Chile: Falso patriotismo en las Fuerzas Armadas

Una multitud de familiares de ejecutados políticos chilenos y activistas de la guerra de Vietnam se aglutinan frente a un recinto naval ubicado en la Región de Valparaíso para rechazar la injerencia norteamericana: es la escena de una manifestación registrada en septiembre de 2013 que tuvo por objeto repudiar la construcción de una cancha de entrenamiento de “operaciones de paz”, financiada por el Comando Sur de Estados Unidos en el Fuerte Aguayo de Concón.

Algunas imágenes habían comenzado a mermar los ánimos en varias organizaciones de derechos humanos. En ellas aparecía la capitán de Carabineros, Nathalie Muñoz, enseñando técnicas de control de masas a militares extranjeros que vestían el característico uniforme de Fuerzas Especiales. En otras allanaban viviendas y reducían a civiles cubiertos con pañoletas palestinas.

El ministro de Defensa de la época, Andrés Allamand, ofreció explicaciones a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Reafirmó que el orden público era una tarea exclusiva de Carabineros, y que no había nada que temer porque “todo lo mandaba Naciones Unidas”. Señaló, textualmente, que no era un proyecto “imperialista”. Su acompañante Claudio Zanetti, el Infante de Marina encargado del Centro Conjunto para Operaciones de Paz (CECOPAC), desmintió la versión que el almirante Marco Amigo había entregado a los parlamentarios que visitaron las instalaciones de la Armada, en el sentido de que los entrenamientos hubieren sido impartidos por agentes del Pentágono. Zanetti dijo que Amigo “no estuvo allí”, pese a que figurara en la página oficial del consulado estadounidense como la persona que inauguró las instalaciones junto al embajador Alejandro Wolff.

La guinda de la torta la colocó el diputado Tucapel Jiménez, quien reconoció –en suaves palabras– que el ex ministro Francisco Vidal había puesto trabas a una visita que la comisión programó al Fort Benning de Georgia, donde hoy funciona la ex Escuela de las Américas. Pero ahí quedó el comentario. Lamentablemente, la discusión de los parlamentarios terminó enfocándose en el rutinario evento de las “intervenciones humanitarias” organizadas por CECOPAC, y no en torno a las sospechosas actividades que el Comando Sur ha venido desarrollando en Chile durante los últimos años con la venia de los altos mandos castrenses.

Habría sido sensato recurrir a informaciones alojadas en el sitio web Just the Facts, que nutre sus estadísticas con cifras oficiales del programa Direct Commercial Sales (DCS) del Departamento de Estado. En los gráficos podemos leer que Bachelet autorizó un total de 585 viajes de instrucción de personal chileno a la misma escuela norteamericana donde estudiaron el Brigadier Miguel Krassnoff, el ex jefe de la DINA Manuel Contreras y el dictador boliviano Hugo Bánzer.

A la cabeza del Ejército encontramos hoy al general Humberto Oviedo, ex agregado de Defensa de la embajada chilena en Washington. Oviedo pasó a integrar este año la galería de alumnos célebres del Army War College, un organismo subalterno del Pentágono que lo cobijó en el 2000 y que “influyó positivamente en él para ascender a la posición más alta del Ejército chileno”, según publicó el sitio web Army.mil. Durante la ceremonia, que tomó lugar en el mes de mayo, Oviedo prometió actuar como representante de la institución militar norteamericana “tanto en mi país como en el extranjero”, aunque el comandante no precisó si asumiría dicho rol en forma simbólica u oficial.

Dos meses antes, el flamante ministro de Defensa Jorge Burgos había estado en casa del embajador estadounidense Michael Hammer compartiendo con el ferviente lobista israelí Tom Harkin, senador que destina cerca de 2 mil millones de dólares anuales para contribuir a la ocupación de Palestina. Lo que allí se conversó fue primordial para la visita que en abril realizó Burgos al Distrito de Columbia, donde sostuvo reuniones con autoridades de la Casa Blanca, el Departamento de Defensa y la Agencia para el Manejo de Emergencias de EEUU (FEMA).

La prensa no logró acceder a la conversación que el titular de Defensa mantuvo en secreto con Wendy Sherman, subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estado, pero sí cubrió la interesante –o interesada– ovación que dirigió el homólogo estadounidense Chuck Hagel a Bachelet, tras el incendio que por esos días había consumido los cerros de Valparaíso: “Chile es un modelo para la región y deberíamos cooperar en el futuro”. Cabe preguntarse: ¿Existía una preocupación auténtica del gobierno de Estados Unidos por los porteños más desposeídos? ¿O la atención se enfocaba, nada más, en evaluar los resultados que había tenido el traspaso de conocimientos procedimentales de FEMA a ciertas compañías de bomberos?

Nada permite suponer que el general Humberto Oviedo quite su apoyo a la formación de una fuerza multinacional de ejércitos, liderados por el Comando Sur de EEUU, que incorpore la cooperación bilateral, subregional y hemisférica para los países que se vean afectados por catástrofes naturales. El “Sistema Cooperativo de Asistencia Humanitaria (SICAHUM)” contó con la aprobación de Chile durante la X Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas en Punta del Este, pero fue ampliamente rechazado por Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

Dos meses más tarde, durante la Conferencia de Ejércitos Americanos (CEA), el Comando Sur anunció la creación de una base de datos que permitiera conocer la información geográfica y legislación de cada país del hemisferio: “…bajo una operación de mantenimiento de la paz”. Esas son, por lo menos, las razones oficiales. El abogado paraguayo Martín Almada, quien descubrió los archivos del terror de la Operación Cóndor, afirma que el CEA todavía contribuye al espionaje y persecución de disidentes políticos. Lo sostiene mostrando un informe de mayo del año 1997, en el que un coronel remite una “lista de subversivos paraguayos” al CEA. El periodista Mauricio Weibel solicitó al Ejército de Chile una copia del archivo histórico del ente pero le dijeron que era secreto.

En 2011, representantes de la División de Ciencia, Tecnología y Experimentación del Comando Sur ordenaron un estudio realizado en la Universidad de Chile por el profesor Jaime Ortega. Estados Unidos quería desarrollar un modelo matemático que lograra anticipar el comportamiento y pánico de las personas frente a “conflictos sociales”. “Tratamos de entender los sentimientos y el temor de la gente”, confesó Ortega luego de viajar a Miami para entregar un cúmulo de antecedentes al Pentágono sobre el funcionamiento de los hospitales, policías y medios de comunicación chilenos. “Espionaje puro y duro”, sería el titular de los diarios en la época del Proyecto Camelot.

Las Fuerzas Armadas tienen hoy el deber de esclarecer estos puntos y actuar con decisión. Impedir que José Miguel Pizarro infiltre la Armada para vender mercenarios a Blackwater, o investigar las denuncias de abusos sexuales de menores a manos de marinos extranjeros y la eventual asistencia prestada por Ancla II en Valparaíso, habrían sido señales ejemplares. Aún es tiempo de demostrar al país que las bayonetas no han sido sometidas por completo al yugo extranjero.

Matías Rojas

Edición Nº 157