Expertas en derecho ambiental e internacional: Acuerdo de Escazú no pone en riesgo la soberanía del país

La Comisión de Medio Ambiente del Senado abordó la posición del Gobierno en relación a la suscripción del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, conocido como «Acuerdo de Escazú», esto, considerando que en 9 días más vence el plazo para ratificar el Acuerdo.

Junto con lamentar la ausencia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente a la sesión, los senadores presentes acordaron oficiar a Cancillería y a la cartera especializada para “conocer si existe un informe jurídico, elaborado por la división de asuntos jurídicos de dicha cartera, en donde se den todos los argumentos y recomendaciones para ratificar o no el Acuerdo”.

En esta misma línea, se oficiará al Presidente de la República para “reiterar la urgente necesidad de que Chile sea parte de Escazú”. 

Pese a la ausencia de representantes del Ejecutivo, la Comisión -presidida por el senador Alfonso De Urresti- conoció los alcances desde el derecho internacional y del medio ambiente, a través de las exposiciones de la doctora en Derecho Internacional, Paulina Astroza, y de la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, quienes coincidieron en que “Escazú no pone en riesgo la soberanía del país”.

A juicio de la abogada Paulina Astorga, tras detallar los alcances de la norma, expresó que “desde el punto del derecho internacional y de las relaciones internacionales, no veo razón, ni fundamento alguno, para no ser parte del Acuerdo”. Más aún, prosiguió, “existe una contraposición entre la declaración de las relaciones exteriores y la no firma del Acuerdo, eso le hace daño también a la imagen internacional, porque debe existir coherencia entre lo que proclamamos y lo que se hace internamente”.

Además, cuestionó las razones aludidas en 2018, para abstenerse de la firma y explicó que el “recurrir a la Corte Internacional de Justicia lo encontramos en muchos acuerdos internacionales de los cuales Chile es parte”.

Por su parte, para Valentina Durán, resulta fundamental firmar el Acuerdo y seguir con las recomendaciones de organismos internacionales y reforzar el acceso a la información en general, para poder generar políticas públicas que tengan en su base aportes científicos y de participación ciudadana con información transparente y accesible.

“Escazú no indica el camino, sino que el objetivo, por eso es posible que sea suscrito por países con diferente grado de compromiso medioambiental (…) y no va tan lejos como sí lo hace la OCDE”, sentenció la especialista, concluyendo que “la urgencia de la crisis ambiental y climática no da tiempo para vacilaciones”.