La Corte de Apelaciones de Iquique envió un oficio a la Policía de Investigaciones (PDI) para que informe sobre las medidas adoptadas para permitir el ingreso de abogados a sus cuarteles en aquellos casos de personas migrantes que enfrentan procesos de expulsión administrativa en Chile.
Según consignó Radio Cooperativa, la decisión de la Corte tuvo lugar después de una presentación del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y las clínicas jurídicas de las universidades Diego Portales y Alberto Hurtado. Desde el SJM detallaron a la emisora que al tribunal consideró el fallo del 13 de mayo de este año, en el cual la Corte Suprema ordenó que se asegure la permanente asesoría jurídica, sin ninguna distinción, a las personas que se encuentren privadas o restringidas en su libertad dentro de sus dependencias.
En ese sentido, desde el SJM denunciaron que la PDI no ha dado cumplimiento a la orden del máximo tribunal: «El pasado miércoles 23 de junio, durante un nuevo operativo de expulsión de personas migrantes del territorio nacional realizado por la PDI, la abogada Constanza Salgado Boza, del SJM, y la abogada Marjorie Dinamarca Jofré, de la Clínica Jurídica de la UDP, solicitaron ingresar al cuartel policial ubicado en calle San Francisco N° 253 de Santiago para entrevistarse con las personas detenidas, pero la solicitud fue denegada por los funcionarios de turno de la PDI».
«Negar el ingreso a los cuarteles policiales a los abogados no tiene justificación alguna, es una práctica ilegal y esperamos que la jefatura de la PDI instruya al respecto, considerando además que la nueva Ley de Migración les impondrá exigencias adicionales y específicas sobre las condiciones en que las personas migrantes deben permanecen en dichos lugares y cómo debe garantizarse el acceso a un abogado», añadió Macarena Rodríguez, abogada de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la UAH.