POR DANIEL RIVEROS
El pasado 5 de julio, se abrió un concurso que determinaría al nuevo Jefe de Oficina de Seguridad del Poder Judicial. Dicho puesto recibió un total de 226 postulantes, de los cuales terminaron por pasar solo 12 nombres.
En la descripción del puesto se especificaba la búsqueda de un exoficial de Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI), esto para que se desempeñara como Jefe de Oficina de Seguridad para la Subdirección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Dicho cargo que tiene por objetivo el velar por la seguridad de las personas y de la infraestructura física en el Poder Judicial.
Posterior al acotamiento de 226 postulantes hubieron tres nombres que destacaron, y que pasarían a integrar la terna: Renato Díaz Núñez exprefecto inspector y ex jefe Nacional de Inteligencia Policial, Jorge Torres Concha, y el general en retiro de Carabineros y exjefe de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar), Luigi Lopresti Isasmendi.
Según el cronograma publicado en el Poder Judicial, la designación y nombramiento debiera conocerse, de no haber cambios, el próximo 27 de septiembre.
Ahora bien, el nombre de Luigi Lopresti causa gran revuelo dentro de este listado, ya que antes de su retiro como General de Carabineros (en septiembre del 2023) y jefe de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar), fue adjudicado de varias acusaciones comprometedoras.
La primera de ellas fue publicada por Ciper en enero de 2022, cuando reveló que Lopresti fue uno de los oficiales encargados de “monitorear y elaborar informes” sobre los líderes estudiantiles de 2011 mediante infiltraciones policiales.
Luego, se sumaron los antecedentes publicados por Interferencia en junio de 2022, donde por medio de diversos testimonios bajo reserva desde la propia Inteligencia de Carabineros, se acusó de una estrategia por parte de Lopresti para socavar al gobierno de Boric.
Así, a través de informes de inteligencia parciales, el cese de rondas de patrullaje nocturno a las residencias del mandatario y la ministra del Interior, y también dar aviso a las ex autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, dada su cercanía con Juan Francisco Galli, antes que al actual Ejecutivo, fueron parte de la estrategia aplicada por Lopresti.
Por otro lado, y en el contexto del estallido social, distintos funcionarios policiales de la Dipolcar recuerdan que a fines de 2019, Lopresti insistía en que la explicación frente a todo lo que estaba ocurriendo en las calles y plazas del país se debían a la teoría denominada por el neonazi chileno Alexis López Tapia como la “Revolución Molecular Disipada”.
Dicha teoría, explica que la violencia callejera que se veía en Chile era parte de un secreto proceso revolucionario de toma del poder, dirigido en parte desde el extranjero.
El convencimiento de Lopresti sobre dicha teoría fue tal, que incluso ordenó colocar cerca de 15 diapositivas del PPT que resumían la teoría de López en una pared de las oficinas de la Dipolcar.