El Consejo para la Transparencia acogió un amparo interpuesto por este medio de comunicación en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ordenando entregar una copia del expediente sumarial incoado en 1993 para aclarar si funcionarios diplomáticos tuvieron contacto con el ex químico de la DINA Eugenio Berríos cuando éste era buscado intensamente por la justicia en el marco de la investigación por el crimen de Orlando Letelier.
La carpeta, que consta de cuatro tomos y más de 1.100 fojas, fue agregada al proceso judicial por la muerte de Berríos en Uruguay, ocurrida bajo su custodia por agentes de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE). Aún así, habiendo transcurrido casi un año desde que la Corte Suprema condenó a 14 militares por el homicidio del hombre que desarrolló armas químicas para la dictadura, la Cancillería optó por denegar acceso a los documentos que fueron solicitados por El Ciudadano a través de la Ley de Transparencia.
Según explicó el subsecretario Edgardo Riveros en cartas enviadas a este periódico y al Consejo, a su entender correspondía rechazar la solicitud ya que dos funcionarias activas del servicio que en ese entonces prestaron declaración dentro del sumario (Verónica Caris Soto y Susana Orge Vergara, ambas secretarias), dijeron temer que su honra y vida privada fueran afectadas por la entrega de la información, exponiéndose a eventuales represalias e inhibiéndolas a participar en futuras investigaciones.
Luego de analizar los argumentos, el CPLT estimó en su Decisión de Amparo C710-16 que el subsecretario Riveros incurrió en una infracción a los principios de máxima divulgación, divisibilidad y facilitación establecidos en la Ley de Transparencia. También afirmó que los terceros que se opusieron a la publicidad de un expediente ya afinado (y por tanto públicom según los criterios de Contraloría), no acreditaron expectativas razonables de daño o afectación negativa de sus derechos.
Con la decisión ejecutoriada, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores tendrá sólo 10 días hábiles para desclasificar sus archivos sobre Berríos.
UNA OSCURA MADEJA
Según escribe el periodista Jorge Molina Sanhueza en el libro «Crimen imperfecto» sobre la muerte de Berríos, el jefe de la Dirección General administrativa designado como fiscal del sumario, Cristian Barros Merlet, indagó la cercanía del ex DINA con el entonces agregado cultural de la embajada en Uruguay, Emilio Rojas, y los amigos vinculados al contrabando de drogas que visitaban al químico en Montevideo.
Uno de ellos fue Manuel Novoa Contador, años más tarde detenido en España por tráfico de cocaína.
De acuerdo a la versión del embajador Raimundo Barros, el también periodista Rojas admitió frente a él que en noviembre de 1991 tomó contacto con el prófugo Berríos pero no había querido decirlo ya que se encontraba amenazado por el agregado militar Emilio Timmerman, quien luego abandonó la legación para hacerse cargo de la Escuela Militar bajo la protección de Pinochet.
Sólo Rojas fue sancionado a raíz de estos hechos.
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