El general director de Carabineros, Gustavo González Jure, deberá tomar medidas para “adecuar todas y cada una de sus actividades institucionales a la Ley de Transparencia”. Esto luego de una resolución que acogió un amparo por denegación de acceso a la información pública, relacionada con procesos internos de la institución en el marco del caso Spiniak.
En enero, El Ciudadano pidió que Carabineros transparentara la persecución que realizó en contra de los suboficiales Claudio Palma y Mauricio Madrigal, quienes tramitaron las diligencias encomendadas por la jueza Eleonora Domínguez para investigar la existencia de delitos relacionados con narcotráfico y abuso sexual cometidos por el empresario Claudio Spiniak Vilensky.
Entre 2002 y 2003, luego de detener personalmente al dueño del gimnasio Go Fitness & Spa, incautar videos en su poder y tomar declaraciones a testigos en un caso que alcanzó al mundo político, ambos policías fueron desvinculados de Carabineros. Años más tarde fueron absueltos de formar parte de una supuesta asociación ilícita para encubrir a Spiniak y uno de ellos logró ser reincorporado para seguir vistiendo el uniforme.
Ahora bien, toda la documentación relacionada con estos hechos habría desaparecido de Carabineros. Así se desprende de la respuesta que entregó a este medio el jefe del Departamento de Transparencia y Lobby, coronel Ramiro Larraín Donoso, quien señaló que efectuada una revisión a los registros institucionales, no pudo ser posible encontrar vestigios de procesos disciplinarios seguidos en contra de Madrigal y Palma.
Ya que la institución no aportó ninguna prueba que permitiera acreditar la inexistencia de lo solicitado, El Ciudadano presentó un reclamo ante el Consejo para la Transparencia. Con fecha 23 de junio, el organismo acogió el amparo, ya que sólo con motivo de sus descargos Carabineros reconoció haber omitido informar sobre la realización del sumario requerido, aunque insistió en que los legajos del mismo no fueron ubicados.
Junto con afirmar que el general González Jure vulneró los artículos 11 y 14 de la Ley de Transparencia, el CPLT estimó que “resulta razonable que si una búsqueda exhaustiva determina que no existe dicha información, la autoridad exija una explicación al respecto, pudiendo instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio producto del extravío, pérdida o destrucción de la misma” (Decisión Rol C-470-15).
Ante esto, el Consejo dio un plazo de 10 días hábiles al director de Carabineros para que entregue los documentos requeridos o en su lugar explique por qué no son hallados.
Cabe indicar que en otro proceso similar, en 2014, relacionado con la investigación que Carabineros llevó adelante producto de los vínculos de funcionarios policiales con el traficante Manuel Hernández Delgado, alias “Mañungo” – a propósito de informaciones que ligaban a éste con el secuestro del estudiante Jorge Matute Johns, en julio de 2000 – el general Claudio Veloso resolvió iniciar un sumario administrativo para determinar el paradero de aquel expediente.
En esa oportunidad, Carabineros también argumentó que la carpeta había “desaparecido”.
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