Familiares cifran en 806 el número de presos políticos del estallido que podrían recibir indulto

La comisión de Constitución del Senado acordó, de manera unánime, enviar al Ministerio Público un listado de los presos políticos de la revuelta, que fue elaborado por las organizaciones sociales que buscan su liberación.

Con dicho listado la institución podrá comparar la información y compilar un catastro que permita determinar cuántos serían las y los beneficiarios de un potencial indulto.

«Sería bueno remitir los listados al Ministerio Público para que chequeen a ver si damos de un número de las personas y ver si coinciden con los que ellos (las organizaciones) tienen o no y ver cuáles serían las discrepancias», señaló el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, según recoge Radio Bíobio.

En el catastro enviado al Senado, los familiares de los presos políticos cifran en 806 el número de las mujeres y hombres que se encuentran privadas de libertad desde fines del 2019.

El secretario de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, Ignacio Vásquez, dio cuenta el martes del documento firmado por Carolina Oyarzún que remitió  el documento elaborado y firmado por cerca de 80 organizaciones.

El listado, cuyo registro está actualizado por última vez el 5 de julio, contiene información como el hecho imputado, fecha y ciudad en que ocurrió, estado de tramitación , medidas cautelares y detalles de cada una de las causas de los 806 presos de la revuelta que podrían ser indultados si se llega a legislar en la materia, consignó El Mercurio.

El informe, que será reenviado al Ministerio Público por acuerdo de la instancia, surge cuando tanto esa institución como la Defensoría, la Corte Suprema y el Ejecutivo han coincidido en la dificultad que implica calcular la cifra exacta de eventuales beneficiados de aprobarse el proyecto de Ley de Indulto General, mientras que durante la tramitación en el Congreso se ha hablado de sobre 40.000 indultados a falta de un número certero.

La cifra de 806 privados de liberad fue realizada por integrantes del Grupo de Iniciativas por la Liberación de las y los Presos Políticos, compuesta por cerca de 80 organizaciones, entre ellas, agrupaciones de familiares de detenidos, el movimiento Furiosos Ciclistas -encabezado por Oyarzún- y legisladores que impulsan la propuesta.

La dirigenta estuvo encargada de enviar el documento al Senado, también levantó la información con otros miembros de la asamblea de familiares, una labor que ella consideró minuciosa, al cotejar los datos con la mesa técnica del grupo para así validarlos

 El documento incorpora, a modo de catastro general y en construcción, casos de personas absueltas e incluso condenadas. Con este listado los familiares buscan evitar que se contemplen casos que no corresponden para no dar argumentos a quienes rechazan el proyecto de indulto.

Continuará el debate en el Senado

El martes la Comisión de Constitución del Senado continuó el debate sobre el proyecto de Ley de Indulto General a los presos políticos de la revuelta. El presidente de la comisión, Pedro Araya (IND), subrayó que la iniciativa será discutida a mediados de agosto, ya que por el momento se está escuchando a diferentes partes involucradas en el tema.

Según consignó Radio Bíobio, está confirmado que habrá al menos dos sesiones más: una para recibir a abogados de personas que están detenidas, o bajo alguna medida cautelar; y la otra, para realizar la votación en general y despachar a Sala.

En declaraciones a Radio Universidad de Chile, el senador Araya afirmó que «si este proyecto se aprueba se va a aprobar la idea de legislar, pero no la forma en que la presentaron sus autores».

No más dilaciones

Parlamentarios de oposición y familiares de los presos políticos del estallido, solicitaron a la Comisión de Constitución que no continúe dilatando el proceso de votación del proyecto.

El proyecto fue ingresado en diciembre pasado y  ya superó las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos, por lo que en caso de aprobarse en la comisión de Constitución y en la Sala, pasaría a la Cámara de Diputados.

Los integrantes de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta, critican el lento trámite de la propuesta y advierten que se trata de una estrategia para retrasar una eventual liberación de los detenidos y detenidas.

«No vemos aquí mas que una maniobra política para dilatar y extender lo máximo posible las prisiones preventivas para cada uno de los jóvenes», indicó el vocero de la Asamblea, Jaime Fuentes en declaraciones a El Ciudadano.

«Nos llama mucho la atención de que se tenga que dar una discusión tan profunda y meterse en los articulados del proyecto, cuando posteriormente van a pasar a debatirse en profundidad en cada uno de los artículos y los mecanismos para aplicar el indulto», planteó.

«Lo que nosotros buscamos con el senador (Araya), con las conversaciones de él con los partidos políticos, con las organizaciones y sobre todo los representantes, es que esto sea votado  y que tengamos que confiar en la palabra del senador. Lamentablemente no tenemos otros mecanismos», acotó.

Fuentes ratificó que los familiares de los presos políticos continuaran realizando movilizaciones para exigir que se lleve cabo la votación del proyecto de ley.

«Tenemos pensadas varias acciones, dentro de las cuales se incluyen huelgas de hambre, ayunos, reuniones con diversos dirigentes gremiales y sindicales para convocar a paralización nacional», destacó.