es decir, inmediatamente en su primer mes el valor de las cuotas compradas por Piñera en el fondo Pionero habían aumentado su valor significativamente gracias al concurso de las AFP.

Pionero ya no figura en la declaración de patrimonio que realizó Piñera en febrero de 2018, antes de asumir la Presidencia. Debió liquidar sus cuotas al menos seis meses antes debido a las normas que regulan el fondo. 

O quizás no. La relación de Piñera con Pionero y con su matriz, Moneda Asset, es tan estrecha que varios de los nombres involucrados en la operación pertenecen a su entorno cercano. Isidoro Palma Penco ingresó a la junta de vigilancia de Pionero apenas el empresario invirtió en dicho fondo. Con Piñera se conocen desde los años 80, cuando ambos trabajaban en Citicorp. Otro director de Moneda es Juan Luis Rivera, exgerente general Bancard, el buque insignia de Piñera.

En 2017 en plena campaña presidencial, Moneda fichó como director a Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central de Chile. Todo este conjunto de resguardos, alianzas, silencios y complicidades explica por qué no se investigó entonces ni se investiga ahora. “Hay que correr un tupido velo”, como dicen los personajes de José Donoso. O bien atacar a Gino Lorenzini.

El tema de fondo es el sistema, cómo está regulado y por quién. “El ahorro individual es malo como concepto, aunque fuera administrado por ángeles”, dice Juan Sebastián Gumucio. “Y no está administrado por ángeles”, sentencia.

Piñera se retiró de Pionero a mediados de 2017, con una ganancia que alcanzó 2 mil millones de pesos aproximadamente. Luego colocó otros 224 millones de dólares en otros fondos manejados por Moneda Asset.  

Cuánto ganó Piñera con las triangulaciones no es el único problema. El tema de fondo es la impunidad, la captura de todo el sistema regulatorio por los regulados. El descaro.

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Todos los datos de este artículo son públicos y fueron obtenidos del Comité de Transparencia https://www.infoprobidad.cl/Declaracion/Declaracion?ID=114420, de la Superintendencia de Pensiones (www.spensiones.cl ) y de la Comisión para el Mercado Financiero (www.CMFChile.cl )